(FLIP/IFEX) – El 18 de octubre de 2006, en los departamentos de Sucre y Córdoba, al norte del país, se suspendió la señal de televisión del Canal Institucional, justo cuando comenzaba un debate en el Congreso sobre congresistas vinculados al paramilitarismo. Los hechos se presentaron cuando el partido Polo Democrático – un partido del centro-izquierda […]
(FLIP/IFEX) – El 18 de octubre de 2006, en los departamentos de Sucre y Córdoba, al norte del país, se suspendió la señal de televisión del Canal Institucional, justo cuando comenzaba un debate en el Congreso sobre congresistas vinculados al paramilitarismo.
Los hechos se presentaron cuando el partido Polo Democrático – un partido del centro-izquierda – se disponía a intervenir en el debate sobre los políticos que aparecen en el computador del jefe paramilitar «Jorge 40» como colaboradores de este grupo insurgente.
Según reportaron algunos periodistas de la zona, en el departamento de Córdoba se interrumpió la señal abierta de televisión nacional en el momento en que el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, comenzaba a hablar. Sólo los usuarios de televisión por cable – una minoría pequeña de colombianos – pudieron observar el debate.
En algunas zonas del departamento de Sucre también se presentaron inconvenientes con la señal de televisión. La transmisión del cableoperador Satelcaribe se interrumpió por intervalos, hasta que se normalizó cuando el debate en el Congreso estaba avanzado. Uno de los periodistas sucreños consultados por la FLIP aseguró que la señal de Satelcaribe se normalizó cuando el senador Álvaro García Romero – uno de los señalados por tener vínculos con el paramilitarismo – iniciaba su defensa.
Simultáneamente, la señal de televisión satelital a través de Direct TV, también presentó fallas. La transmisión se quedó sin audio y posteriormente se fue la imagen. Estos problemas se presentaron únicamente con el Canal Institucional.
Los demás canales que ofrece Direct TV funcionaron perfectamente.
Córdoba y Sucre son dos de los departamentos con mayor influencia paramilitar en el país. Tres políticos oriundos de este último están involucrados en la lista del computador de «Jorge 40».
Un periodista le dijo a la FLIP que no es la primera vez que se presentan interrupciones en la señal televisiva cuando se transmiten debates de este tipo. Aseguró que en 2005 ocurrió lo mismo durante un debate en el que el senador García se defendía de otras acusaciones, también por vínculos con el paramilitarismo.
Dichas denuncias fueron igualmente hechas por Gustavo Petro, en ese entonces representante a la Cámara. Estas acusaciones dieron origen a una investigación que la Corte Suprema de Justicia adelanta actualmente en contra García Romero.
El gerente de la empresa Satelcaribe, Alberto Méndez, le dijo a un periodista local que estos problemas con la señal «se vienen presentando desde hace varias semanas» y tienen su raíz en fenómenos climáticos.
La FLIP intentó dialogar con algún funcionario de Direct TV para que explicara lo sucedido, pero no fue posible establecer un contacto a través de sus operadoras.
En un comunicado emitido el 19 de octubre, la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, afirmó haber pedido explicaciones sobre lo sucedido con la señal al operador de la red pública, Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC.
«De comprobarse que hubo alguna irregularidad, se iniciará la investigación correspondiente, y de ser necesario, se ordenará la retransmisión del debate», expresó el director de la CNTV, Jorge Figueroa Clausen.
RTVC afirmó, a través de su gerente, Eduardo Osorio, que no hubo ningún tipo de problema técnico, de calidad o de cobertura. Añadió que los ingenieros de la entidad hicieron un monitoreo a las estaciones transmisoras ubicadas en los dos departamentos y comprobaron que la señal del Canal Institucional estaba al aire. «Otra cosa pudo pasar con los operadores privados de televisión por cable», aseguró.
La FLIP registra con preocupación las fallas presentadas en la transmisión del debate del Congreso de la República, y estará a la expectativa de las investigaciones sobre este hecho. Resultaría aberrante constatar que se le intentó ocultar a la opinión pública información política trascendental, que además ponía de presente posibles casos de corrupción. No sólo constituiría un caso de control de contenidos, sino también una violación del derecho de los ciudadanos a recibir información.
