Durante una visita reciente a la región, RSF comprobó el callejón sin salida en que se encuentran las diferentes investigaciones.
(RSF/IFEX) – 19 de noviembre de 2010 – Cuatro periodistas se encuentran aún desaparecidos en el estado de Michoacán (sudoeste), uno de los epicentros de la ofensiva federal contra los carteles de droga, emprendida poco después de la investidura del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. La desaparición de José Antonio García Apac, el 20 noviembre de 2006, aconteció poco antes del inicio de estas operaciones. Cuatro años más tarde, nadie sabe qué sucedió con el director del semanario local «Ecos de la Cuenca».
Michoacán es conocido por su temible cartel «La Familia», del que uno de los jefes, Arnaldo Rueda, fue arrestado en 2009. Durante una visita reciente a la región, Reporteros sin Fronteras comprobó desafortunadamente el callejón sin salida en que se encuentran las diferentes investigaciones. No obstante, según nos confió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano, en el periodo 2008-2010 el organismo ha emprendido alrededor de 600 acciones concernientes a 123 casos de desaparición.
En su oficina de la CEDH se apilan once expedientes de quejas por agresiones a periodistas. La mayor parte de estos corresponden a cateos ilegales y amenazas, que implican a la Policía Federal o al ejército. Los ataques contra la prensa se atribuyen tanto a los funcionarios como al crimen organizado. La pesadez burocrática, tanto a nivel de los estados como a escala federal, también explica el retardo en los expedientes que deberían ser tratados prioritariamente.
En México, el Código Penal Federal establece el término «desaparición forzada» únicamente en los casos que implican a funcionarios o personas que ostentan un cargo público. Por otra parte, la «desaparición» no se contempla en el marco de delitos sancionados por el Código Penal de Michoacán. Por ello, jurídicamente, los cuatro casos recientes de periodistas se instruyen como «privaciones ilegales de la libertad». Como consecuencia de esta imprecisión legal, las diferentes administraciones responsables, ya sean locales o federales, no han cesado de reenviarse mutuamente los expedientes.
Durante este tiempo, las familias de los cuatro periodistas desaparecidos en Michoacán se han cansado de insistir a las autoridades para obtener respuestas.
Las investigaciones sobre la desaparición de José Antonio García Apac se encuentran prácticamente en un punto muerto. El expediente ha sido enviado a «reserva» en tres ocasiones – la última se remonta a marzo de 2008 – a falta de nuevos elementos que permitan reactivar la investigación. Según sus allegados, el periodista poseía información concerniente a la colusión de funcionarios del estado y de municipios de Michoacán con el narcotráfico. Poco antes de su desaparición, José Antonio García Apac había intentado varias veces alertar a las autoridades federales de la situación.
El caso de Mauricio Estrada Zamora no ha mostrado mayor avance. El periodista, corresponsal del periódico regional «La Opinión de Apatzingán», se encuentra desaparecido desde el 12 de febrero de 2008. Al día siguiente de su desaparición se publicó un artículo firmado por él que relataba el arresto de una banda de narcotraficantes en la localidad Aguililla. Un agente del grupo antisecuestros sugirió entonces a la familia un hecho causa-efecto. Según otra versión, el periodista tenía diferencias con un sujeto apodado «El Diablo», policía de la ex Agencia Federal de Investigación (el FBI mexicano), enfocada completamente a la lucha antidroga. Las razones del conflicto nunca fueron reveladas y «El Diablo» fue transferido fuera de Michoacán el 11 de febrero de 2008, la víspera de la desaparición del periodista de «La Opinión de Apatzingán».
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