(PFC/IFEX) – Dos periodistas atendieron el pedido del vicepresidente de la República, Carlos Mesa, presentándole sus testimonios sobre acciones de injerencia de funcionarios públicos en los medios de comunicacion, en medio de crecientes denuncias contra el gobierno por actos que agravian la libertad de prensa. En días recientes, el vicepresidente Mesa declaro que «si existiera […]
(PFC/IFEX) – Dos periodistas atendieron el pedido del vicepresidente de la República, Carlos Mesa, presentándole sus testimonios sobre acciones de injerencia de funcionarios públicos en
los medios de comunicacion, en medio de crecientes denuncias contra el gobierno por actos que agravian la libertad de prensa.
En días recientes, el vicepresidente Mesa declaro que «si existiera una prueba específica contra algún funcionario concreto por algún hecho que realmente pueda demostrarse, seré el primero en pedir que, ese funcionario sea severamente sancionado o separado de su cargo,» en alusion
a la presunta injerencia del gobierno en los medios.
En respuesta, el jueves 6 de febrero de 2003, Juan Carlos Marañon, ex jefe de prensa de la red Unitel en La Paz, y Andrés Gomez Vela, ex jefe de informacion del periodico «La Prensa»,
presentaron sus testimonios con el objeto que se inicie una investigacion y se imponga las sanciones pertinentes contra los responsables.
Sus denuncias fueron respaldadas por la Asociacion Nacional de la Prensa, la Asociacion Boliviana de Radiodifusoras, la Confederacion Nacional de Medios de Comunicacion, la Asociacion Nacional de Periodistas de Bolivia y la Federacion de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.
Marañon fue despedido de su cargo como jefe de prensa en Unitel La Paz en enero, presuntamente por presiones del ahora ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín. Según relato Marañon en su testimonio, antes de las últimas elecciones, Sánchez se presento al canal exigiendo ver una informacion no editada, a lo que él se opuso. Una vez nombrado ministro de la Presidencia, Sánchez se había reunido en el palacio de gobierno en varias ocasiones con ejecutivos de Unitel y les había advertido no participar en los programas de ese medio mientras Marañon fuera parte del mismo.
Gomez por su parte declaro que el director y el jefe de redaccion de «La Prensa» le habían indicado tener cuidado con las notas referidas al ministro Sánchez. Según este periodista, el ministro de la Presidencia había interferido en ese medio de comunicacion usando como intermediarios a su director y jefe de redaccion. Gomez fue destituido de «La Prensa» y restituido luego de una huelga que concluyo el 6 de febrero. Sin embargo, después de esos hechos Gomez interpuso su renuncia definitiva a «La Prensa».
En otro hecho relacionado, la Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, se pronuncio frente al despido de la directora de la estatal radio Illimani, Gabriela Arza, en quien se ha pretendido descargar la responsibilidad por usar indebidamente declaraciones de la primera en una
propaganda en favor del gobierno. Romero de Campero declaro que se está usando a un «chivo expiatorio» para salir del problema.
Por su parte, Lupe Cajías, titular de la Unidad de Lucha contra la Corrupcion, se comprometio a investigar las recientes denuncias de que unos 30 periodistas de la ciudad de Cochabamba habrían aceptado dinero de la comuna de esa localidad para manipular la informacion. Eso, según las gremiales de periodistas, sería otra muestra de como el gobierno está interfiriendo en la agenda de los medios de comunicacion.
El gobierno, en un comunicado oficial difundido el fin de semana del 8 de febrero, rechazo las acusaciones en su contra sobre la presunta injerencia en los medios y la responsabilidad que tendría el ministro Sánchez en esto.
PFC dirigio una carta a la Defensora Romero Campero, expresándole preocupacion por estas graves acusaciones en contra del Gobierno, advirtiendo que «sumirse en la tentacion de controlar a los medios desde el poder oficial normalmente es el signo de que las prácticas de corrupcion y su encubrimiento han alcanzado el centro mismo del poder político de un país.»
PFC le pidio a la Defensora del Pueblo «pronunciarse frente a las denuncias de los periodistas Marañon y Gomez, así como las otras que han surgido en los días recientes, de injerencia del gobierno en los medios, y procurar una diligente investigacion para esclarer cuanto antes estos
hechos y que sus responsables sean sancionados ejemplarmente.»
Esta alerta, la carta enviada a la Defensora Romero de Campero, reportajes y otra informacion relacionada a estos casos, se encuentra en:
http://portal-pfc.org/perseguidos/2003/011.html
http://portal-pfc.org/perseguidos/2003/012.html
Recommended Action
Remitir apelaciones a la Defensora Romero de Campero:
– pidiéndole pronunciarse frente a las denuncias de los periodistas Marañon y Gomez, así como las otras que han surgido en los días recientes, de injerencia del gobierno en los medios
– urgiéndole procurar una diligente investigacion para esclarer cuanto antes estos hechos y que sus responsables sean sancionados ejemplarmente
Appeals To
Ana María Romero de Campero
Defensoría del Pueblo de Bolivia
Calle Heriberto Gutiérrez 2374,
entre Rosendo Gutiérrez y Belisario Salinas
La Paz, Bolivia
Tel: +591 2 244 3838, +591 2 244 4265 (despacho)
Fax: +591 2 211 3538
Correo-e: am.campero@defensor.gov.bo
URL: http://www.defensor.gov.bo
Favor de mandar copias de sus apelaciones al originador donde sea posible.
