Cómo los contaminadores han manipulado la esfera informativa, buscando acallar las voces opositoras y agravar la crisis climática, y cómo los ciudadanos han combatido esta situación.
Esta es una traducción del artículo original.
A pesar del abrumador consenso internacional que existe sobre la necesidad de tomar medidas urgentes respecto al cambio climático, nuestros sistemas políticos en general no han implementado las soluciones radicales que se requieren para hacer frente a esta y otras crisis ambientales. La mayor parte de la población mundial, y en especial aquellos grupos afectados de manera desproporcionada (los pueblos indígenas, la juventud, las poblaciones económicamente desfavorecidas, las personas con discapacidad), está excluida de las tomas de decisiones cruciales relacionadas con el medio ambiente.
En este informe les mostramos cómo una de las esferas clave de actividad de la red IFEX— la defensa del derecho a acceder a información y brindarla — es fundamental para abordar este problema mundial.
Los cimientos: “democracia ambiental”
No es un término que esté tan extendido como el de justicia ambiental, al menos hasta ahora. Pero para quienes intentan hacer que los grandes contaminadores asuman su responsabilidad, o para quienes defienden los derechos y la vida de los grupos que soportan el grueso de los daños catastróficos causados al mundo natural pero que no son responsables de ellos, el fortalecimiento de la democracia ambiental ofrece un enfoque estratégico.
Se basa en la convicción de que una participación pública significativa en la toma de decisiones sobre los recursos naturales es fundamental para garantizar que las mismas se tomen de forma equitativa y que atiendan adecuadamente las necesidades del público.
Una democracia ambiental eficaz se construye sobre tres pilares interdependientes: transparencia, es decir, el derecho a acceder a información y compartirla; participación pública, lo que implica escuchar la voz de la ciudadanía y que esta influya en la toma de decisiones; y justicia, esto es, la aplicación efectiva de leyes y tratados ambientales, y la posibilidad de reclamar compensación cuando los gobiernos o las empresas violan nuestros derechos.
Información: el conocimiento es poder
¿Por qué el acceso a información confiable y su difusión se ha convertido en un escenario vital para el logro de alguna forma de justicia ambiental?
Necesitamos contar con datos precisos para fundamentar nuestros argumentos y acciones con el fin de ser más eficaces como activistas, defensores de derechos, periodistas y ciudadanos.
- La información es una herramienta esencial para persuadir – u obligar – a autoridades gubernamentales y a empresas que provocan daños en el medio ambiente a realizar los cambios necesarios para garantizar un mundo habitable para todos, u ofrecer una compensación justa por los daños que han causado.
- También resulta crucial para nuestra capacidad para informar y comprometer a otros en estas luchas.
Por ello no es sorprendente que las poderosas entidades que son responsables de la enorme destrucción del medio ambiente intenten impedir el flujo libre de información precisa.
Los gobiernos han adoptado legislación que reprime las manifestaciones públicas u otras actividades de sensibilización impulsadas por activistas ambientales. Las empresas se han aprovechado de las leyes – por ejemplo, a través de demandas judiciales estratégicas contra la participación pública (SLAPP) – para intimidar a periodistas o activistas que pretenden denunciar sus acciones.
Las acciones dirigidas a silenciar a las personas también adoptan formas más violentas. Entre los casos más destacados están los del periodista del diario británico The Guardian Dom Phillips y el experto en cuestiones indígenas Bruno Pereira, asesinados en Brasil cuando investigaban y denunciaban violaciones de los derechos indígenas y destrucción ambiental en la región de Amazonia, y el de la defensora de derechos Berta Cáceres, que creó un movimiento para la protección y defensa de las tierras de los lenca, un pueblo indígena de Honduras, contra la minería, la construcción de represas y otros proyectos perjudiciales para el medio ambiente.
Quizás lo más pernicioso de todo sea el hecho de que los gigantes de la industria de los combustibles fósiles llevan décadas difundiendo desinformación de manera deliberada sobre los efectos perjudiciales que tienen sus actividades en el medio ambiente, con el fin de engañar tanto a los gobiernos como al público. Esas campañas de desinformación están ahora potenciadas al máximo por Internet, donde logran embaucar a ciudadanos comunes y transformarlos en agentes de desinformación sin que se den cuenta de que son manipulados para que difundan esas mentiras a otros. A continuación, repasamos algunos de los ejemplos más flagrantes de esta práctica de la industria de los combustibles fósiles.
La desinformación como arma
Una participación pública significativa depende de una base de entendimiento. Pero cuando se trata del cambio climático, no todos están de acuerdo.
En 2021, solo un 57 % de los ciudadanos estadounidenses creía que las actividades humanas eran la principal causa del calentamiento global; otro 23 % creía que entre los científicos había diferencias importantes respecto al cambio climático. ¿Cómo es posible que haya tantos escépticos cuando el 99,9 % de los artículos científicos homologados por pares coincide en que el cambio climático no solo es antropogénico sino que es causado principalmente por la quema de combustibles fósiles?
Esto se debe en gran medida a que la industria de los combustibles fósiles ha desplegado por décadas una campaña de desinformación dirigida a poner en duda las advertencias sobre el cambio climático, aun sabiendo que esas advertencias se basaban en conocimientos científicos sólidos y que la quema de petróleo y gas era la principal impulsora de la crisis.
Esto lo sabemos gracias a la labor de diversos actores – periodistas, activistas e investigadores – que han estado años estudiando documentos internos y comunicaciones externas de las compañías, entrevistando a antiguos empleados, indagando en archivos y presentando solicitudes de información a través de mecanismos de libertad de la información. Y se lo debemos también a los numerosos grupos ambientalistas e indígenas cuyo activismo ha contribuido a difundir esta información.
En 2015, una investigación histórica realizada conjuntamente por la organización de noticias sobre el cambio climático InsideClimate News, el diario estadounidense LA Times y la Escuela de Posgrado en Periodismo de la Universidad de Columbia reveló que la compañía Exxon sabía en la década de 1970 que la quema de combustibles fósiles estaba causando calentamiento global. En 2017, investigadores de la Universidad de Harvard presentaron evidencias de que esa compañía había engañado deliberadamente al público sobre el calentamiento global antropogénico. En 2023, los mismos investigadores revelaron que los propios estudios privados de Exxon (que se remontaban a 1977) habían pronosticado con exactitud el ritmo al que la quema de combustibles fósiles provocaría el calentamiento global, y que los modelos de la compañía eran muchas veces más precisos que los de la NASA.
La campaña de desinformación de la industria de los combustibles fósiles comenzó a finales de la década de 1980 y se centró en la llamada “incertidumbre” de los conocimientos científicos en torno al cambio climático, para generar dudas y promover la falta de confianza en los datos y análisis brindados por científicos independientes. No necesitaban convencer a nadie, solo tenían que debilitarlos.
Se formaron grupos de presión para persuadir a legisladores estadounidenses y se publicaron miles de publicidades disfrazadas de artículos (o publirreportajes) dirigidos a confundir al público. Era común ver titulares que rezaban: “Si la tierra se está calentando, ¿por qué hace cada vez más frío en Kentucky?”. La industria reclutaba y financiaba a científicos y organizaciones supuestamente independientes que minimizaban los riesgos y las causas del cambio climático. El objetivo era convencer al público de que el cambio climático era un tema debatible y no un hecho científicamente comprobado.
Como ha sucedido con todas las campañas de desinformación, las redes sociales han permitido al sector de petróleo y gas dirigir mejor su falsa narrativa, adaptando los mensajes según la audiencia para responder a las crecientes preocupaciones del público sobre el cambio climático. En los meses previos a la 27a Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre el Cambio Climático (COP27), las compañías de combustibles fósiles gastaron cerca de 4 millones de dólares estadounidenses en avisos de Facebook e Instagram que difundían afirmaciones falsas sobre el clima, muchas de las cuales se reducían a un maquillaje ecológico de las actividades de las compañías (lo que se conoce como “greenwashing” o “ecoblanqueo”).
Por otro lado están las reglas inadecuadas aplicadas por Twitter y Facebook para erradicar la propaganda política de sus plataformas, que han bloqueado anuncios – aparentemente sin querer – de empresas que se dedican realmente a la energía limpia. En estos casos, la mera referencia a medidas políticas o figuras políticas en avisos de actividades o productos ecológicos basta para provocar el bloqueo, impidiendo así la circulación de información sobre iniciativas de energía limpia. En el caso de Facebook, la “política ambiental” es de hecho una de las “problemáticas sociales” comprendidas dentro de su prohibición de publicidad.
La información potencia la acción
El papel decisivo que cumplen los periodistas e investigadores al brindar al público información precisa sobre lo que Exxon y otros gigantes de la industria de los combustibles fósiles sabían sobre sus propias contribuciones al cambio climático – y lo que hicieron para encubrirlas – ha sido crucial en el reclamo de reparaciones.
Tras el reportaje de denuncia sobre Exxon publicado en 2015, el procurador general de Nueva York inició una investigación en la que exigía a la empresa que presentara documentos que mostraran lo que sabía sobre el cambio climático y lo que le había ocultado al público.
Ese mismo año, más de 350.000 ciudadanos estadounidenses firmaron una petición solicitando al gobierno federal que investigara a Exxon.
En 2017, ciudades y estados a lo largo y ancho de Estados Unidos comenzaron a presentar demandas judiciales contra Exxon y otras empresas de combustibles fósiles, reclamando compensaciones por daños y perjuicios causados por la devastación ambiental sufrida como consecuencia del cambio climático y exigiendo medidas urgentes para limitar daños futuros. En todas esas demandas se acusaba a la industria de haber engañado deliberadamente al público sobre los peligros de quemar combustibles fósiles, lo que había agudizado el problema.
Las demandas judiciales contra grandes empresas de combustibles fósiles no son impulsadas únicamente por estados, y no se están interponiendo solo en Estados Unidos. En marzo de 2023, se presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entablada por abogados que representaban a más de 2.000 mujeres suizas de la tercera edad que acusaban a Suiza de no haber hecho lo suficiente para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyas consecuencias climáticas (según los abogados) son particularmente perjudiciales para la salud de las personas de la tercera edad.
Ese mismo mes, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución – promovida por la nación insular del Pacífico Vanuatu – por la que solicitaba una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de garantizar la protección del sistema climático que competen a los Estados conforme al derecho internacional y las consecuencias jurídicas de no hacerlo, especialmente con respecto a los pequeños Estados insulares en desarrollo y las generaciones futuras.
Los efectos desproporcionados del cambio climático en los pueblos indígenas han sido ampliamente documentados. Varias comunidades indígenas, incluidas aquellas cuyos medios de vida dependen por completo de los ciclos naturales para su supervivencia, están impulsando demandas judiciales contra grandes empresas de combustibles fósiles y gobiernos. En 2020, los waorani de Ecuador, junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, demandaron a la compañía petrolera PetroOriental SA por causar “contaminación atmosférica y los efectos directos de esa contaminación en el cambio climático”. En 2022, jóvenes indígenas de Hawaii interpusieron una demanda contra el Departamento de Transporte por impulsar proyectos de construcción que “afianzan y aumentan significativamente el uso de combustibles fósiles, en vez de impulsar proyectos que mitigan y reducen las emisiones”.
Más recientemente, en agosto de 2023, en un juicio histórico en materia climática, un juez estadounidense falló a favor de 16 jóvenes demandantes (muchos de ellos menores de edad) que acusaban al estado de Montana de causar daños climáticos, debido a que sus políticas favorables a los combustibles fósiles violaban disposiciones de la constitución estatal que garantizan un “medio ambiente limpio y saludable”.
Acciones de miembros de IFEX para fortalecer la democracia ambiental
Como demuestra esa reciente victoria judicial en Montana, cuando se observan los principios fundamentales de la democracia ambiental – transparencia, participación pública y justicia – se empodera a los ciudadanos para que participen estratégicamente en actividades dirigidas a lograr la justicia ambiental.
Los miembros de IFEX están contribuyendo a esa labor, ya sea apoyando iniciativas para fortalecer el carácter inclusivo y la precisión de la información ambiental o contrarrestando los intentos de las grandes empresas o los gobiernos para suprimir esa información. Los siguientes son algunos ejemplos recientes de esos esfuerzos.
- La Fundación de Medios de Comunicación para África Occidental (MFWA, por sus siglas en inglés) inició un programa de becas de periodismo sobre el cambio climático, cuyo objetivo es capacitar a jóvenes periodistas de la región para que produzcan reportajes de alta repercusión sobre la temática con miras a “aumentar el acceso público a información sobre el cambio climático” e “incentivar la adopción de medidas holísticas para hacer frente a la crisis climática”.
- ADISI Camerún puso en marcha un proyecto dirigido a llamar la atención sobre los efectos devastadores de la desaparición de manglares – que constituyen un importante sumidero de carbono – frente a la costa de África Occidental. En el marco de este proyecto, se seleccionó y capacitó a reporteros en periodismo de datos y periodismo de investigación aplicados a cuestiones ambientales, y se produjeron y publicaron artículos de investigación.
- En Ecuador, Fundamedios – en colaboración con asociados regionales e internacionales – organizó la II Cumbre amazónica de periodismo y cambio climático. Las mujeres indígenas fueron las protagonistas de este encuentro, en el que participaron periodistas, activistas, académicos y otros. Entre los temas que se trataron figuraron los riesgos a los que están expuestos los periodistas ambientales en el terreno, la desinformación y el cambio climático y la igualdad de género en el movimiento ambientalista.
- En Camboya, el Centro Camboyano para los Derechos Humanos (CCHR, por sus siglas en inglés) y otros grupos regionales e internacionales llamaron a investigar la detención de periodistas y activistas que habían estado documentando la deforestación de una zona protegida del bosque Phnom Tamao. Instaron a las autoridades a “respetar la Ley de la Prensa, la Constitución y todas las leyes nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la libertad de expresión”.
- En Mongolia, el Globe International Center (GIC) abogó por la protección de personas perseguidas y criminalizadas por expresar su opinión sobre proyectos de desarrollo y sus efectos en el medio ambiente, y exhortó a las autoridades a reconocer públicamente la importancia de la libertad de expresión, la participación significativa y el acceso sin trabas a la información.
- En Turquía, Bianet inició un proyecto de periodismo ecológico, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre grupos ambientalistas y periodistas locales, producir informes periodísticos más precisos sobre las crisis ambientales y, de ese modo, interpelar más eficazmente a los responsables de los daños al medio ambiente.
- En vísperas de la COP27 (2022) en Egipto, Human Rights Watch (HRW) condenó al gobierno por coartar gravemente la capacidad de los grupos ambientales para desarrollar una “labor independiente en materia de políticas, promoción y defensa de derechos y actividades sobre el terreno, labor que es esencial para proteger el medio ambiente natural del país”. El Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR, por sus siglas en inglés) insta a los Emiratos Árabes Unidos a abstenerse de realizar operaciones de vigilancia en relación con la COP28, de próxima celebración, y sus participantes.
Los alentamos a seguir los continuos esfuerzos de los miembros de IFEX para promover y proteger tanto la circulación como la integridad de la información relacionada con el medio ambiente y otros temas pertinentes, a través de la página central de IFEX sobre Acceso a la información.