Trece miembros de IFEX de América Latina y el Caribe expresan su coincidencia plena con la declaración conjunta, emitida en febrero de 2010, por los Relatores de la Libertad de Expresión.
(IPYS/OLA/IFEX) – 25 de marzo de 2010 – Las organizaciones firmantes, integrantes de la Alianza Regional de organizaciones de IFEX de América Latina y el Caribe, reunidos en Lima, Perú, entre el 23 y 25 de marzo de 2010, para discutir y analizar la situación de la libertad de expresión en la región, expresamos nuestra coincidencia plena con la declaración conjunta, emitida en febrero de este año, por los Relatores de Libertad de Expresión en el mundo. En este contexto, manifestamos que pese a los avances democráticos en la mayor parte de los países, el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información en la región se vulneran de manera constante mediante agresiones directas e indirectas a través de:
1. Mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación, que permiten la indebida injerencia de los gobiernos en los mismos, reflejados en el control político sobre los medios públicos, con el otorgamiento discrecional de licencias o la regulación de la radiodifusión, en el abuso en la distribución de la publicidad del Estado para influir en la línea editorial; la propiedad o control significativo de los medios por parte de líderes políticos o partidos; así como con procedimientos contra medios independientes basados en motivaciones políticas incluyendo el mantenimiento de normas obsoletas -como las leyes de sedición o la exigencia de la «veracidad» de las noticias- destinadas a criminalizar las críticas a los gobiernos.
2. Leyes penales contra la difamación, como las leyes de desacato o las que penalizan la calumnia y la injuria, suelen ser normas utilizadas con el fin de restringir la libertad de expresión. El abuso de estas herramientas jurídicas y la existencia de sanciones excesivamente severas, como penas de prisión o condenas en suspenso, deriva en la pérdida de derechos civiles que resulta violatorio de los derechos humanos.
3. La violencia contra periodistas, que continúa siendo una amenaza muy grave para la libertad de expresión. Particularmente, contra los periodistas que cubren problemas sociales, incluyendo crimen organizado o narcotráfico, que critican a las autoridades o a los sectores de poder, que cubren violaciones a los derechos humanos o corrupción, o que trabajan en zonas de conflicto. El número creciente de estas agresiones se mantienen en la impunidad y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas o – cuando se producen – investigarlas y judicializar a quienes las perpetran. Fenómeno que deriva muchas veces en la autocensura y, por tanto, en la afectación del derecho a la información de nuestras sociedades.
4. Límites al derecho de acceso a la información, pese a haber sido reconocido ampliamente como un derecho humano básico, la mayoría de los Estados en la región no ha aprobado leyes que garanticen su pleno respeto.
5. Discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, hacia los grupos históricamente menos favorecidos (mujeres, personas indígenas, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad y otras minorías) que aún luchan para que se tengan en cuenta sus opiniones y para acceder a la información que les concierne. Entre las principales violaciones se encuentran los obstáculos a la creación de medios de comunicación para estas poblaciones, así como la reducida proporción de sus miembros en las redacciones de los principales medios, incluidos los públicos.
6. Presiones económicas que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público, a causa de la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con graves consecuencias para la diversidad de fuentes y contenidos. La fractura del mercado publicitario y otras presiones comerciales llevan a los medios a tomar medidas de reducción de costos, que perjudica la cobertura de temas de contenido local, el periodismo de investigación y promueve el entretenimiento de bajo nivel intelectual. Todo esto acrecienta el riesgo de que los beneficios de la transición a las frecuencias digitales sean absorbidos en gran parte por los medios existentes, impidiendo una mayor diversidad y acceso de los medios de interés público.
7. Falta de apoyo a emisoras públicas y comunitarias, que pueden desempeñar un rol social importante pero que enfrentan obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público y a la falta de reconocimiento legal específico con criterios adecuados en condiciones equitativas y democráticas que garanticen su desarrollo y eviten medidas discriminatorias técnicas o de sostenibilidad.
8. Uso del concepto de seguridad nacional para coartar la libertad de expresión, noción usada históricamente para imponer restricciones injustificadas a la libertad de expresión, bajo definiciones vagas y uso de términos como «apología» o «promoción» del terrorismo o la violencia.
9. Control gubernamental del uso de Internet, para controlar o limitar este medio de libre expresión ordenando el bloqueo de sitios Web, así como el hecho de que ciertas corporaciones proveedoras de servicios de búsqueda, acceso, mensajería, publicación, entre otros, no realizan esfuerzos suficientes para respetar el derecho de quienes lo usan para acceder a Internet sin interferencias, motivadas en razones políticas.
10. Acceso restringido a nuevas tecnologías de información y comunicación, tomando en cuenta que la mayoría de la población aún no tiene acceso a Internet, o lo tiene limitado, recortando su acceso a la información y espacios de expresión, los Estados siguen manteniendo estructuras de precios que imposibilitan el acceso de los sectores menos favorecidos a Internet y la omisión de extender la conectividad a todo el territorio, lo que deja a los usuarios rurales sin acceso.
En tal sentido resulta indispensable que los Estados garanticen plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, pues sin esta condición, se atenta contra el ejercicio de otros derechos y de la democracia misma.
Lima, Perú 25 de marzo de 2010.
