(AMARC/IFEX) – El 25 de mayo de 2005, el Ministerio Público allanó la Oficina de Control Nacional de Radio (organismo regulador, un dependiente del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación), el domicilio del director de dicha oficina, la Cámara Nacional de Radio (el gremio de los empresarios de la radio y televisión) y cuatro empresas […]
(AMARC/IFEX) – El 25 de mayo de 2005, el Ministerio Público allanó la Oficina de Control Nacional de Radio (organismo regulador, un dependiente del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación), el domicilio del director de dicha oficina, la Cámara Nacional de Radio (el gremio de los empresarios de la radio y televisión) y cuatro empresas que ofrecen servicios de seguridad.
Los allanamientos obedecen a la investigación de una denuncia interpuesta en septiembre de 2004 por la Red por el Derecho a la Comunicación y la Información, conformada por varias organizaciones de la sociedad civil que buscan un cambio en la legislación costarricense que permita el acceso real y democrático de la ciudadanía a medios de comunicación propios, específicamente a emisoras de radio.
Esta denuncia, firmada por Francisco González de Radioestación, fue respaldada por Milton Chávez, funcionario de la Oficina de Control Nacional de Radio. Ambos aportaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) diversos documentos que ponen en duda el motivo de algunas acciones realizadas por funcionarios públicos y privados, relacionadas al otorgamiento de frecuencias y al pago de «dádivas» y «donaciones» a funcionarios, lo que es mejor conocido como soborno.
El juzgado del II Circuito Judicial solicitó el decomiso de diversos documentos electrónicos e impresos, como los libros de actas del 2003 y 2004 de la Cámara Nacional de Radio, así como expedientes, solicitudes de frecuencias de radio, agendas telefónicas de la Oficina de Control Nacional de Radio y demás documentos que podrían aportar a la investigación.
Según las declaraciones del director del OIJ Jorge Rojas a los medios de comunicación, la investigación se encuentra en una fase preliminar y los allanamientos son procedimientos normales que ayudan a esclarecer si las aseveraciones de actos ilícitos son bien fundados.
Por su parte el Viceministro de Gobernación, Miguel Quesada Niño, ha afirmado a la prensa que las denuncias se refieren solamente al supuesto otorgamiento ilegal de tres frecuencias de radio, que tenían el impedimento de ser otorgadas por razones técnicas y que fueron concesionadas legalmente una vez que se eliminó la prohibición para su otorgamiento.
