La pena de prisión que enfrentaba el periodista Rogelio Peláez, acusado de calumnia por haber revelado un caso de desvío de fondos públicos en la publicación Larga Vista, fue anulada por la Corte Suprema. Una buena noticia que no debe ocultar las tensiones entre el gobierno y los periodistas independientes.
La pena de prisión que enfrentaba el periodista Rogelio Peláez, acusado de calumnia por haber revelado un caso de desvío de fondos públicos en la publicación Larga Vista, fue anulada por la Corte Suprema. Una buena noticia que no debe ocultar las tensiones entre el gobierno y los periodistas independientes. Actualmente varios periodistas están en el punto de mira de la justicia boliviana.
Reporteros sin Fronteras celebra que la Corte Suprema de Justicia de Bolivia haya anulado la sentencia de dos años y seis meses de cárcel que enfrentaba Rogelio Peláez. El periodista y director de la publicación mensual Larga Vista había sido acusado de calumnia por el abogado Waldo Molina, después de que el periodista reveló en el número de abril de 2010 de Larga Vista un caso de desvío de fondos públicos en el que estaban involucrados miembros del gobierno boliviano. Esta decisión tuvo lugar tras cinco años de proceso y de acoso judicial contra el periodista.
“Aunque Reporteros sin Fronteras celebra que la pena de prisión contra Rogelio Peláez haya sido anulada, la organización no puede olvidar los cargos abusivos que enfrentan Claudio Aguilar y Claudia Buenavente”, señaló Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras. “El gobierno boliviano emprendió un proceso legal contra estos periodistas del diario La Razón, acusándolos de espionaje y de revelar secretos de Estado; también existe el riesgo de que se viole el secreto de fuentes informativas. La justicia boliviana debe observar y respetar el secreto de fuentes de los periodistas garantizado por la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925”, agregó.
El 13 de abril de 2014 La Razón publicó un reportaje de Ricardo Aguilar sobre un juicio instaurado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por el Estado boliviano frente a la República de Chile “para una negociación de buena fe” y por una salida soberana al Océano Pacífico. La Procuraduría General del Estado solicitó a las autoridades judiciales que iniciarán un juicio contra Ricardo Aguilar por “espionaje” y Claudia Buenavente, directora de este diario, por “complicidad”. Asimismo, el Procurador General del Estado le ordenó al periodista que revelara la identidad de sus fuentes informativas. Según las autoridades, la información publicada en La Razón revelaría secretos de Estado. No obstante, en Chile los documentos relativos al juicio emprendido por Bolivia se encuentran disponibles para el público en general.
Este proceso se desarrolla en un clima hostil para el periodismo de investigación. El 17 de junio de 2014 los estudios del Canal 33 de televisión fueron atacados en plena grabación. Cuando el programa “Lo que se ve, se anota” se preparaba para recibir a Rodolfo Calle, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, desconocidos lanzaron una granada de gas lacrimógeno a las instalaciones del canal. Esa mañana en el estudio del canal se recibieron llamadas telefónicas anónimas en las que se exigía el corte de la entrevista que se realizaría en el programa.
La tensa situación que enfrentan los periodistas queda confirmada con las declaraciones del presidente Evo Morales. El 17 de junio de 2014 el presidente expresó en una conferencia de prensa la poca confianza que tenía en la prensa independiente. Señaló que cada medio de comunicación llamado independiente posee una “alineación” e intereses privados. El Estado boliviano ha emprendido varios procesos legales contra diversos medios de comunicación, entre ellos el diario Página Siete y la agencia Fides, por difamación y calumnia.
Bolivia se encuentra en el lugar 94, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
