(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a Belisario Artiga, Fiscal General de la República, RSF protesto contra la denuncia por «delito en contra del honor» presentada por el diputado Francisco Merino contra cuatro periodistas del diario «La Prensa Gráfica» y una periodista del diario «El Mundo». RSF pidio al Fiscal General que desestime la denuncia […]
(RSF/IFEX) – En una carta dirigida a Belisario Artiga, Fiscal General de la República, RSF protesto contra la denuncia por «delito en contra del honor» presentada por el diputado Francisco Merino contra cuatro periodistas del diario «La Prensa Gráfica» y una periodista del diario «El Mundo». RSF pidio al Fiscal General que desestime la denuncia presentada por el diputado. «La Comision Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) considera que las leyes conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresion y el derecho a la informacion», recordo Robert Ménard, secretario general de RSF.
Según las informaciones obtenidas por RSF, Merino, diputado del Partido de Conciliacion Nacional (PCN), presento una denuncia por «delito en contra del honor», el 6 de marzo de 2001, contra Alfredo Hernández, Mauricio Bolaños, Gregorio Morán y José Zometa, del diario «La Prensa Gráfica». Este periodico había reportado las acusaciones dirigidas contra Merino por la juez Ana María Guzmán Morales. Esta última, quien investiga sobre un asunto en el cual el diputado estaría involucrado, afirmo que éste la había amenazado. Merino presento también una denuncia contra Camila Calles, del diario «El Mundo», por el mismo motivo. Según los artículos 339 y 400 del Codigo Penal sobre los «delitos contra el honor», los cincos periodistas están expuestos a diligencias penales y pueden ser sancionados con penas de seis meses a tres años de prision. Merino es el ex vicepresidente del Salvador (1994-1999).
RSF recordo que la Declaracion de principios sobre la libertad de expresion adoptada por la CIDH estipula, en su Artículo 11, que «las leyes que penalizan la expresion ofensiva dirigida a funcionarios públicos (…) atentan contra la libertad de expresion y el derecho a la informacion». Además, en un texto adoptado en enero de 2000, el Relator especial para la Libertad de Expresion de las Naciones Unidas establecio claramente que «la pena de prision por la expresion pacífica de una opinion vulnera gravemente los derechos humanos.»
