Comienzo de un nuevo año en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En México, un inminente fallo de la Suprema Corte abre una coyuntura crítica para los derechos digitales y la libertad de expresión. Un controvertido proyecto de ley sobre ONG en Venezuela amenaza con restringir aún más el espacio cívico, poniendo en riesgo el funcionamiento de organizaciones que cumplen un papel vital de contralor del poder. Las recientes elecciones en El Salvador y la postura cada vez más autoritaria del Presidente Bukele presagian más dificultades para la libertad de prensa y la institucionalidad democrática.
México: nuevas amenazas a los derechos digitales y la libertad de expresión
En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protagonizará un momento decisivo que podría determinar el futuro de los derechos digitales en el país. El máximo órgano judicial mexicano debe pronunciarse sobre varias impugnaciones a las enmiendas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Lo que está realmente en juego con esta decisión de la SCJN es la libertad de expresión en línea y al acceso de la ciudadanía a la cultura y la ciencia.
Desde hace casi cuatro años se han sucedido numerosos recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad contra las reformas de la LFDA, presentados entre otros por ARTICLE 19 México y Centroamérica y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las objeciones a estas reformas han confluido en la campaña #NiCensuraNiCandados, que resalta la grave amenaza que suponen para la libertad de expresión en línea y para los derechos a la ciencia y la cultura.
El elemento preocupante que destaca Priscilla Ruiz, coordinadora legal de derechos digitales de ARTICLE 19 México y Centroamérica, es un mecanismo conocido como “notificación y retirada” que se introduce en la ley:
“Con este mecanismo se buscaba contemplar los intereses de los creadores, y animarlos a compartir sus contenidos, brindándoles la posibilidad de que ante una publicación no autorizada de contenidos suyos pudieran enviar una mera notificación al proveedor de servicios de Internet y hacer que la publicación se eliminara de inmediato. Sin embargo, se ha constatado que este procedimiento se utiliza de manera fraudulenta, no para combatir violaciones reales de los derechos de autor, sino para acallar a la prensa”.
Organismos internacionales de derechos humanos también han advertido que la remoción automatizada de contenidos es incompatible con la libertad de expresión. ARTICLE 19 ha recabado evidencia que demuestra cómo muchas veces se utiliza este sistema de manera abusiva para censurar información que no vulnera derechos de autor, incluida información de interés público. Esto produce un efecto de inhibición que fomenta ampliamente la autocensura entre los usuarios de servicios en línea.
Incluso sin el tipo de “censura automatizada” que podría generar la enmienda, el contexto actual es tal que desalienta la circulación de información. En febrero se produjo un caso destacado de autocensura en el que varios periodistas mexicanos, entre ellos Julio Astillero y Alejandro Páez Varela, denunciaron que recibieron notificaciones que los intimaban a eliminar contenido de sus segmentos de noticias en YouTube debido a su inclusión de un video publicado por el precandidato presidencial Jorge Álvarez Maynez del Movimiento Ciudadano. Los periodistas quitaron el contenido por temor a que la plataforma los sancionara.
Legislación venezolana: nuevas amenazas a organizaciones de la sociedad civil
La sociedad civil venezolana enfrenta una importante amenaza con el replanteamiento de un controvertido proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales (ONG). La norma propuesta, impulsada por la destacada figura gubernamental Diosdado Cabello, busca desmantelar y reconfigurar el marco jurídico que regula a las ONG y a las asociaciones civiles. El gobierno busca tener mayor control sobre la sociedad civil al requerir que estas organizaciones se reinscriban en un nuevo sistema de registro más estricto que pone bajo la lupa a sus miembros, donantes y actividades financieras.
El proyecto de ley, que tuvo una primera lectura en enero de 2023, presenta a las organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos como enemigos del Estado, acusándolas de financiar al terrorismo con fondos ilícitos, y estigmatiza su trabajo y el papel que cumplen en la sociedad. En este momento el proyecto se encuentra en fase de “consulta” y ha provocado amplia preocupación entre grupos de derechos humanos. En enero de 2024, IFEX-ALC firmó junto a Alianza Regional, Voces del Sur y otras redes una declaración conjunta en la que se advertía que la ley limitaría y amenazaría gravemente las actividades de las ONG en Venezuela.
“Exhortamos a la comunidad internacional a dar su apoyo con acciones que eviten que avancen esta y otras legislaciones similares en la región, ya que solo buscan restar libertades en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes y promueven más acciones restrictivas y antidemocráticas. De aprobarse esta ley, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela estaría aún más limitado y amenazado, lo que podría desatar una escalada en la persecución penal hacia personas defensoras y activistas”.
El marco jurídico propuesto no solo somete a las organizaciones de la sociedad civil a extensos controles y sanciones por parte del gobierno, sino que también atenta contra su autonomía al hacer que su existencia dependa de la voluntad del gobierno. Además, bien podría argumentarse que constituye una táctica más para intentar sofocar a la oposición y controlar la interpretación de los hechos de cara a las elecciones presidenciales. La reciente detención de Rocío San Miguel, una destacada defensora de los derechos humanos, especialista en asuntos militares y conocida por sus fuertes críticas al gobierno, quien además fue acusada de participar en un complot golpista contra el Presidente Nicolás Maduro, pone de relieve la intención del gobierno de reprimir a las voces disidentes con el pretexto de la seguridad nacional.
Si esta ley se llegara a aprobar, Venezuela entraría en una coyuntura crítica que podría significar la clausura irrevocable del espacio cívico y democrático en el país. Como señala Marta Valiñas, presidenta de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, esto podría marcar un punto sin retorno.
A pesar de exponerse a cuantiosas multas por incumplimiento, las asociaciones civiles y ONG siguen siendo una parte vital del tejido social de Venezuela, ya que desempeñan un papel crucial de fiscalización y defensa en temas que van desde violaciones de los derechos humanos y corrupción hasta la gestión ambiental y la libertad de expresión. La resiliencia de estas organizaciones ante la escalada de presiones pone de relieve la lucha constante por una estructura de gobierno transparente y que rinda cuentas ante la ciudadanía. Pero está por verse hasta qué punto podrán seguir resistiendo frente a desafíos políticos y sociales tan profundos.
El panorama postelectoral en El Salvador: crecientes amenazas a la libertad de prensa
En El Salvador, las elecciones de 2024 se han convertido en un punto central de los debates sobre la libertad de prensa y la salud de la democracia. Varias organizaciones internacionales, entre ellas ARTICLE 19 México y Centroamérica, Protection International – Mesoamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa, así como Fundamedios, el Comité para la Protección de los Periodistas, Free Press Unlimited y la red Voces del Sur, se habían manifestado en apoyo a los periodistas salvadoreños, insistiendo en la necesidad de que no se restringieran la libertad de expresión y los derechos fundamentales en el proceso electoral. En un difícil contexto electoral, los periodistas enfrentaron limitaciones, amenazas y violencia, denunciándose un total de 64 incidentes contra la prensa entre julio de 2023 y los comicios.
Un hombre muestra un diario con la foto de Nayib Bukele en portada bajo un titular anunciando su reelección, en San Salvador (El Salvador), el 5 de febrero de 2024. Marvin Recinos/AFP vía Getty Images
El triunfo del Presidente Nayib Bukele, que no sorprendió a nadie, a pesar de las dudas en torno al proceso electoral, ha generado reclamos por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa que llaman a garantizar un entorno seguro para los periodistas. La presidencia de Bukele ha estado caracterizada por su manejo del tema de la seguridad y la contención de la violencia, que llevó al encarcelamiento de un número sin precedentes de pandilleros bajo un estado de emergencia. Si bien algunos salvadoreños consideran que estas medidas son un sacrificio necesario, la represión ha suscitado debates sobre las violaciones de los derechos humanos y las condiciones en las cárceles.
El “modelo Bukele” de suspensión de derechos fundamentales como solución a la violencia está ganando adeptos en toda América Latina. Su afirmación de que 2023 fue el año más seguro de la historia de El Salvador contrasta fuertemente con denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos, poniendo de relieve una tendencia preocupante hacia el autoritarismo.
El deterioro de la institucionalidad democrática y la ofensiva contra la libertad de expresión, evidentes en los comentarios despectivos de Bukele sobre periodistas “financiados por Soros”, revelan un ataque más amplio a la sociedad civil y la prensa. Esta coyuntura plantea un desafío importante para la región, ya que otros países han adoptado, o están considerando adoptar, medidas de emergencia similares, con el consiguiente riesgo de que se consolide una ‘nueva normalidad’ en la que las soluciones armadas y el debilitamiento de las instituciones democráticas sean cada vez más aceptados por una ciudadanía desesperada por seguridad.
La periodista Fabiola Chambi señala paralelismos entre El Salvador, Ecuador y Honduras y alerta sobre las consecuencias que pueden tener estas medidas de emergencia para la democracia y el estado de derecho en el largo plazo. La persistente popularidad de líderes como Bukele, a pesar de las inquietudes que suscitan en materia de derechos humanos, augura un futuro sombrío para la libertad de prensa y los valores democráticos en la región, y subraya la necesidad de una labor de vigilancia y defensa para salvaguardar estos derechos fundamentales.
En breve
- La violencia contra la prensa se intensifica en Haití: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por el recrudecimiento de la violencia por parte de grupos del crimen organizado en Haití. Insta al Estado y a la comunidad internacional a buscar soluciones íntegras y duraderas para superar la crisis humanitaria, política, social y de seguridad que vive el país desde hace décadas.
- El proyecto de ley “ómnibus” impulsado por el presidente de Argentina Javier Milei, que proponía enmiendas a más de 300 leyes, fue rechazado por el Congreso, en lo que constituyó una importante derrota para la nueva administración en medio de crecientes tensiones con gobiernos provinciales. Cabe señalar que durante la cobertura mediática del debate legislativo y las protestas que acompañaron la consideración del proyecto en enero, al menos 27 periodistas resultaron heridos en medidas represivas de la policía.
- La audiencia en la causa del periodista José Rubén Zamora en Guatemala fue nuevamente postergada. Inicialmente prevista para el 5 de febrero, se aplazó por conflicto de fechas con el calendario del Consejo de la Carrera Judicial. Se fijó una nueva audiencia para el 21 de febrero, pero se postergó una vez más, sin que se haya especificado aún otra fecha. Esta postergación es una más en una serie de demoras que han afectado a un proceso plagado de irregularidades judiciales. En mayo de 2023, una misión internacional de observación de las condiciones de la libertad de prensa en Guatemala visitó el país y corroboró las malas condiciones de detención del periodista, algo que también han resaltado su familia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala.