El Sindicato de Periodistas del Paraguay celebra la sentencia aunque advierte que aun quedan 16 casos en la impunidad.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay considera que la reciente condena emitida por el Tribunal de Sentencia contra Vilmar Acosta, ex intendente de Ypehju, sindicado como autor intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente, Antonia Almada, es un importante paso que satisface el pedido de sus familiares, del gremio de periodistas y de la sociedad toda, de que se aplique la ley se haga justicia.
Este es el primer caso en que un autor moral de un atentado contra periodistas y/o comunicadores y comunicadoras recibe una severa condena acorde con el crimen cometido. Lamentamos, sin embargo, que la labor fiscal no haya dado seguimiento a indicios que apuntaban a la complicidad de otros actores políticos que hicieron posible la fuga de Acosta al Brasil.
Debemos también recordar que otros 16 casos de crímenes de comunicadores, denunciados oportunamente, quedan impunes, con expedientes que han sido cajoneados en todos estos años. El primer y emblemático caso, el de Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991 por orden de la mafia fronteriza, sigue impune pese a los numerosos urgimientos de castigo a los responsables materiales e intelectuales del caso.
Es por eso que hoy, este caso, por presión de los familiares y del SPP, está siendo analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Creemos que esta sentencia constituye un elemento importante que incidirá positivamente en el respeto a la libertad de expresión por cuya defensa, trabajadoras y trabajadores de prensa y comunicación, hemos venido luchando a lo largo de los 28 años transcurridos tras la caída de la dictadura, en un contexto de persecución, represión y discriminación a la organización sindical, de amenazas, atentados, censuras y diversos tipos de maltratos en el ejercicio de nuestra labor, tanto de parte de las autoridades nacionales, de los grupos empresariales y de las bandas mafiosas, que han encontrado, hasta hoy, fiscales y jueces serviles a sus intereses.
En razón de que esta sentencia será apelada ante una instancia superior del Poder Judicial, esperamos que se mantenga firme la condena a 29 años de cárcel, más de 10 años como medida de seguridad, ya decretada, y que el autor intelectual del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, cumpla su condena en cárcel pública sin ningún tipo de privilegios.
Comisión Directiva – SPP
20-12-2017
