Reyhana Masters y Laura Vidal analizan cómo este flagelo mundial afecta a las regiones de África y América Latina y el Caribe, el panorama de amenazas específico para las mujeres periodistas y cómo se puede brindar un mejor apoyo a quienes se ven obligados a huir.
Esta es una traducción del artículo original.
El desplazamiento forzado de periodistas y defensores de derechos se ha convertido en un fenómeno mundial. En esta primera parte, las autoras examinan algunas de las causas raíces de este fenómeno y sus impactos en África y América Latina y el Caribe. En la segunda parte comparten iniciativas de apoyo y reflexionan sobre las posibilidades para una mayor colaboración entre regiones.
La expresión en el exilio: causas raíces e impactos
En América Latina y el Caribe, la erosión de las protecciones democráticas y el avance del autoritarismo en países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití, El Salvador y Guatemala han obligado a muchos periodistas, y en algunos casos hasta a medios de comunicación enteros, a exiliarse. El crimen organizado transnacional también supone una amenaza importante, sobre todo en países como Ecuador, Colombia y México, donde redes criminales suelen estar entrelazadas con políticos corruptos. En el Caribe, la violencia estatal y el crimen organizado en Cuba y Haití han provocado un aumento del número de periodistas obligados a abandonar sus hogares.
Por su parte, en África Occidental se han sucedido los golpes de estado militares desde 2020, situación que ha llevado a un grave deterioro de la libertad de expresión y la autonomía de los medios de comunicación. Los periodistas que informan sobre inestabilidad política, problemas de gobernabilidad y casos de corrupción enfrentan crecientes amenazas de las juntas militares que están en el poder. Del mismo modo que Nicaragua, Cuba y Venezuela se han distanciado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de sus países vecinos, así como de la Unión Europea, en África, países como Níger, Malí y Burkina Faso se han alejado de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y han conformado la Alianza de Estados del Sahel. Esto ha modificado aún más la dinámica regional, y el giro que se ha producido en la política exterior ha envalentonado a los gobiernos en sus esfuerzos por expulsar a periodistas extranjeros, suspender a medios de prensa independientes y atacar a reporteros locales.
Como señala Irene Khan, Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en su informe sobre Periodistas en el Exilio:
Los y las periodistas en el exilio son un recordatorio, por un lado, del implacable ataque contra los derechos humanos en algunas partes del mundo y, por otro, del costo humano de la violencia y la represión
Tanto en América Latina como en África, los periodistas que denuncian casos de corrupción, mala gestión política o abusos de los recursos públicos se ven cada vez más amenazados. También han enfrentado desafíos significativos en su trabajo en el mundo digital, en particular en lo que respecta a la seguridad digital y a los apagones de Internet impuestos en momentos de crisis, situación que se ha convertido en una amenaza solapada a la democracia.
En 2023, un estudio de Digital Security Lab, el servicio de análisis forénsico de Reporteros Sin Fronteras (RSF), detectó huellas de software de espionaje o spyware en los teléfonos de Loïc Lawson, editor de Flambeau des Démocrates, un semanario independiente de Togo, y del periodista independiente togolés Anani Sossou. Otro periodista togolés, Isidore Kowonou, que tuvo que huir a un país vecino “cruzando ríos y atravesando bosques”, describe el profundo temor que le infunde el alcance represivo del gobierno de su país:
“Ah, es muy difícil. Mi madre llora cada vez que la llamo. Yo hubiera preferido estar en otro lado, porque conociendo al régimen togolés, si me quedo en el continente africano me pueden alcanzar. Muchos compatriotas ya han sido víctimas de esto”.
En varios países de ambas regiones, la integridad electoral está comprometida, proliferan los conflictos internos y levantamientos militares sacuden la estabilidad institucional. En este contexto, el papel del periodismo de investigación se ve continuamente obstaculizado por quienes detentan el poder (independientemente de sus posturas ideológicas). Su retórica contra la prensa se difunde en las redes sociales y sobre el terreno, erosionando la confianza del público y disminuyendo el apoyo a la labor de la prensa y a la seguridad de los periodistas.
Con el destierro de periodistas se busca generar un vacío informativo intimidando a los medios y a sus fuentes para acallarlos. Como señala Kowonou: “con nuestra partida [en referencia a su exilio y el de su colega Ferdinand Ayité] se produjo un vacío. A través de las redes sociales la gente nos dice que desde que nos fuimos ya no tienen información veraz”.
Seguir informando desde el exilio no es sencillo. Kowonou agrega:
“Desde aquí, tenemos que pedirles a otros, sobre todo al equipo que se quedó en el país, que investiguen y salgan a buscar información. Ellos también tienen que tener cuidado. Algunas de nuestras fuentes se han vuelto reacias a dar información, porque temen que las autoridades se enteren de que nos están pasando datos”.
El exilio no es garantía de seguridad
Para los periodistas tanto de África como de América Latina, el exilio muchas veces no les brinda la seguridad que buscan. Además del trauma del destierro y de tener que separarse de sus familias, enfrentan el desafío que supone desconectarse de sus redes de información y su público. La precariedad de su situación se agudiza debido a que en los países a los que huyen no cuentan con apoyo sostenido en materia de infraestructura y recursos.
Esto es particularmente evidente para quienes buscan refugiarse en Europa Occidental, Estados Unidos o Canadá, donde les puede parecer imposible continuar con su labor periodística. Además, la creciente retórica antiinmigrantes y la agudización de las políticas restrictivas en estas regiones complican aún más sus situaciones migratorias.
En muchos casos, los periodistas huyen primero a países vecinos donde su integridad física sigue en riesgo. Muchos periodistas de Burundi que se habían refugiado inicialmente en Ruanda se vieron obligados a trasladarse a Europa o a Estados Unidos ante la creciente restricción del espacio cívico de su primer país de acogida.
Pero vayan donde vayan, los periodistas siguen estando en peligro por el simple hecho de continuar con su labor. Un caso destacado en este sentido, sucedido este año, es el de la locutora de radio burundesa Florianne Irangabiye, que fue condenada a diez años de prisión en su país de origen por sus programas críticos emitidos desde Ruanda.
El acoso y la violencia suelen cruzar las fronteras. El aumento de la represión transnacional permite a los gobiernos continuar con la persecución de sus críticos en el exterior. En vez de encontrar seguridad, muchos periodistas exiliados viven en constante temor, como si siguieran huyendo. Deben mantenerse alertas ante una posible vigilancia y la persistencia de riesgos a su integridad física, sobre todo los periodistas que proceden de países con un historial de represión transnacional, como es el caso de Sudán, Etiopía, Ruanda y, más recientemente, los Estados del Sahel de África Occidental.
El periodista ruandés conocido por el seudónimo Kwizero Kalisa tuvo que huir a Kenya tras ser alertado de un plan para secuestrarlo. Su persecución tuvo que ver directamente con sus informes de prensa sobre la supresión forzada del gobierno de las muertes en la República Democrática del Congo de combatientes de la milicia rebelde M23 respaldada por Ruanda y Uganda. Kalisa se dio cuenta de que ningún país vecino era seguro, dado que su familia era interrogada insistentemente sobre su paradero, incluso luego de que él huyera del país.
Kalisa tomó la decisión de marcharse de Kenya y buscar refugio en Europa al ver la suerte corrida por otros periodistas que habían huido de Ruanda a países vecinos donde fueron asesinados o desaparecidos. “En Uganda, por ejemplo, está el caso de Charles Ingabire, redactor jefe de la publicación en línea Inyenyeri Newsy crítico frontal del gobierno ruandés, que fue asesinado de dos disparos en el pecho cuando volvía a su casa en Bukesa-Kikoni Makerere, un distrito de Kampala”, recuerda Kalisa.
“En Mozambique, Ntamuhanga Cassien, un periodista ruandés que se había visto obligado a abandonar su país luego de recibir amenazas de muerte por sus programas [sobre el proceso de reconciliación y unidad nacional en Ruanda], desapareció tras ser secuestrado por ocho individuos que se hacían pasar por efectivos policiales mozambiqueños, acompañados por un supuesto funcionario de la embajada de Ruanda en Maputo. Organizaciones de derechos humanos continúan buscándolo, pero no han logrado dar con su paradero”.
La persecución de periodistas cubanos es otro ejemplo de cómo la represión no termina con el exilio. José Jasán Nieves Cárdenas, editor cubano residente en Miami, recibió un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. En el mensaje le advertían: “Hemos intentado contactar contigo de todas las formas posibles, pero nos has rechazado. Ahora tendremos que ir a buscarte personalmente, y sabemos exactamente dónde encontrarte”. Junto al mensaje había un video donde se podía ver el frente de su casa. Periodistas cubanos exiliados en España también han denunciado un acoso constante por parte de agentes que estarían vinculados al gobierno cubano.
Por otra parte, se ha intensificado también la aplicación indebida de leyes para combatir los delitos informáticos. Estas leyes se utilizan cada vez más como armas contra periodistas, iniciándose largos procesos judiciales en su contra, que terminan en detenciones, sentencias de prisión o torturas.
En África, ya se han empleado con esos fines leyes nacionales contra crímenes cibernéticos, y existe una creciente preocupación de que esto se transforme en una tendencia mundial. Según la defensora nicaragüense de los derechos humanos Alexa Zamora, la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia no contiene suficientes salvaguardias contra posibles abusos, lo cual hace temer que podría facilitar aún más represión:
“Preocupa profundamente la situación de los periodistas que trabajan en el anonimato, tanto en el extranjero como sobre el terreno. Con este nuevo marco internacional, ya no habrá lugar seguro para ellos”.
Gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua han recurrido a medidas extremas para extender el alcance de su persecución y control, como la revocación de pasaportes o la suspensión de la ciudadanía. Estas tácticas no solo limitan el acceso a derechos básicos, sino que además aumentan los riesgos que corren los periodistas en las fronteras. En dichos países, también sufren persecución los familiares de periodistas que son obligados a exiliarse.
El panorama de amenazas para las mujeres periodistas
El periodismo de investigación, ya de por sí un campo minado de riesgos, plantea amenazas singulares para las mujeres, quienes además de la violencia que sufren de parte de diversos adversarios suelen enfrentar discriminación en el lugar de trabajo, oportunidades limitadas de liderazgo y problemas económicos.
En Ecuador, un estudio exhaustivo sobre las condiciones laborales de las mujeres periodistas – que podría extrapolarse al resto de la región y más allá – arrojó que estas presiones, agravadas por la violencia de género y las normas sociales, a menudo las empujan al exilio.
Estas condiciones subyacentes están tan extendidas que los problemas de género suelen persistir y acompañarlas en el extranjero. Sufren en forma desproporcionada amenazas de violencia sexual, acoso y ataques personales, sobre todo cuando informan sobre temas sensibles en áreas tradicionalmente dominadas por los hombres, como la política y la seguridad.
Un ejemplo particularmente elocuente es el caso de la periodista Keiso Mohloboli, que en su libro Hounded: African Journalists in Exile, cuenta los desafíos que enfrentó al informar sobre las transgresiones del ejército cuando trabajaba para el medio Lesotho Times. Su experiencia la llevó finalmente a abandonar el país cuando se intensificaron las amenazas desde el sector de seguridad.
Los ataques comenzaron con comentarios despectivos y descalificadores de parte de quien era en ese momento portavoz de la Fuerza de Defensa de Lesotho, que la tildó de “periodista inexperta”, y con el hostigamiento de parte de funcionarios “cada vez que solicitaba información”. La situación fue empeorando; además de recibir amenazas, la periodista fue detenida arbitrariamente, obligada a pedir disculpas y envuelta en una batalla legal. Finalmente, incluso agredieron violentamente al editor del Lesotho Times, Lloyd Mutungamiri.
“Mi calvario no terminó al marcharme de Lesotho. En junio de 2017, recibí amenazas de muerte a raíz de una publicación que hice en mi muro personal de Facebook. Un usuario de Facebook que se identificaba como Lawrence Kori comentó mi publicación amenazándome y advirtiéndome que estaba a un paso de la tumba, que pronto moriría”.
Kelso Mohloboli
La última encuesta de UNESCO revela que el 73 % de las mujeres periodistas ha sufrido violencia en línea por su trabajo, cifra que Dagmar Flores, coordinadora del área de protección de Fundamedios, corrobora que está en aumento, según puede constatarse en varios informes que describen ataques digitales, que muchas veces se extienden al espacio físico.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado numerosos casos de periodistas mexicanas que tuvieron que abandonar sus ciudades de origen ante amenazas violentas contra ellas y sus familias.
Más que en el caso de sus colegas masculinos, las periodistas no solo deben tener en cuenta la seguridad de sus hijos, sino que se espera de ellas que asuman esa responsabilidad también en el exilio. El panorama de amenazas hace que muchas veces deban huir con sus hijos.
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