Detenciones arbitrarias, represión física y verbal, amenazas, clausura de instalaciones, robo de equipos y hasta secuestro de tinta. De todos estos medios se vale el régimen de Daniel Ortega para sembrar el terror y asfixiar el pensamiento libre en Nicaragua, un país que atraviesa horas complicadas en su sistema democrático con derechos humanos sistemáticamente vulnerados.
Detenciones arbitrarias, represión física y verbal, amenazas, clausura de instalaciones, robo de equipos y hasta secuestro de tinta. De todos estos medios se vale el régimen de Daniel Ortega para sembrar el terror y asfixiar el pensamiento libre en Nicaragua, un país que atraviesa horas complicadas en su sistema democrático con derechos humanos sistemáticamente vulnerados.
El siguiente es apenas un resumen de los inmensos riesgos y problemas que atraviesan los nicaragüenses en el día a día si osan expresarse de manera diferente a la que espera el gobierno, o si intentan reunirse o asociarse de formas que no lo satisfagan.
Así las cosas, medios y periodistas son blanco constante de Ortega y su aparato represor, que procura eliminar tanto la prensa libre como los manifestantes críticos.
En este contexto, la red de IFEX-ALC, que reúne organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe, junto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) y la Asociación Interamericana de Prensa (SIP), llevará a cabo una misión a la Oficina de la ONU en Ginebra para alertar al organismo en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que atravesará Nicaragua el próximo 15 de mayo.
El EPU es una revisión exhaustiva de los derechos humanos que cada Estado miembro de la ONU debe hacer cada cinco años, y en el que la sociedad civil tiene un papel crucial. Así, la delegación conjunta de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP se reunirán con funcionarios de los Estados miembro para garantizar que las preocupaciones sobre la libertad de expresión que hayan sido extendidas por periodistas y activistas nicaragüenses se reflejen en este diálogo.
Esta acción no es la primera de IFEX-ALC sobre el caso Nicaragüense. En julio, la red emitió un comunicado en el que condenaba las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en el país, así como la brutal represión contra quienes han tomado las calles para expresar su descontento con el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Ya en diciembre pasado, IFEX-ALC denunciaba el agravamiento de la situación en Nicaragua y cómo el gobierno de Ortega había cerrado los espacios cívicos en el país.
Desde el 18 de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua ha sufrido un fuerte deterioro del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Al menos 325 personas han sido asesinadas, y cientos más han sido heridas y/o privadas de libertad como consecuencia de la represión a las manifestaciones por parte de agentes estatales y particulares afines al gobierno.
Realismo mágico
Periodistas exiliados, protestas criminalizadas y métodos ladinos de censura que, para algunos, superan el realismo mágico literario por su nivel de absurdo. Un absurdo que a pesar de todo, sorprende poco. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió así el pasado lunes 25 en Twitter la movida de no entregar la tinta que fuera importada para la impresión del diario local La Prensa. La estrategia, no obstante, no consiguió limitar al diario. Ese mismo día salía a las calles publicado en tinta azul, como se ve en la imagen, con el titular «Se nos agota la tinta, pero no las noticias».
Por otro lado, la lista de periodistas que se ven obligados a irse de Nicaragua por temor a represalias del gobierno va en aumento. Una de ellas es Wendy Quintero Chávez, que además de ser periodista es también Vicepresidenta de la red de Mujeres de AMARC- ALC; y será asimismo parte de la delegación que estará presente en Ginebra en representación de esta red. Quintero Chávez expresó el «profundo dolor» de haber dejado Nicaragua y de ver menguadas las libertades de sus compatriotas.
Quintero Chávez forma parte también de la red Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), que de acuerdo con la periodista surge «por las constantes violaciones y agresiones que hemos estado viviendo periodistas y medios en Nicaragua».
«A través de esta nueva organización contabilizamos entre 66 y 70 periodistas que tras los incidentes del 18 de abril del 2018 se tuvieron que exiliar. Yo [que formo parte de este grupo de personas] tuve que salir de un día para otro porque me informaron que estaba en un listado de periodistas que iban a ser requeridos por las autoridades policiales», agregó.
Para Quintero Chávez otro de los graves problemas que aqueja al país es la criminalización de la protesta pacífica, una movida política que ha dado paso a la persecución de actores civiles y de quienes los defienden: «Manifestarse de manera pacífica es un derecho. [Nosotros] siempre apoyamos a diversas organizaciones [de defensa de derechos humanos.] En este caso apoyábamos a padres y madres de presos y presas políticas. Todo eso fue creando más asedio hacia nosotros».
La periodista alertó también sobre la difícil situación de varios periodistas en el exilio. Su propia situación ilustra algunos de los problemas de sus colegas, pues haber dejado Nicaragua fue también haber dejado su trabajo y a su familia.
Quintero resaltó también la importancia de reconocer que la represión empezó su escalada con la llegada de Ortega al poder en 2007, y no en abril de 2018 con las protestas populares en contra del gobierno y su brutal respuesta contra los manifestantes.
Las cifras del último año, sin embargo, destacan por su contundencia. A este respecto Quintero recordó los hallazgos revelados por el informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh): «más de 300 personas murieron el año pasado y más de 2000 fueron heridas. Hoy hay 802 presos y presas políticas. Encarcelados solamente por haber participado en protestas sociales.»
Todos terroristas
«Nicaragua es el país con más terroristas del mundo para este gobierno. Es irrisorio. Crearon una ley para acusar y condenar a los manifestantes. Los cientos de presos políticos que hay hoy en el país están siendo todos acusados de terrorismo», sentenció.
«Varios estudiantes universitarios de comunicación que fueron parte de las primeras protestas han sido detenidos ilegalmente. Nosotros decimos [que han sido] secuestrados. Algunos fueron liberados, pero otros como Edwin Carcache, una de las caras más visibles del movimiento, están encarcelados. Esta semana supimos del caso de Marlon Powell Sanchez que había sido perseguido y detenido el 7 de marzo en Managua», agregó.
La periodista señaló también cómo el Gobierno ha buscado «incriminar a varios periodistas». Resaltó asimismo los hallazgos de la fundación Violeta Barrios de Chamorro, que reveló «que en los primeros 180 días de la crisis se registraron al menos 420 casos de violaciones a la libertad de prensa. Dentro de las formas de intimidación contra los periodistas tenemos detenciones arbitrarias, constante asedio de la policía a los medios de comunicación, allanamiento a las instalaciones, requisas fuera de orden a periodistas y sus equipos, espionaje y seguimiento a sus domicilios».
«Ahí se evidencia la forma maquiavélica en la que ellos trabajan, y la forma burda también, porque antes trataban de disimularlo, pero ahora es frontal. No puedes decir que sos periodista, no podés mostrar tus identificaciones porque al hacerlo te convertís en blanco de la policía y de los grupos parapoliciales», agregó.
«El panorama cada vez está peor. Siguen los exilios de muchos colegas y quienes se quedan están con mucho temor», dijo Quintero. Para la periodista, y para muchos otros defensores de Derechos Humanos, «ya no existe el estado de Derecho» en Nicaragua.
Violaciones sin cese a la democracia
Guillermo Medrano es coordinador del proyecto Periodismo con Enfoque de Derechos Humanos de la fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua. Medrano es además el delegado de la SIP para la misión de incidencia en Ginebra y conversó con IFEX sobre el largo alcance de la crisis de derechos humanos que tiene y que ha tenido lugar en Nicaragua desde hace años.
«En Nicaragua desde hace más de una década se vive una constante crisis de violación a los derechos humanos, y se agravó a partir de los acontecimientos socio-políticos que se viven desde abril del 2018».
Nicaragua atravesó su último EPU en 2014, pero de acuerdo con Medrano, desde esa fecha el país «ha sufrido un evidente retroceso en la libertad de expresión, la piedra angular de las libertades públicas. Esto se manifiesta en la alta concentración de propiedad y de control de los medios de comunicación por parte de la familia Ortega-Murillo y de personas allegadas al Gobierno. También se hace evidente en el recrudecimiento del acoso, el hostigamiento [a medios y periodistas] y también en campañas difamatorias contra medios de comunicación independientes».
Tal como lo indicara Quintero, Medrano apunta también a que la represión dentro de la administración orteguista no empezó en 2018, pero marca el 18 de abril de ese año como un punto de quiebre, en particular porque «el gobierno respondió con una violencia nunca antes vista en la historia de Nicaragua, ni siquiera en la dictadura somocista».
Además de los ciudadanos y estudiantes fallecidos y encarcelados que se mencionaron líneas atrás, Medrano recordó al periodista Ángel Gahona, asesinado mientras cubría una protesta. También recordó a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, Director y Jefa de Información del Canal 100% Noticias también encarcelados por el Gobierno de Ortega.
«En estos últimos años, el Gobierno aprobó leyes que atentan contra los derechos fundamentales, criminalizando la protesta social, la libertad de organización y de movilización», sostuvo.
Wendy Quintero Chávez
Sanciones internacionales
Para Medrado, la misión a Ginebra es muy importante: «a lo único que le teme Ortega es a las sanciones económicas internacionales, teme que no le permitan seguir creciendo en su enriquecimiento ilícito, aprovechándose del poder».
«Por ello -agregó- es impostergable que los organismos internacionales y que las agencias de cooperación conozcan la verdadera situación que estamos pasando los nicaragüenses».
«Ortega preside un Gobierno de corte completamente coercitivo, autoritario y que controla todos los poderes del Estado. Es un gobierno que viola la Constitución Política, además de toda expresión y derecho humano. En Nicaragua desde el año 2007 no existe una separación de poderes. Nos encontremos ante un Estado fallido», dijo Medrano.
«Es necesario también que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mediante el mecanismo del EPU, en su tercer ciclo de evaluación conozca la realidad que en materia de Derechos Humanos estamos viviendo los nicaragüenses», añadió.
Marianela Balbi, presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC coincidió con estas ideas y explicó a IFEX: «A raíz de las protestas en Nicaragua se ha revelado una faceta muy represiva por parte del gobierno de Daniel Ortega. Si bien es cierto que su relación con la prensa nunca fue buena y estuvo marcada por la opacidad y la represión, estos hechos pusieron de manifiesto esa conducta antidemocrática y represiva».
«Es muy importante que los Estados y las misiones en la ONU conozcan la situación que del país y hagan peticiones específicas de respeto a la libertad de expresión al Estado nicaragüense. Es un compromiso que debe asumirse», sostuvo Balbi. Por eso, sostuvo la activista, «esta misión es tan importante».
«El gobierno habla de una salida pacífica de la crisis, mediante el diálogo y la negociación, pero no se observa voluntad política para avanzar en esa dirección, en su lugar han impuesto un estado de excepción. Por ello, el periodismo de investigación sigue siendo más necesario que nunca en Nicaragua. El periodismo independiente es la última trinchera de la libertad de expresión en el país», dijo Patricia Orozco, miembro de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.
«La presión internacional es muy importante para que la dictadura en Nicaragua, asuma con seriedad la situación y que realmente se dispongan a una salida democrática y pacífica de la crisis. En el caso de organismos internacionales de derechos humanos, es vial que sigan acompañando el proceso para que sus informes continúen difundiéndose ampliamente y reflejando la realidad de lo que se vive en Nicaragua», agregó.