Con ocasión de la conmemoración del Día Nacional del Periodista en Nicaragua, hoy las organizaciones abajo firmantes expresan su solidaridad con los periodistas nicaragüenses e instan a las autoridades de todo el país a cesar el hostigamiento generalizado de periodistas y a garantizar que los medios y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.
Desde que el Gobierno y las fuerzas de seguridad nicaragüenses respondieron con una brutal campaña represiva contra manifestantes y medios a la ola de protestas que se inició en abril de 2018, el clima para el ejercicio del periodismo en Nicaragua se ha vuelto cada vez más hostil. En los últimos años, al menos 12 medios se han visto obligados a cerrar permanentemente y periodistas han sido objeto de amenazas, hostigamiento, demandas judiciales, vigilancia y encarcelamiento, mientras decenas de periodistas han huido del país para proteger su vida. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que contribuir a reforzar la falta de transparencia, pues el Gobierno nacional niega la gravedad de la crisis y ha logrado que sea prácticamente imposible para los periodistas y la ciudadanía encontrar información confiable en materia de salud pública.
La libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos fundamentales que constituyen los pilares de cualquier sociedad democrática. Puesto que las elecciones generales están previstas para noviembre de este año, el Gobierno del presidente Daniel Ortega debería aprobar medidas para garantizar que la prensa independiente pueda cubrir el proceso electoral con libertad y seguridad, sin ser objeto de hostigamiento ni represalias. Sin embargo, el Gobierno nicaragüense ha incrementado el control que ejerce y ha creado más mecanismos para la censura. En el último trimestre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua adoptó dos proyectos de ley sumamente preocupantes —la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos— que ampliaron la capacidad del Gobierno de controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación, según el análisis de Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH.
Hoy, muchos periodistas nicaragüenses aún siguen en el exilio: algunos al otro lado de la frontera con Costa Rica, otros en países mucho más distantes. Dos de las principales organizaciones nacionales defensoras de la libertad de expresión, PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, anunciaron a comienzos de febrero que suspenderían sus actividades en Nicaragua debido a que les preocupaba la posibilidad de enfrentar procesos judiciales en virtud de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que exige que las personas y organizaciones que reciban fondos de fuentes extranjeras se registren como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación. Luego de estas suspensiones el gremio periodístico Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN) se declaró en “alerta permanente ante el aumento de riesgo” para el ejercicio periodístico en el país.
El pasado 23 de febrero, en las instalaciones del seminario Confidencial y el programa televisivo Esta Semana en Managua, el Ministerio de Salud inauguró una casa materna. Las instalaciones en donde operaban dichos medios habían sido confiscadas desde diciembre de 2018. Se ha anunciado que las instalaciones en donde operaba el canal 100% Noticias también serán utilizadas por dicho ministerio.
A pesar de los numerosos desafíos que supone ejercer la profesión en un clima de transparencia mínima, leyes cada vez más represivas, y vigilancia y hostigamiento continuos, los valientes periodistas nicaragüenses siguen luchando por revelar la verdad y compartir información con la ciudadanía y el resto del mundo. Hoy, reiteramos nuestra solidaridad con la prensa nicaragüense y hacemos un llamado al Gobierno nicaragüense a cumplir sus obligaciones internacionales de proteger estos derechos fundamentales; dejar de utilizar leyes restrictivas y el aparato de seguridad gubernamental para intimidar y censurar a los medios de prensa; y permitir que los periodistas y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa reanuden sus actividades en el país.
