(FLIP/IFEX) – Amenazas contra periodistas, obstrucciones a la distribución de medios y posibles sabotajes de transmisiones televisivas revelan la preocupante situación del periodismo en la Costa Atlántica luego de las primeras decisiones judiciales por vínculos entre políticos y paramilitares. El periodista José Ponce Obispo, director del programa «Mi Radioperiódico» de la emisora Radio Galeón, de […]
(FLIP/IFEX) – Amenazas contra periodistas, obstrucciones a la distribución de medios y posibles sabotajes de transmisiones televisivas revelan la preocupante situación del periodismo en la Costa Atlántica luego de las primeras decisiones judiciales por vínculos entre políticos y paramilitares.
El periodista José Ponce Obispo, director del programa «Mi Radioperiódico» de la emisora Radio Galeón, de Santa Marta, fue amenazado de muerte el 14 de noviembre 2006 a través de llamadas a su teléfono móvil y de una visita a su residencia.
Ese día el periodista había informado en su noticiero sobre una marcha convocada por una asociación de líderes de la Sierra Nevada para resaltar la mejoría del orden público en la zona. Un grupo de aparentes opositores de la manifestación envió un comunicado a la emisora según el cual la situación era otra, ya que en realidad el orden público se había deteriorado con el resurgimiento de nuevos grupos ilegales. Le exigieron al periodista la lectura total del texto. Éste se negó y les ofreció a cambio una entrevista para que expresaran su punto de vista.
Para Ponce Obispo, el cubrimiento de este hecho ocasionó las amenazas, ya que a pesar de no tener interés en uno u otro grupo, quedó en medio de la disputa. Días más tarde, un oyente le informó al periodista sobre unos planes para asesinarlo. Desde entonces, Ponce Obispo ha tenido que esconderse y está a la espera de las medidas de protección de las autoridades (ver las alertas de IFEX del 5 de diciembre y 22 de noviembre de 2006).
Por otro lado, el 28 de noviembre el periodista Robinsón Ruz Ruz, director del «Noticiero del Medio Día», de la emisora Radio Piragua en Sincelejo, Sucre, recibió un sufragio con una amenaza de muerte. El 29 de noviembre en la noche le hicieron una llamada donde le dijeron en tono irónico: «lo felicitamos por lo que le llegó ayer». En diálogo con la FLIP, el periodista señaló que ha venido haciéndole seguimiento al escándalo de los nexos entre paramilitares y políticos, teniendo en cuenta que varios de los congresistas implicados son de del departamento de Sucre.
A lo anterior se suman investigaciones periodísticas que han terminado con amenazas de muerte. Clodomiro Castilla, del programa «El curso del tiempo», de Radio Panzenú, y Rafael Gómez y Adolfo Berrocal, de la emisora La voz de Montería, de Córdoba, recibieron amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes a sus teléfonos móviles donde los califican de «sapos». Desde agosto, los periodistas venían denunciando el despilfarro de recursos de la Secretaría de Salud del departamento, donde al parecer están vinculados los paramilitares de la zona.
El 29 de noviembre, el senador Gustavo Petro denunció fallas en el audio de la transmisión de las sesiones del Congreso durante el debate con la canciller María Consuelo Araújo, hermana del senador Álvaro Araújo. El senador Araújo fue citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por el caso de vínculos entre políticos y paramilitares. Según Petro, en varias zonas del país – entre ellas, algunas de la Costa Atlántica – la señal presentaba intermitencias en el sonido.
Este hecho es similar al reportado el 18 de octubre, cuando en los departamentos de Sucre y Córdoba se suspendió la señal de televisión del Canal Institucional justo cuando comenzaba un debate en el Congreso por el mismo tema (ver la alerta del 25 de octubre de 2006).
El 3 de octubre dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta compraron cerca del 60 por ciento del tiraje del periódico «El Meridiano de Sucre» en la ciudad de Sincelejo. En la primera página del periódico se resaltaba la captura de varios diputados del departamento, investigados por aparecer en el computador del líder paramilitar «Jorge 40» (ver la alerts del 25 de octubre de 2006).
En el mismo sentido, algunas fuentes que prefirieron la reserva le comentaron a la FLIP que todas las ediciones del último número de la revista «Semana» que llegan a Valledupar fueron compradas para impedir su distribución al público. Uno de los artículos de la publicación hablaba de la influencia política y del poderío armado en la región del líder paramilitar «Jorge 40». Si bien la FLIP no pudo confirmar la información en su totalidad, por los antecedentes presentados se registra el hecho.
Estos hechos están relacionados con la difícil situación política que atraviesa el país, y se han traducido en una falta de garantías para el ejercicio del periodismo en Colombia. Preocupa la situación en aquellas zonas donde después de un largo periodo de autocensura, los periodistas comenzaron a publicar información sobre nexos entre los políticos locales y los grupos armados ilegales.
La FLIP hace un llamado a las autoridades para que se investiguen los móviles de estos hechos y se sancione a sus autores. Por otro lado, solicita que se administren las medidas de seguridad adecuadas para los periodistas que se encuentran amenazados.
Por último, invita a la comunidad para que rodee a los periodistas en estas regiones.
