El recurso –cuyo principio apoya Reporteros sin Fronteras– fue presentado despues de que individuos vestidos de civil se presentaron el domicilio de Chong y exigieron al periodista, bajo pena de arresto, que les entregara los videos que había grabado para su medio de comunicación.
(RSF/IFEX) – 2 de abril de 2012 – La Corte de Apelaciones de Coyhaique debe examinar este 2 de abril de 2012 el recurso de amparo preventivo interpuesto después de que se intentara confiscar las imágenes grabadas por el dueño y director del Canal 40 TV Aysén, Samuel Chong Rivera, durante las recientes protestas sociales en esta región de la Patagonia. El recurso –cuyo principio apoya Reporteros sin Fronteras– fue presentado por el senador Alejandro Navarro Brain y el abogado Rubén Jerez, del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El 29 de marzo, individuos vestidos de civil se presentaron el domicilio de Chong. Sin mostrar su identificación, quienes dijeron ser “detectives” exigieron al periodista, bajo pena de arresto, que les entregara los videos que había grabado para su medio de comunicación el 15 de marzo, como relata el diario en línea El Periodista. Las imágenes buscadas mostraban a manifestantes cuando incendiaban un autobús y un carro lanza agua (guanaco) de los carabineros. Chong se negó a entregarles el material. Horas más tarde se presentó el recurso de amparo para proteger sus derechos.
“Si bien tenemos esperanzas de que la Corte de Coyhaique dé una respuesta favorable al periodista en este proceso, consideramos que debe realizarse una investigación seria para identificar lo más rápido posible a quienes intentaron poseer de forma indebida un trabajo periodístico. Esta manera de proceder no sólo viola el secreto profesional, del que Chong puede valerse, al igual que todos sus colegas, sino que también intenta establecer un dispositivo que busca convertir a los periodistas en auxiliares de las fuerzas del orden. Este procedimiento formaba parte de un muy polémico proyecto de ley (la llamada “Ley Hinzpeter”), pero la norma que lo contemplaba fue tan criticada que el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter finalmente la eliminó de la reciente legislación de seguridad que lleva su nombre”, recordó Reporteros sin Fronteras.
El movimiento popular que agitó la región de Aysén durante dos meses dio lugar a una fuerte represión e, incluso, al intento de bloquear los medios de acceso a la información en este territorio. No obstante, Reporteros sin Fronteras celebra el anuncio hecho por las autoridades locales el 29 de marzo, de que se retirarán los cargos contra 22 personas detenidas durante las manifestaciones del 20 de marzo –entre ellas, el camarógrafo del Canal 3 (de Radio Santa María), Víctor Hugo Gómez–, que habían sido presentados en nombre de la Ley de Seguridad del Estado (LSE), que data de la dictadura (1973-1990).
Chile, que sufrió una caída importante en la última Clasificación de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros sin Fronteras (ocupa el lugar 80 de entre 179 países), no ha puesto fin a los numerosos excesos cometidos por los carabineros contra los periodistas. Prueba de ello es el violento y arbitrario arresto de Andrés Jara, de Radio Cooperativa, el 27 de marzo, cuando cubría el incendio de una fábrica de plásticos en Huechuraba, en el área metropolitana de Santiago. Las fuerzas del orden no dieron ninguna explicación por estos hechos.
