(CESO-FIP/IFEX) – Pedro José Severiche Acosta, reportero de la perseguida emisora Antena del Río, fue objeto de una agresión por parte de un grupo de concejales del puerto petrolero de Barrancabermeja que hurtaron su grabadora, tras constatar que había grabado parte de una álgida discusión, según informó la Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el […]
(CESO-FIP/IFEX) – Pedro José Severiche Acosta, reportero de la perseguida emisora Antena del Río, fue objeto de una agresión por parte de un grupo de concejales del puerto petrolero de Barrancabermeja que hurtaron su grabadora, tras constatar que había grabado parte de una álgida discusión, según informó la Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.
Los hechos se produjeron en la noche del 13 de enero de 2008, en el recinto del Consejo de Barrancabermeja, cuando la coalición que nombró al Contralor y al Personero de la ciudad se reunió en un salón para reclamar lo que calificaron de «falta de compromiso» de dos concejales que se deslizaron hacia otra alianza.
Los reclamos se realizaban a gritos, acompañados de palabras «de grueso calibre», junto a un grupo de periodistas que cubría las labores habituales de la corporación administrativa, separados por una puerta. Cuando los concejales se dieron cuenta que Severiche estaba grabando, además de increparlo, le raparon la grabadora, llamaron a un grupo de policías para que lo sacara del recinto, y lo amenazaron con una denuncia penal.
La reacción solidaria de otros periodistas fue rápida y eficaz: Severiche fue dejado en libertad y se le exigió la devolución del material periodístico a los agresores, entre quienes se encontraba la Presidenta del Concejo, Luz Enna Cortés Angarita de Convergencia Ciudadana y su copartidario Diego Elkin Arango, así como los liberales Nestor Riaño y Nadin Saad.
Los concejales dicen que devuelvan el material hurtado solamente si el periodista firma un documento cuyo contenido no se ha dado a conocer.
«Unos desacuerdos politiqueros terminaron desbordándose para convertirse en una grave agresión contra la libertad de prensa», declaró Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y además director del Centro de Solidaridad de la FIP. «Ahora bien, la firma del documento por parte del colega, quien además es presidente de la hermana Asociación de Periodistas de Barrancabermeja, constituiría, en la práctica, un constreñimiento ilegal, delito que se sumaría al de hurto y a la violación a la libertad de trabajo».
Márquez anunció que su oficina pondrá este caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Dice que FECOLPER y CESO-FIP considera que «los periodistas pueden grabar cualquier conversación que se produzca en un recinto público, a menos de que exista una norma que, de manera explicita, lo prohíba. Los límites aceptados por la jurisprudencia constitucional colombiana para el ejercicio de la libertad de información son el orden público y la seguridad nacional, previa expedición de una norma que así lo determine. En este caso, el hecho se produjo en un edificio de carácter público, entre funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, tratando un tema de interés público. Los gritos de la reunión de los funcionarios públicos rompieron la esfera de lo privado, y convirtieron el evento en un hecho informativo, de carácter noticioso, por lo extraordinario del acontecimiento. El hurto o retención de la grabadora, evidentemente es una arbitrariedad y una agresión.»
Igualmente recordó que frente un caso similar en la ciudad de Montería, donde un ingeniero contratista del municipio y ex alcalde golpeó al gerente del programa de televisión Zona Franca, Pompilio Silva Sánchez, y del reportero-camarógrafo Milton Carmona Morelo, FECOLPER y CESO-FIP pidieron al ente de control ejercer la vigilancia de los procesos penales, iniciados en las Fiscalías 26 y 21. De esta manera busca garantizar la correcta función del aparato judicial y velar por el interés de la sociedad de contar con una prensa libre de presiones y amenazas, pues el agresor se jacta, en privado, de poder «arreglar» a la Fiscalía.
La FECOLPER representa a más de 1000 periodistas 18 departamentos de Colombia La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 116 países.
