El 23 de junio, el presidente del Senado restringió el ingreso de los fotoperiodistas al recinto donde los legisladores discutían importantes medidas.
(SIP/IFEX) – Miami, 29 de junio de 2010 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la censura aplicada por el Senado de Puerto Rico contra la labor de los periodistas y fotógrafos del país, limitando el acceso y el derecho de sus ciudadanos a la información pública.
El 23 de junio el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, restringió el ingreso de los fotoperiodistas al recinto donde los legisladores discutían importantes medidas. Al día siguiente, el decreto fue extendido a los periodistas a los que también se les prohibió la entrada al Congreso. El veto a la prensa la habría tomado Rivera Schatz – según argumentó – para proteger la «imagen» de los senadores.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, de Miami, reprobó la imposición de censura del Senado contra la prensa y expresó su sorpresa porque dijo «es el propio cuerpo legislativo el que viola preceptos sobre acceso irrestricto de la prensa a los procesos públicos», garantizados en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico y en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que rige en el país. «Confiamos – agregó – en que los legisladores levanten la restricción.»
Por su parte, Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, director editorial del San Antonio Express-News, de Texas, agregó que la posición de la SIP se sustenta en la Declaración de Chapultepec, decálogo de principios que deben obrar en una sociedad democrática y que consigna que el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa «no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo», «las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos . . . la información generada por el sector público» y «la censura previa, . . . la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa».
Los principales medios de comunicación del país, así como organizaciones de periodistas y de prensa; y de derechos civiles, consideraron la acción del titular del Senado como un atentado contra la libertad de prensa y contra los derechos de los ciudadanos a conocer la gestión pública. En una declaración conjunta exigieron la suspensión de la orden.
