Elia Hernández y Elba Rubio fueron liberadas, presentando golpes en diversas partes del cuerpo, y ahora están enfrentando un proceso penal.
(AMARC/IFEX) – El 15 de diciembre de 2010 fueron detenidas Elia Hernández y Elba Rubio, ambas corresponsales de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande, por elementos de la policía preventiva y la fuerza naval. Después de 36 horas sin poder tener comunicación con ellas y sin que se les imputara delito alguno fueron liberadas junto con otras personas de la comunidad.
Mediante la interposición del habeas corpus ambas corresponsales pudieron salir libres el 17 de diciembre, presentando golpes en diversas partes del cuerpo sin que recibieran ayuda médica mientras estuvieron detenidas. Igualmente, a varias personas de la comunidad gravemente heridas se les negó la atención médica. De acuerdo a testimonio de la abogada defensora, Kenia Olivas, las mujeres fueron golpeadas en sus partes íntimas. Hernández presenta golpes de este tipo.
Al no haber ninguna prueba en contra de ellas, el Juzgado de Amapala determinó su calidad de indiciadas, con lo cual su proceso queda pendiente para ver si tienen responsabilidades por el delito de «desobediencia» tipificado en el código penal, que establece la prohibición de estar en manifestaciones públicas que obstruyan la labor de la administración pública. Además, les prohibieron salir de sus comunidades. La audiencia para determinar su responsabilidad será el 11 de enero de 2011.
De acuerdo a las leyes hondureñas, el proceso esta plagado de irregularidades violando el principio del debido proceso. La detención fue ilegal ya que fueron puestas a la orden del juez, Eris Armando Hernández, después de 24 horas de su arresto, con cual procede la nulidad del proceso. De igual manera es irregular que la Fiscalía de Delitos Comunes de Nacaome, Valle, interponga la demanda cuando no está facultada por la Procuraduría General de la República, instancia que es la representante legal del Estado.
Como en su momento la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y El Caribe (AMARC-ALC) denunció, las detenciones se hicieron mientras se efectuaba el desalojo de tierras de una familia en la comunidad de Coyolito de la Isla de Zacate Grande, al sur de Honduras. Ante ello la población se solidarizó y protestó frente a la propiedad. La respuesta de las fuerzas armadas junto a las guardias privadas del Banco HSBC, quien aduce una hipoteca vencida, fue la represión. A pesar de que ambas corresponsales estaban acreditadas como periodistas también las detuvieron.
En el caso de Rubio, quien se encontraba grabando con una cámara de video en el techo de una casa como parte de su labor periodística, fue violentamente bajada y le confiscaron tanto la cámara como su carnet de corresponsal. A Hernández igualmente le confiscaron su carnet y su cámara fotográfica.
AMARC-ALC exige a las autoridades hondureñas la inmediata anulación del proceso penal contra Hernández y Rubio, quienes sólo estaban cumpliendo su labor de informar sobre los hechos y quienes estaban plenamente identificadas como corresponsales de la emisora. Su detención y posterior proceso legal son claramente violatorios de la libertad de expresión y de prensa. Además se les debe reponer su equipo de trabajo y pagar los gastos médicos que se deriven por los golpes que recibieron.
