Noviembre de 2022 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El periodista anticorrupción más conocido de Asia Central fue deportado de Kirguistán; la primera ministra italiana demanda por difamación a Roberto Saviano y al periódico Domani; el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se vio empañado por detenciones y violencia policial en Turquía; la libertad de expresión LGBTQI+ enfrenta nuevas amenazas en Rusia; y en Bielorrusia se conmemoró el Día de la Solidaridad con los Presos Políticos.
«No queremos permiso, queremos una vida sin violencia»
Es una triste ironía que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) fuese testigo una vez más de la detención de un gran número de activistas de los derechos de la mujer en manifestaciones a lo largo y ancho de Turquía, muchas de ellas golpeadas por agentes de la policía.
Aunque diversas autoridades locales prohibieron cualquier evento que conmemorara el día (y en Estambul hasta se desplegaron camiones lanza-agua antes de la fecha), la Plataforma de Mujeres 25 de Noviembre, con sede en Estambul, y otros grupos de mujeres se negaron a acatar la prohibición: «No queremos permiso [para protestar]», declararon, «queremos una vida sin violencia».
Hubo mujeres detenidas en Ankara y en las provincias de Şırnak, Van, Ağrı y Mardin, de mayoría kurda, y en Estambul más de cien mujeres fueron arrestadas.
La violencia misógina y el feminicidio son endémicos en Turquía. La agencia Bianet, miembro de IFEX, publica informes mensuales y anuales que muestran la magnitud del problema; las cifras son impactantes.
Según Bianet, en los 326 días entre el 1 de enero de 2022 y el 23 de noviembre de 2022, hubo al menos 296 feminicidios a manos de hombres y al menos 715 actos de violencia contra mujeres cometidos por agresores masculinos. La mayoría de estos casos se produjeron en el entorno familiar: «218 mujeres fueron asesinadas por sus maridos o novios, 23 mujeres fueron asesinadas por sus padres, hermanos o hijos, 8 mujeres fueron asesinadas por sus yernos».
El Estado tiene un historial muy pobre en cuanto a la protección de las mujeres contra la violencia. Aunque en 2018 introdujo una aplicación que permite a las mujeres denunciar agresiones (a julio de 2022 unas 355.366 mujeres la habían utilizado para denunciar actos de violencia), en 2021 se retiró del histórico Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres. Ese mismo año se registró un importante aumento de las agresiones a mujeres.
En un informe publicado en mayo de 2022, Human Rights Watch (HRW) acusó al gobierno turco de «fallarles a las víctimas de violencia doméstica». HRW determinó que, aunque los tribunales turcos estaban dictando más órdenes de alejamiento contra agresores, el hecho de que esas órdenes no suelen hacerse cumplir significa que «mujeres sobre las que las autoridades estaban alertadas son asesinadas por sus agresores o sometidas a violencia recurrente durante años».
Pero el problema no se limita al deficiente historial del Estado en la defensa de las mujeres frente a la violencia: las autoridades mismas parecen decididas a restringir el espacio para el activismo por los derechos de las mujeres.
En abril de 2022, la Fiscalía de Estambul presentó una demanda contra el grupo de mujeres Detendremos el Feminicidio (WWSF, por sus siglas en inglés), al que acusó de «actuar en contra de la ley y la moral». La demanda se presentó tras varias denuncias contra la organización, entre las que se incluían acusaciones de «desintegrar la estructura familiar al ignorar el concepto de familia». WWSF ha criticado con frecuencia al gobierno por su deficiente historial en el abordaje de la violencia contra las mujeres y ha instado a Turquía a restablecer el Convenio de Estambul. En octubre se realizó la última audiencia del juicio contra WWSF. El objetivo de la Fiscalía es clausurar el grupo.
«Protegeremos nuestra estructura familiar de todo tipo de perversiones»
Las razones aducidas por el gobierno turco para retirarse del Convenio de Estambul en 2021 fueron que el instrumento se utilizaba para «normalizar la homosexualidad» y que, por tanto, era «incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía».
Es el mismo tipo de razonamiento que parece impulsar las actuales intenciones del gobierno de introducir una enmienda constitucional «para proteger a la familia». No se han dado a conocer los detalles de lo que supondría dicha modificación, pero resulta revelador que esta propuesta se haya anunciado cuando se multiplican las manifestaciones anti-LGBTQI+ en Turquía. Los organizadores de estas protestas reclaman una ley que prohíba la supuesta «propaganda gay» y el cierre de las asociaciones LGBTQI+ y de las actividades públicas relacionadas con este colectivo.
El gobierno apoya abiertamente estas manifestaciones. En una reciente entrevista televisada, el Presidente Erdoğan dejó claro su apoyo. Manifestó que «nadie tiene derecho a degenerar la estructura familiar de esta nación». «Protegeremos nuestra estructura familiar de todo tipo de perversiones, movimientos marginales y corrupción», agregó.
En noviembre, el Ministro de Interior de Turquía calificó públicamente a la comunidad LGBTQI+ de «terrorismo cultural» que «intenta hacer que la gente olvide sus valores, su religión, la unidad, el amor parental y la lealtad familiar. Esa es precisamente la política de Europa, la política estadounidense de divide y vencerás».
«Una veda generalizada»
El lenguaje homófobo que utilizan destacados políticos turcos —con referencias a la tradición, la familia, «Occidente», etc.— le resultará muy familiar a cualquiera que haya observado los hechos acaecidos en Rusia durante el último decenio. En ese período, los legisladores rusos aprobaron una serie de leyes anti-LGBTQI+, incluida la tristemente famosa ley de «propaganda gay» (2013), que, con el pretexto de proteger a los menores de la «promoción» de «relaciones sexuales no tradicionales», impuso duras restricciones a la libertad de expresión y al espacio cívico del colectivo LGBTQI+.
En noviembre se produjeron nuevos hechos preocupantes para la comunidad LGBTQI+ rusa. A principios de mes, el presidente Putin firmó un decreto en el que se comprometía a defender los valores tradicionales rusos contra las amenazas de Estados Unidos, los terroristas y la «propaganda gay». El decreto hacía referencia a «ciertas organizaciones y personas en el territorio ruso» que buscan «la destrucción de la unidad familiar tradicional mediante la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales».
A finales de mes, la duma del Estado ruso aprobó un proyecto de ley que amplía la prohibición de «propaganda gay» y restringe aún más la libertad de expresión LGBTQI+. Como informa HRW, el proyecto de ley equivale a «una veda generalizada» que «prohíbe compartir información positiva e incluso neutra sobre las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT) y exhibir en público orientaciones no heterosexuales». La norma debe ser ahora aprobada por la cámara alta del parlamento y el presidente.
Castigada por descortesía
El 27 de noviembre, en Bielorrusia grupos de derechos y otras organizaciones conmemoraron el Día de la Solidaridad con los Presos Políticos. Según la organización de defensa de los derechos humanos Viasna, actualmente hay 1.445 presos políticos languideciendo en cárceles bielorrusas. Entre esos presos se encuentran varios miembros de Viasna : algunos de ellos ya han sido juzgados y sentenciados a duras penas de prisión por acusaciones falsas; otros siguen en espera de juicio tras más de 500 días entre rejas. Ales Bialiatski, fundador de Viasna y reciente ganador del Premio Nobel de la Paz, se encuentra entre estos últimos. Acusado de contrabando y financiación de protestas, se enfrenta a entre 7 y 12 años de cárcel si es declarado culpable.
Otra destacada presa política es Maria Kalesnikava (miembro del Consejo de Coordinación de la oposición), que fue condenada a 11 años de cárcel en 2021 por su activismo opositor. Este mes, se informó que había sido trasladada a una celda de aislamiento, aparentemente como castigo por «descortesía».
[Traducción: A principios de 2022, las OSC informaron que el número de presos políticos en #Bielorrusia —que muchos llaman la última dictadura de Europa— ascendía a 1.000. En noviembre, el Centro de Derechos Humanos @ viasna96 informó que esta cifra había alcanzado los 1.445 y seguía en aumento. Sigue leyendo]
La Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) conmemoraron la jornada de solidaridad instando al público a enviar cartas de apoyo a los 32 periodistas bielorrusos encarcelados. Varios de estos periodistas fueron agregados recientemente a la lista de «terroristas» de la KGB.
En breve
En noviembre, el periodista de investigación Roberto Saviano enfrentó un juicio por difamación luego de llamar «bastarda» a la Primera Ministra de Italia Giorgia Meloni, que es de extrema derecha. El comentario de Saviano fue provocado por el llamado de Meloni a repatriar a inmigrantes y a hundir los barcos que rescatan a refugiados en el mar. IFEX se sumó a varios grupos de libertad de prensa que instan a Meloni a retirar inmediatamente su demanda contra Saviano y a Italia a introducir una ley anti-SLAPP para combatir el uso de demandas abusivas. Si es declarado culpable, Saviano podría ser condenado a hasta tres años de cárcel.
La Primera Ministra Meloni también presentó una demanda por difamación contra el periódico Domani, por la publicación en 2021 de un artículo sobre el presunto papel de Meloni (cuando era diputada) en la compra de mascarillas por parte del gobierno durante la pandemia de COVID-19. Según los autores del artículo, la intervención de Meloni resultó en la adjudicación del contrato a un compañero del partido Fratelli d’Italia. El 15 de noviembre se celebró una audiencia preliminar y está previsto que el juicio comience en julio de 2024.
En Kirguistán, las autoridades ordenaron la deportación a Rusia de Bolot Temirov, el investigador anticorrupción más conocido de Asia Central. Temirov, que durante muchos meses fue víctima de acoso judicial, fue condenado recientemente por presunta utilización de documentos falsificados para obtener un pasaporte kirguiso, pero fue absuelto de las acusaciones de posesión de drogas y cruce ilegal de frontera.
Temirov fue detenido y acusado en abril de 2022 luego de que junto a colegas publicara una nota sobre la adjudicación al hijo del jefe de los servicios de seguridad de un contrato gubernamental para el suministro de combustible. No hubo un llamado a licitación y el artículo alegaba favoritismo. El Presidente de Kirguistán Sadyr Japarov, de tendencia populista, luego condicionó los fallos pendientes al afirmar públicamente que el periodista había empleado documentos de identidad falsos.
También este mes, el gobierno de Kirguistán presentó un proyecto de ley que le permitiría restringir el derecho a la libertad de asociación de los ciudadanos, además de reforzar la regulación y el control de las organizaciones no gubernamentales. El proyecto de ley de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro llega en un momento de gran preocupación por la situación de los derechos humanos en Kirguistán y tras la detención masiva de activistas el mes pasado. HRW amplía este tema aquí.
