(FLIP/IFEX) – Después de insultos y ataques verbales, la mayoría de concejales de Barranquilla, capital del departamento de Atlántico, aprobó una proposición para denunciar penalmente al periodista Ernesto McCausland Sojo por críticas contra esa corporación. El 20 de junio de 2008, el diario «El Heraldo» había publicado una columna de McCausland, titulada «Los angelitos y […]
(FLIP/IFEX) – Después de insultos y ataques verbales, la mayoría de concejales de Barranquilla, capital del departamento de Atlántico, aprobó una proposición para denunciar penalmente al periodista Ernesto McCausland Sojo por críticas contra esa corporación. El 20 de junio de 2008, el diario «El Heraldo» había publicado una columna de McCausland, titulada «Los angelitos y el Carnaval», donde manifestaba su temor por que los concejales de la ciudad conviertan el tradicional Carnaval de Barranquilla en un «botín» político.
Según información de «El Heraldo» y otros medios locales, la sesión del concejo del 20 de junio tuvo un tono agresivo e intolerante de principio a fin. Los concejales insultaron al periodista y a su familia, formularon acusaciones infundadas en su contra y le solicitaron que «rectifique su artículo temerario y pendenciero contra los honorables concejales». En la sesión del 23 de junio, aprobaron una nueva proposición para que se instaure una denuncia penal en su contra por injuria y calumnia.
En una carta abierta, periodistas y organizaciones de libertad de expresión de todo el país rechazaron la actitud de los concejales y manifestaron su solidaridad con McCausland: «Dicha actitud no solamente resulta contraria a las normas de decencia que deben regir en una sociedad que ambiciona vivir en armonía y convivencia, sino que se convierte en una forma violenta de utilizar la palabra para amedrentar y coartar el sagrado derecho a disentir y criticar».
La FLIP se une a las manifestaciones de apoyo y solidaridad hacia el periodista. La libertad de expresión protege especialmente el derecho a la opinión, que incluye todas las opiniones, sean éstas adversas, polémicas e, incluso, molestas. Más aún, en su condición de funcionarios públicos, los concejales de Barranquilla están sometidos a la crítica y al control ciudadano.
Para la FLIP resulta sorprendente que esta corporación utilice de manera irregular mecanismos propios de su gestión pública, como las mociones y las proposiciones del cabildo, para coartar la libertad de expresión e inhibir la crítica periodística.