Julio de 2024 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de los miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Rusia continúa condenando a periodistas que se niegan a seguir la línea del Kremlin en su cobertura de la guerra de Ucrania; se cumplen cuatro años de represión en Bielorrusia; el acceso a la información amenazado en Eslovaquia; la Unión Europea propone su propia ley de “agentes extranjeros”; y el derecho de reunión pacífica bajo asedio en toda Europa.
Embestida contra el ejercicio del derecho a protestar en Europa
En julio, un juez del Reino Unido dictó sentencias de prisión draconianas para cinco activistas del grupo de resistencia climática Just Stop Oil que habían sido condenados por conspirar para alterar el orden público. Los cinco habían estado organizando un acto pacífico de protesta.
En junio, la policía de Alemania arrestó a un niño de siete años bajo sospecha de agredir a un oficial en una manifestación pro-Palestina después de que el niño supuestamente golpeara con una bandera el casco del agente. El menor fue uno de un total de seis niños detenidos en ese acto.
En abril, la policía de Francia había arrestado a 17 defensores del medio ambiente por cargos relacionados con el “combate al terrorismo” luego de que protagonizaran un acto de protesta en las instalaciones de un fabricante de concreto en Rouen.
Si aún no están preocupados por el estado actual del derecho a protestar en Europa, estos hechos deberían ponerlos en alerta.
Ejercer nuestro derecho a la libertad de reunión, tan estrechamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión, es esencial para que seamos escuchados, avancemos en materia de derechos humanos e impulsemos cambios políticos.
Un nuevo informe de Amnistía Internacional muestra, sin embargo, cómo los países europeos están estigmatizando y criminalizando cada vez más a los manifestantes pacíficos, desplegando “medios cada vez más represivos para sofocar a la disidencia”.
El informe, titulado “Poco protegido y demasiado restringido: el estado del derecho a protestar en 21 países de Europa”, examina “el estado actual del derecho de reunión pacífica” en Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.
Basado en una investigación realizada entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, el informe brinda un panorama del uso de leyes y prácticas específicas para restringir el derecho a la libertad de reunión durante ese período. La mayoría de los ejemplos proporcionados por Amnistía Internacional ocurrieron entre esas fechas. Sin embargo, algunos ejemplos – que “ilustran preocupaciones actuales”– se produjeron después de ese período: entre ellos están los intentos de las autoridades europeas por reprimir las voces propalestinas desde octubre de 2023.
Las siguientes son algunas de las conclusiones más importantes del informe:
- La policía utilizó con frecuencia fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos (en ocasiones incluso niños) en Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Serbia y Suiza.
- La impunidad por los abusos cometidos por las fuerzas del orden fue generalizada. Los países donde la policía evadió frecuentemente rendir cuentas fueron: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, el Reino Unido, Serbia, Suiza y Turquía.
- El uso masivo y selectivo de herramientas de vigilancia contra manifestantes está aumentando. Esto incluye el seguimiento y monitoreo de sus actividades, la recopilación y almacenamiento de sus datos y un marcado aumento en el uso de tecnología de reconocimiento facial.
- Las autoridades de toda Europa han utilizado un lenguaje demonizador para difamar y deslegitimar a protestas y manifestantes. Se emplea con frecuencia una retórica con calificativos como “terroristas”, “criminales”, “agentes extranjeros”, “anarquistas” y “extremistas”, con el fin de justificar la introducción de leyes cada vez más restrictivas.
- Se suele caracterizar a los activistas ambientales como “ecoterroristas” o “criminales” en países como Alemania, España y Turquía, donde las autoridades los han atacado utilizando leyes antiterroristas y de seguridad nacional.
- Varios países han impuesto amplias restricciones a las protestas pacíficas (y especialmente a los actos propalestinos) por motivos espurios de “seguridad nacional” y “orden público”.
- Ocho países (Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Francia, Portugal, el Reino Unido y Turquía) han prohibido totalmente las protestas cerca de edificios gubernamentales y otros edificios públicos. En cuatro países (Bélgica, Portugal, Serbia y Turquía) las protestas y reuniones están restringidas a determinados horarios.
- Los grupos racializados y marginados se ven afectados de manera desproporcionada por las medidas policiales y contra las protestas. Las restricciones impuestas a las manifestaciones organizadas por –o en solidaridad con– “grupos racializados, personas LGBTQI+, migrantes, solicitantes de asilo o refugiados se justifican con argumentos basados en estereotipos raciales y de género, lo que refleja la existencia a nivel institucional de racismo, homofobia, transfobia y otras formas de discriminación”.
Amnistía Internacional formuló una larga y exhaustiva lista de recomendaciones para ayudar a los Estados a adaptar sus normas, políticas y prácticas de aplicación de la ley a las obligaciones asumidas en virtud del derecho internacional de derechos humanos. Lean el informe completo para conocer todos los detalles.
Condenas de gran repercusión en Rusia
En Rusia, la represión contra el periodismo independiente que siguió a la invasión de Ucrania por Vladimir Putin en 2022 no muestra señales de ceder. En julio se clausuró el periódico The Moscow Times, calificado de “organización indeseable”, y se dictaron duras sentencias en varios casos muy mediáticos.
El periodista estadounidense Evan Gershkovich fue condenado a 16 años de prisión por cargos de espionaje inventados. Había sido arrestado en 2023 y acusado de recopilar “información secreta” para la CIA sobre una fábrica de tanques rusa.
En un juicio secreto, Alsu Kurmasheva, reportera de Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL) y ciudadana rusa-estadounidense, fue condenada a 6 años y medio de prisión, acusada de “difundir desinformación” sobre el ejército ruso. Reporteros sin Fronteras ha lanzado una petición pidiendo al Departamento de Estado de Estados Unidos que declare a Kurmasheva “detenida injustamente” y que “abogue clara y sostenidamente” en su defensa.
En dos juicios separados, los periodistas Masha Gessen y Mikhail Zygar fueron sentenciados en ausencia a ocho y ocho años y medio de prisión, respectivamente. Ambos fueron condenados por “desinformar” sobre el ejército ruso.
En las últimas semanas, las autoridades rusas han atacado a más de una docena de periodistas exiliados en lo que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha llamado una “campaña creciente de represión transnacional”.
Cuatro años de persecución en Bielorrusia
En Bielorrusia, en agosto se cumplirá el cuarto aniversario de las elecciones presidenciales amañadas que colocaron nuevamente en el poder a Aleksandr Lukashenka e iniciaron una ola de persecución contra los medios independientes y la sociedad civil.
En estos cuatro años, el periodismo independiente en Bielorrusia ha sido diezmado: la mayoría de los medios de comunicación independientes han sido declarados “extremistas” y prohibidos. Según la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ), actualmente hay 38 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación tras las rejas. Otros 400 se han visto obligados a exiliarse.
La “purga” de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) llevada a cabo por Lukashenka ha sido igualmente devastadora. Según Law Trend, desde agosto de 2020 se cerraron 1.696 OSC. De ellas, 1.061 fueron clausuradas por el gobierno; las 635 restantes optaron por suspender sus actividades debido al entorno represivo general.
Según la organización bielorrusa de derechos humanos Viasna, desde agosto de 2020 se han dictado más de 5.000 condenas penales por motivos políticos. Existen casi 1.400 presos políticos.
En julio, PEN Bielorrusia publicó un resumen de los últimos cuatro años de represión desde el punto de vista del sector cultural. Las cifras que presenta son alarmantes:
- A finales de junio de 2024, al menos 164 trabajadores de la cultura se encontraban en prisión o bajo arresto domiciliario.
- Desde 2020, al menos 1.900 miembros del sector cultural han sido objeto de persecución y censura por motivos políticos.
- Al menos 960 trabajadores culturales fueron detenidos arbitrariamente.
- Al menos 281 trabajadores del sector cultural fueron condenados penalmente.
- Al menos 209 figuras de la cultura fueron implicadas en actividades “extremistas” y al menos 31 fueron calificadas de “terroristas”.
En breve
Chipre parece seguir los pasos de Rusia y Turquía. Los legisladores de ese país proponen una modificación del código penal que introduciría penas de prisión de hasta cinco años para quienes difundan noticias «falsas» o escriban comentarios «ofensivos». La Federación Europea de Periodistas (FEP) ha pedido que se retire la enmienda propuesta. Está previsto que se presente en la sesión plenaria del parlamento en septiembre.
La persecución a periodistas críticos en Turquía continúa con fuerza, como lo demuestra la dudosa condena a principios de julio de ocho periodistas kurdos con sentencias de seis años de prisión para cada uno. Se les acusa de “pertenecer a una organización terrorista”. En respuesta a esta represión permanente, IFEX se unió a otros grupos de defensa de la libertad de expresión para pedir a los gobiernos europeos y a los encargados de la formulación de políticas del continente que redoblen sus esfuerzos para ayudar a los periodistas independientes en ese país y “garantizar que las libertades de prensa y los derechos fundamentales sean un elemento central de las relaciones futuras con Turquía”.
El gobierno de Eslovaquia busca restringir el derecho de acceso a la información. En dos proyectos de ley recientes propone, por un lado, cobrar una tarifa por responder a ciertas solicitudes de acceso a información y, por otro, introducir el concepto de “información limitada”, que permitiría a las autoridades rechazar solicitudes de información que atentaran contra la actividad o la credibilidad de una autoridad pública. ARTICLE 19 pidió a Eslovaquia que retirara las propuestas.
ARTICLE 19 también ha pedido a la Unión Europea (UE) que elimine una propuesta de Directiva sobre servicios de representación de intereses en nombre de terceros países que “podría tener un impacto grave en los derechos de libertad de asociación y libertad de expresión y reducir el espacio cívico”. En su redacción actual, el texto de la Directiva exige a las OSC de los países de la UE que se registren en caso de recibir financiación de un país extranjero y realizar una “representación de intereses” para ese país; también estarían obligadas a informar a las autoridades sobre su financiación y actividades, bajo pena de sanciones.
A mediados de julio, Ursula von der Leyen fue reelegida presidenta de la Comisión Europea. Miembros de IFEX y otras organizaciones la instaron públicamente a que, durante su mandato, “garantizara que la libertad de prensa, la protección de los periodistas y el acceso de los ciudadanos de la UE al periodismo de interés público sigan siendo altas prioridades políticas”.
En Rumania, Active Watch, el Centro para el Periodismo Independiente y otros grupos de defensa de los derechos de los medios suscribieron una carta abierta a las autoridades judiciales, exhortando a la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo (DIICOT) a que pusiera fin a su constante acoso a periodistas. Los grupos hicieron este llamamiento público después de que la DIICOT exigiera que los periodistas de Rise Project (que había publicado una investigación sobre los traficantes de inmigrantes y la difícil situación de los trabajadores extranjeros) revelaran sus fuentes a las autoridades.