(IPYS/IFEX) – Desde el 6 de mayo de 2005, el periodista Luis Peña Vergaray y su traductor, Eduardo Arrobo Samaniego, se encuentran retenidos como rehénes por la comunidad indígena de los aguarunas de Pampa Entsa, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, al nororiente del país. Para su liberación, el grupo indígena exige la llegada […]
(IPYS/IFEX) – Desde el 6 de mayo de 2005, el periodista Luis Peña Vergaray y su traductor, Eduardo Arrobo Samaniego, se encuentran retenidos como rehénes por la comunidad indígena de los aguarunas de Pampa Entsa, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, al nororiente del país. Para su liberación, el grupo indígena exige la llegada de una comisión del gobierno nacional que haga caso a sus reclamos sociales.
A menos que hayan inconvenientes climáticos, dicha comisión (integrada por representantes de la Policía y el Ministerio del Interior) encargada con liberar a los rehenes estaba por llegar a la zona la tarde del 9 de mayo. Sin embargo, los aguarunas dicen que sólo accederán al diálogo si el grupo tramita sus exigencias al gobierno.
El 7 de mayo, Peña, que labora en un medio de la zona aledaña de Santa María de Nieva, pudo comunicarse con una radio local y señaló que habían permanecido incomunicados hasta entonces y que estuvieron en buen estado. El 8 de mayo, en declaraciones a un medio escrito, el representante de la comunidad amazónica, Antonio Mayán Sejekam, también presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Indígenas Numpatkaum y Alto Comainas, se comprometió a garantizar la integridad física de los rehenes en caso de que no se inicie una negociación.
En un comunicado del 9 de mayo, el Ministro del Interior condicionó el inicio de un diálogo con los aguarunas a la liberación inmediata de ambos ciudadanos. No obstante, la comisión del gobierno ya viajó a la región.
El periodista y su asistente investigaban la muerte de cuatro brigadistas del Ministerio de Salud (MINSA), aparentemente secuestrados y asesinados el 21 de abril por indigenas del lugar.
Los indígenas que realizaron el secuestro están cometiendo un delito contra la libertad individual, sancionado con una pena de entre 10 y 15 años de cárcel bajo el Código Penal.
