A casi seis años de la muerte del joven camarógrafo de la agencia alternativa Indymedia en Oaxaca, en el momento álgido de una crisis social y política duramente reprimida por las autoridades del estado, este nuevo vuelco judicial no aclara todas las zonas oscuras.
(RSF/IFEX) – el 30 de mayo de 2012 – El 23 de mayo de 2012 el Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca dio a conocer públicamente que habían detenido al presunto asesino del periodista estadounidense Brad Will. No obstante, la noticia no tranquilizó por completo a algunos observadores del proceso, entre ellos Reporteros sin Fronteras. A casi seis años de la muerte del joven camarógrafo de la agencia alternativa Indymedia en Oaxaca, en el momento álgido de una crisis social y política duramente reprimida por las autoridades del estado, este nuevo vuelco judicial no aclara todas las zonas oscuras.
“Comprometiéndonos a respetar la posición de la familia de Brad Will –que aún no se ha manifestado de forma oficial–, permanecemos circunspectos respecto a ciertas conclusiones expresadas durante el anuncio de la detención de Lenin Osorio Ortega. Los graves precedentes que manchan este proceso confiado en 2007 a las autoridades federales, en sí mismos, nunca han sido objeto de una investigación en forma.
También recordamos que un primer sospechoso acusado injustamente y encarcelado durante un año por el mismo caso, fue puesto en libertad ante la falta de pruebas”, subrayó Reporteros sin Fronteras.
El 27 de octubre de 2006, cuando cubría una importante manifestación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en Santa Lucía del Camino, Brad Will fue herido mortalmente, de frente, por disparos de miembros de la guardia de Ulises Ruiz Ortiz, entonces gobernador del estado de Oaxaca. La investigación estuvo notablemente marcada por la manipulación de los informes balísticos y de la autopsia, así como por la impunidad total de los presuntos autores de los disparos, quienes no obstante fueron identificados por numerosos testigos. Más grave aún, esta investigación condujo a la detención de un miembro de la APPO, Juan Manuel Martínez Moreno, quien fue puesto en libertad por falta de pruebas el 18 de febrero de 2010. La familia de Brad Will también se manifestó contra esta encarcelación arbitraria.
El perfil del actual sospechoso descrito por el procurador Manuel de Jesús de López parece corresponder más a la realidad de los hechos. Lenin Osorio Ortega, ex empleado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) de 39 años de edad, “desde un principio fue identificado por testigos como uno de los integrantes del grupo priísta [del Partido Revolucionario Institucional, PRI, al que pertenece el ex gobernador –N. de la R.] que se encontraba en Santa Lucía del Camino”, nos confirmó el abogado mexicano de la familia Will, Miguel Ángel de los Santos.
Por el contrario, la hipótesis de que el disparo a larga distancia fue realizado por un tirador solitario, mencionada por la procuraduría del estado, plantea dudas. Miguel Ángel de los Santos recordó que presentó testigos que el Ministerio Público no tomó en cuenta y que incluso fueron amenazados con ser procesados. “La muerte de Brad Will no fue un hecho aislado, en el lugar hubo otros dos asesinatos de miembros de la APPO”, insistió el abogado pidiendo que la investigación determine, dado el caso, la responsabilidad del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Finalmente, una nota de la Agencia Proceso (parte del semanario que lleva el mismo nombre), aseguró que Lenin Osorio Ortega fue detenido y arrestado junto con otras tres personas el 9 de marzo pasado y no el 23 de mayo de 2012, como anunció el procurador.
“Todos estos elementos ameritan una verificación. En ese sentido, apoyamos la solicitud de Miguel Ángel de los Santos. La investigación debe explorar todas las pistas, sin pasar por alto los aspectos más comprometedores del expediente. Entre los 83 casos de periodistas asesinados en el país en una década – a los cuales se suman 14 desaparecidos desde 2003 –, se encuentran otros procesos que han experimentado sabotajes o estancamientos debido, en el mejor de los casos, a la incompetencia y, en el peor, a la complicidad de los investigadores. Así, la inmensa mayoría de ellos permanece en la impunidad total”, concluyó Reporteros sin Fronteras.
