(CPJ/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa del CPJ, con fecha del 20 de abril de 2001: CHILE: Congreso deroga disposicion sobre desacato Nueva York, 20 de abril de 2001 — El Senado chileno voto por unanimidad a favor de derogar varias cláusulas de la tristemente famosa Ley de Seguridad del Estado, […]
(CPJ/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa del CPJ, con fecha del 20 de abril de 2001:
CHILE: Congreso deroga disposicion sobre desacato
Nueva York, 20 de abril de 2001 — El Senado chileno voto por unanimidad a favor de derogar varias cláusulas de la tristemente famosa Ley de Seguridad del Estado, entre ellas una (el Artículo 6b) que tipifica como delito contra el orden público el insultar a funcionarios de alto rango.
La nueva «Ley sobre las Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo», un proyecto de ley propuesto por primera vez hace ocho años y conocido como Ley de Prensa, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril. El Senado la aprobo el pasado 18.
Luego de ser revisado por el Tribunal Constitucional, el proyecto de ley debe ser firmado por el presidente Ricardo Lagos para entrar en vigencia. Se espera que el presidente lo haga la semana entrante.
Además del Artículo 6b, según fuentes locales, el proyecto de ley revoca otros artículos de la Ley de Seguridad del Estado, que data de 1958; entre ellos el Artículo 16, que autoriza la suspension de publicaciones y transmisiones, y la confiscacion inmediata de publicaciones consideradas ofensivas; y el Artículo 17, que extiende la responsabilidad penal a los directores de la editorial y la imprenta de la publicacion denunciada.
Según el nuevo proyecto de ley, los tribunales civiles y no los militares conocerán los casos de difamacion interpuestos por militares contra civiles.
Además, la legislacion revoca la Ley de Abusos de Publicidad de 1967, según la cual un juez puede prohibir la cobertura periodística de un proceso judicial. El proyecto de ley garantiza asimismo el derecho al secreto profesional y la proteccion de las fuentes.
Lamentablemente, el proyecto de ley no elimina por completo todas las cláusulas de desacato del sistema judicial chileno. El Codigo Penal, por ejemplo, contiene varios artículos que tipifican como delito el insultar a funcionarios públicos. Las leyes chilenas también establecen responsabilidad penal por injuria y calumnia.
Aun así, la revocacion del Artículo 6b es un importante avance. Las cláusulas de desacato del Codigo Penal ofrecen mayor proteccion legal a un acusado que el 6b, según abogados chilenos consultados por el CPJ.
«Aunque nos sentimos alentados por la nueva Ley de Prensa, el CPJ considera que los periodistas jamás deben ser encarcelados por su labor y que no se les debe permitir a los funcionarios públicos protegerse de las críticas valiéndose de leyes de difamacion criminal», declaro la directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper. «Exhortamos a los legisladores chilenos a impulsar aun más esta victoria para la libertad de prensa eliminando del sistema judicial todos los recursos penales por difamacion».
El proyecto de ley fue aprobado poco después del 111 período extraordinario de sesiones de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), radicada en Washington, que tuvo lugar en Santiago de Chile a pedido del gobierno chileno.
En varios encuentros, representantes de la Comision se reunieron con funcionarios chilenos para expresar su preocupacion sobre la Ley de Seguridad del Estado y otras restricciones a la libertad de expresion en el país.
La prensa local también otorga al presidente Lagos el mérito de revivir el proyecto de ley al devolver al Congreso una version anterior de la legislacion con enmiendas para buscar consenso sobre los temas más controvertidos.
¿Matus reivindicada?
Si el nuevo proyecto de ley se convierte en ley, quedarán anulados todos los casos pendientes de desacato interpuestos de conformidad con el Artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado, lo cual permitiría el regreso sin temor a arresto de la exiliada periodista chilena Alejandra Matus.
Matus está acusada penalmente por difamacion en Chile por la publicacion en abril de 1999 de su obra El libro negro de la justicia chilena, un reportaje investigativo sobre el sistema judicial de Chile. Su caso comenzo el 14 de abril de 1999, cuando el magistrado Rafael Huerta, de la Corte de
Apelaciones de Santiago, prohibio el libro un día después de su publicacion. La medida se debio a una demanda entablada por el magistrado de la Corte Suprema Servando Jordán en virtud del Artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado.
El 23 de marzo del 2001, el CPJ presento un escrito de amicus curiae ante la CIDH en relacion con el caso Matus, con el argumento de que el «orden público» se socava y no se fortalece con la penalizacion de la difamacion, y que los funcionarios del gobierno no deben gozar de proteccion especial contra las críticas.
El escrito, preparado en nombre del CPJ por el estudio de abogados neoyorkino Debevoise & Plimpton, recomendaba específicamente la derogacion del Artículo 6b.
Se ofrecen versiones del escrito en inglés y español en la página de Internet del CPJ www.cpj.org
El CPJ es una organizacion independiente y sin fines de lucro con sede en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todas partes del mundo. Para conocer sobre la labor del CPJ, así como para informarse acerca de los ataques contra periodistas de todos los continentes, visite www.cpj.org
