(PFC/IFEX) – El 4 de febrero de 2004, el periodista Renato Álvarez fue declarado penalmente culpable en el juicio promovido por calumnia y difamación por el político y ex diputado Eduardo Sarmiento. El juicio se originó porque el periodista en junio de 2003 dio a conocer públicamente un informe en el que se exponían presuntos […]
(PFC/IFEX) – El 4 de febrero de 2004, el periodista Renato Álvarez fue declarado penalmente culpable en el juicio promovido por calumnia y difamación por el político y ex diputado Eduardo Sarmiento. El juicio se originó porque el periodista en junio de 2003 dio a conocer públicamente un informe en el que se exponían presuntos nexos del narcotráfico en Honduras, y en el que aparecía el nombre de Sarmiento.
Los jueces Felix Avila, Thelma Cantarero y Geraldina Mejía desconocieron los argumentos presentados por la defensa, omitieron el señalamiento de irregularidades ocurridas durante el proceso e ignoraron un fallo emitido el fin de enero en otro juicio contra Álvarez, siempre por la divulgación del informe, en el que se le declaró inocente. Con respecto al último punto, el juez Mario Díaz en el juicio anterior fue contundente al indicar que el periodista «dio lectura a un escrito para consultar al ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, sobre la veracidad o no del documento y nunca el comunicador adujo que él hubiera elaborado ese informe» (ver la alerta de IFEX del 28 de enero de 2004).
Entre las irregularidades que se dieron dentro del proceso destaca que el abogado acusador Antonio Ocampo Santos amenazó «no queremos recurrir a lo sistemas de la edad media donde se hablaba que el honor se lava con sangre», en caso que el periodista fuera absuelto. El abogado defensor de Álvarez, además de objetar las declaraciones del acusador Ocampo Santos, demostró que durante el juicio los testigos de la parte demandante habían rendido falsa declaración porque atribuyeron al periodista frases y comentarios que nunca fueron mencionadas por éste y que tampoco constan en la transcripción del programa de televisión donde fue presentado el informe.
PFC dirigió una carta al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en la señaló que el fallo «constituye un precedente altamente nocivo para la libertad de expresión en Honduras», solicitándole la procuración de medidas cautelares para proteger la vida del periodista y evitar que vaya a la cárcel. Le recordó que «la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público», tal como lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Representantes del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que acompañaron al periodista Álvarez durante el juicio, informaron que en los próximos días se interpondrá un recurso con el fin de revertir el fallo condenatorio.
Esta alerta ha sido preparada por PFC con información proporcionada por C-Libre.
