(RSF/FPJQ/IFEX) – Lo que sigue es un comunicade de prensa de RSF y FPJQ, con fecha del 19 de abril de 2001: Tercera Cumbre de las Américas (Quebec/Canadá -20/22 de abril de 2001) Cerca del 90% de los asesinatos de periodistas continúan sin ser castigados En 20 Estados presentes en la Cumbre, leyes siguen estableciendo […]
(RSF/FPJQ/IFEX) – Lo que sigue es un comunicade de prensa de RSF y FPJQ, con fecha del 19 de abril de 2001:
Tercera Cumbre de las Américas
(Quebec/Canadá -20/22 de abril de 2001)
Cerca del 90% de los asesinatos de periodistas
continúan sin ser castigados
En 20 Estados presentes en la Cumbre, leyes siguen estableciendo penas de cárcel para delitos de prensa
En vísperas de la apertura de la Tercera Cumbre de las Américas, Reporteros Sin Fronteras (RSF, www.rfs.fr) y la Federacion Profesional de Periodistas de Quebec (Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ, www.fpjq.org) recuerdan que, en el continente americano, la impunidad sigue siendo la regla en casi el 90% de los casos de periodistas asesinados. Mientras que, desde 1991, 90 profesionales de la informacion han sido asesinados en once de los treinta y cuatro Estados que participan en la Cumbre, tan solo en diez de esos casos las investigaciones han terminado en un proceso. Por otra parte, ambas organizaciones están preocupadas porque en veinte de los Estados presentes en Quebec sigue estando en vigor legislacion que estipulan penas de cárcel para los delitos de prensa. Finalmente, y con motivo de esta cumbre, RSF y la FPJQ quieren llamar la atencion de los gobiernos sobre el cubano Bernardo Arévalo Padron, único periodista encarcelado en el continente americano por haber querido ejercer su derecho a informar.
Cerca del 90% de los asesinatos de periodistas continúan sin ser castigados
Desde 1991, 90 periodistas han sido asesinados por manifestar sus opiniones o en el ejercicio de su profesion, en once de los países participantes en la Cumbre: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Tan solo en diez de los casos las investigaciones han dado como resultado el proceso de los asesinos que, a menudo, no eran más que simples ejecutantes. En otro caso más, en Uruguay, el asesino se suicido inmediatamente después de cometer el asesinato.
Con treinta y tres periodistas asesinados, es decir más de la tercera parte de los casos censados, Colombia es el país más peligroso del continente americano para los profesionales de la informacion. Durante mucho tiempo en el punto de mira de narcotraficantes o funcionarios corruptos, los periodistas se han convertido, en estos últimos años, en «objetivos militares» de los grupos paramilitares de extrema derecha, y de la guerrilla. En la lucha a muerte que llevan a cabo esos grupos armados, no se les considera testigos neutrales del conflicto sino sospechosos de apoyar al «otro campo». Tan solo en tres casos las investigaciones han acabado en un proceso. En el caso del asesinato del célebre periodista y humorista Jaime Garzon, el 13 de agosto de 1999, el presunto autor intelectual no es otro que Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares). Se ha dictado una orden de detencion contra él pero este individuo, cuya organizacion mantiene estrechas relaciones con algunas facciones del ejército, es intocable. Ya se habían dictado anteriormente una veintena de ordenes similares contra él, sin que la justicia haya conseguido detenerlo. Sin embargo, varios periodistas lo han visto en estos últimos meses.
La impunidad impera también en Brasil, México y Perú. En cada uno de esos Estados más de una decena de periodistas han sido asesinados en la última década. Aunque, en Perú, la mayoría de esos crímenes se remonta al período de las revueltas, cuando estaba activo el grupo armado de oposicion Sendero Luminoso, los asesinatos continúan en Brasil y en México. En ambos países, algunas regiones se han vuelto especialmente peligrosas. En México, al menos tres periodistas han sido asesinados en la zona fronteriza con Estados Unidos, donde causan estragos los traficantes de droga. El director del diario La Prensa, de San Luis Río Colorado, Benjamín Flores González, fue asesinado el 15 de julio de 1997, después de haber denunciado las presuntas relaciones entre el gobernador de la provincia y los barones de la droga. También había denunciado las privilegiadas condiciones de detencion del narcotraficante Jaime González Gutiérrez, que fue puesto en libertad en marzo de 1999, por falta de pruebas. Más de cuatro años después las investigaciones no avanzan. Cuatro individuos, detenidos poco después del asesinato, permanecen detenidos. Dos de ellos afirman haber confesado bajo tortura.
En Brasil, de los trece periodistas asesinados desde 1991, siete murieron en el Estado de Bahía. Entre ellos, Manoel Leal de Oliveira, director del semanario A Regiao, que fue asesinado el 14 de enero de 1998. En su revista, publicada en Itabuna, había denunciado al alcalde de la ciudad, Fernando Gomes. Nadie ha sido detenido hasta el momento. Sin embargo, Marcel Leal de Oliveira, el hijo del periodista, ha denunciado, en varias ocasiones en la prensa, que Marcone Sarmento -uno de los presuntos asesinos contra quien se ha dictado una orden de detencion- ha sido visto paseando libremente por las calles de Itabuna. Como no se ha abierto un proceso en ninguno de estos casos cabe preguntarse si resulta pertinente confiar las investigaciones a la policía local cuando, a menudo, algunos de sus miembros son directamente denunciados, igual que algunos concejales.
En Haití, aunque han detenido a seis personas por su presunta participacion en el asesinato, el 3 de abril de 2000, de Jean Dominique, director de Radio Haití Inter, todavía no se ha averiguado quienes fueron los inductores. La investigacion ha estado a punto de interrumpirse, en varias ocasiones. En junio de 2000, Jean Wilner Lalanne, sospechoso de haber actuado como intermediario entre los inductores y los ejecutantes, murio en circunstancias extrañas después de ser detenido. Durante varios meses, el Senado se opuso a la comparecencia, ante el juez de instruccion, de un senador como testigo. Por otra parte, el juez ha sido víctima de intimidaciones y su antecesor decidio abandonar la causa tras haber sufrido presiones. Después de la investidura de Jean-Bertrand Aristide a la presidencia, el 7 de febrero de 2001, muchos observadores consideran que el resultado de la investigacion depende, sobre todo, de los medios que la nueva administracion esté dispuesta a movilizar. El asesinato de Jean Dominique, el periodista más conocido del país, se ha vivido como una advertencia al conjunto de la profesion.
En más de la mitad de los Estados que participan en la Cumbre se aplican penas de cárcel a los delitos de prensa.
Actualmente, existen leyes que castigan los delitos de prensa con penas de cárcel en veinte de los treinta y cuatro Estados que asisten a la Cumbre: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En algunos países, esas leyes favorecen la autocensura de los periodistas, al imponer sanciones desproporcionadas en relacion con los perjuicios causados.
Los delitos de difamacion y calumnia e injuria se reprimen en diecisiete de esos Estados, con penas que pueden llegar, como en Canadá, hasta cinco años de cárcel. Según el Relator Especial para la Libertad de Expresion de la Organizacion de Estados Americanos, Santiago Canton, en dieciseis de los países que participan en la Cumbre el Codigo Penal protege el «honor» de funcionarios y cargos electos. Informar sobre asuntos de corrupcion o de abuso de bienes sociales por parte de agentes del Estado, alcaldes o ministros, puede transformarse así en un «desacato», sancionado con fuertes penas de cárcel. La Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que esas leyes son contrarias al derecho de los ciudadanos a disponer de una informacion libre e independiente sobre la actividad de los funcionarios.
Afortunadamente, esas disposiciones apenas se aplican, con excepcion de Panamá. En este país, las leyes de desacato dan poder a los representantes del Estado para ordenar sin ningún proceso el encarcelamiento de un periodista que ha faltado al respeto a su funcion. Las sanciones van de tres días a dos meses de cárcel, en caso de desacato al Presidente de la República. El 28 de julio de 2000, Carlos Singares, director del diario El Siglo, permanecio encarcelado durante ocho días por orden del Procurador General de la Nacion, José Antonio Sossa. El periodico había reproducido las declaraciones de un abogado que acusaba a ese magistrado de prácticas pedofilas. Por otra parte, en el mes de marzo de 2001, no menos de cuatro periodistas fueron condenados a penas de entre doce y dieciocho meses de cárcel. En total, se estima que son alrededor de cuarenta los periodistas que han sido perseguidos en Panamá por «calumnia e injuria» o «delito en contra del honor».
En Chile, debería desaparecer pronto la amenaza que representa la ley de Seguridad del Estado. El 10 de abril de 2001, la Cámara de Diputados aprobo una nueva ley de prensa que deroga el artículo 6b del anterior texto, que condenaba con hasta cinco años de cárcel a quienes «injurian o calumnian» a los altos representantes del Estado. En total, veinte periodistas han sido perseguidos en Chile, en aplicacion de ese texto, desde 1990. Entre ellos Alejandra Matus, a raíz de la publicacion de su «Libro negro de la justicia chilena» en el que denuncia «la corrupcion, el nepotismo y los abusos de poder» en el interior del sistema judicial. Amenazada con ser detenida en su país la periodista se convirtio, en septiembre de 1999, en la primera chilena que consiguio asilo político en el extranjero tras el retorno de la democracia a Chile, en 1990. La nueva ley de prensa debería permitir, a Alejandra Matus, volver a su país.
Cuba: Bernardo Arévalo Padron, el último periodista prisionero de opinion en las Américas
En vísperas de la apertura de la Tercera Cumbre de las Américas, el cubano Bernardo Arévalo Padron es el único periodista encarcelado en el continente americano por sus opiniones y su trabajo informativo. Aunque teoricamente podría beneficiarse de una puesta en libertad anticipada, después de haber cumplido la mitad de su condena, continúa tras las rejas. En este momento le faltan por cumplir dos años y medio de condena. El periodista fue condenado en apelacion, el 28 de noviembre de 1997, a seis años de cárcel por «desacato» al presidente Fidel Castro y al vicepresidente Carlos Lage. Durante una entrevista, en una radio de Miami, califico a ambos de «mentirosos», reprochándoles del compromiso adquirido, durante la Cumbre Iberoamericana de 1996, de respetar los derechos humanos.
En la prision de alta seguridad de Ariza, donde fue encarcelado al principio, Bernardo Arévalo Padron fue víctima de una paliza que le dieron, el 23 de abril de 1998, dos agentes de seguridad. Herido en la cabeza, como consecuencia de la agresion ha padecido problemas de memoria. En mayo de 1999, el periodista abandono la cárcel de Ariza para ser trasladado a diferentes campos de trabajo, donde ha estado arrancando hierbas y cortando caña de azucar. Hoy sufre problemas lumbares y trastornos cardiacos.
Aunque la Constitucion establece que los medios de comunicacion no pueden, «en ningún caso», ser de propiedad privada, Bernardo Arévalo Padron creo, en octubre de 1996, la agencia independiente Línea Sur Press, en la provincia de Cienfuegos. Actualmente, un centenar de periodistas independientes, agrupados en una veintena de agencias, intentan ejercer su derecho a informar. Sometidos, por parte de las autoridades, a una auténtica «estrategia de hostigamiento» (en los dos últimos años se ha tenido constancia de 89 detenciones de periodistas), cerca de cincuenta han emprendido el camino del exilio desde 1995.
Conclusiones y recomendaciones
En la anterior Cumbre, en Santiago de Chile, se creo el puesto de Relator Especial para la Libertad de Expresion, incorporado a la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organizacion de Estados Americanos (OEA). Las acciones llevadas a cabo por Santiago Canton, nombrado al puesto a finales de 1998, se han demostrado eficaces y constructivas.
La Cumbre de Quebec representa, para los Estados participantes, una ocasion para adoptar nuevas medidas que den testimonio de su voluntad de hacer respetar la libertad de prensa en el continente. Mientras las cuestiones de la impunidad y las legislaciones represivas continúen siendo los principales retos de la libertad de prensa en las Américas, RSF y la FPJQ recomiendan a los gobiernos participantes:
– adoptar una resolucion mediante la cual se comprometen a convertir en una prioridad la lucha contra la impunidad y a hacer todo lo posible para que los casos de periodistas asesinados no queden sin castigo. Las dos organizaciones recuerdan que, en este aspecto, la Declaracion de principios sobre la libertad de expresion, aprobada por la Comision Interamericana de derechos humanos durante su 108 sesion, en octubre de 2000, establece claramente que «es deber de los Estados investigar (sobre los asesinatos de periodistas) y sancionar a sus autores»;
– adoptar una resolucion mediante la cual se comprometen a suprimir, de su legislacion nacional, las penas de cárcel para los delitos de prensa. RSF y la FPJQ recuerdan que, en un texto adoptado en enero de 2000, el Relator Especial sobre la Promocion y la Proteccion del Derecho a la Libertad de Opinion y Expresion de Naciones Unidas, establecio claramente que «la pena de prision por la expresion pacífica de una opinion vulnera gravemente los derechos humanos». El Artículo 11 de la Declaracion de principios sobre la libertad de expresion precisa que «las leyes de desacato atentan contra la libertad de expresion y el derecho a la informacion».
Las dos organizaciones piden también a los Estados participantes:
– que reafirmen su apoyo al Relator Especial para la Libertad de Expresion de la OEA y que apliquen la Declaracion de Principios sobre la Libertad de Expresion, aprobada por la Comision Interamericana de Derechos Humanos, durante su 108o sesion;
– que adopten una resolucion pidiendo a las autoridades cubanas que liberen a Bernardo Arévalo Padron y legalicen las agencias de prensa independientes.
