La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó el 5 de noviembre que la vida y la integridad personal de tres periodistas del Kaietur News Journal corren peligro, después de ser amenazados por publicar graves irregularidades por parte del gobierno nacional.
Este artículo fue publicado originalmente en sipapa.org el 26 de noviembre de 2014.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su beneplácito por las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de periodistas del diario Kaietur News Journal de Guyana.
La protección solicitada al Estado guyanés beneficia al presidente del diario Glenn Lall, al director Adam Harris y al periodista Leonard Gildharie. La CIDH reclamó el 5 de noviembre que la vida y la integridad personal de los tres periodistas corren peligro, después de ser amenazados por publicar graves irregularidades por parte del gobierno nacional. El gobierno, en menos de 15 días, deberá brindar protección concreta a los periodistas, investigar los hechos y reportar periódicamente a la CIDH sobre las acciones que irá tomando en ambos sentidos.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario peruano La República, manifestó su beneplácito por la decisión de la CIDH. “Este es un mensaje trascendente. La medida ayuda a blindar a los periodistas, pero más que eso, protege el derecho de la sociedad a recibir información de alto interés público”.
En los fundamentos de su decisión, la CIDH explica que el Kaietur News Journal publicó artículos que involucraban a altas autoridades gubernamentales con negocios secretos, venta de patrimonio público y sobornos. Sin embargo, la gota que rebasó el vaso quedó registrada en una grabación de una llamada telefónica entre el fiscal general del país, Anil Nandlall, y el periodista Gildharie, en la que el funcionario amenazó de muerte al periodista y le conminó a abandonar su trabajo, de lo contrario él y el diario sufrirían consecuencias.
Tras la denuncia del diario a las autoridades, ni el fiscal general ni el gobierno desmintieron los hechos, así como tampoco se investigó la denuncia o se brindó protección a los periodistas.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, director del semanario Búsqueda de Uruguay, remarcó el “alto carácter preventivo” de las medidas cautelares, “necesarias en un país y en un continente donde debe haber más voluntad y decisión política de parte de los gobiernos para investigar los asesinatos contra periodistas y romper el círculo vicioso de donde se nutren la violencia y la impunidad”.
La atención de la SIP sobre este caso está dada por los antecedentes de violencia contra este periódico. Cuatro trabajadores del diario murieron tras un atentado con bombas contra la sala de prensa el 8 de agosto de 2006, incidente que se relacionó en su momento al clima político previo a una elección.
