(CERIGUA/IFEX) – La noche del 28 de septiembre de 2004, el periodista y Secretario General del Círculo Nacional de Prensa (CNP), Miguel Ángel Morales, fue asesinado en el kilómetro 35 de la carretera que conduce de la capital al departamento de Izabal, al norte del país. Además, se conoció de un nuevo caso de amenazas […]
(CERIGUA/IFEX) – La noche del 28 de septiembre de 2004, el periodista y Secretario General del Círculo Nacional de Prensa (CNP), Miguel Ángel Morales, fue asesinado en el kilómetro 35 de la carretera que conduce de la capital al departamento de Izabal, al norte del país. Además, se conoció de un nuevo caso de amenazas de muerte en contra del periodista César Augusto López Valle.
Según informaciones recopiladas, varios hombres que se conducían en un vehículo blanco sin placas empezaron a zigzaguear en la carretera por lo que Morales cedió la vía, creyendo que iban bajo efectos de licor. Pocos metros adelante, un desconocido descendió del vehículo y sin mediar palabra disparó a Morales causándole la muerte instantáneamente.
CERIGUA también recibió la denuncia de López, director de la revista «Panorama» del departamento de Retalhuleu, ubicado aproximadamente a 200 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. López informó que el 25 de septiembre, un miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) lo amenazó de muerte.
De acuerdo con López, el militar Aurelio Pérez, tesorero de la sub sede de AVEMILGUA, lo tomó del cuello y con palabras soeces le previno que lo iba a eliminar si seguía hablando sobre temas relacionados a ese grupo castrense.
López cree que el origen del ataque proviene de un artículo escrito y publicado por él en la revista que dirige, en donde señala la utilización de una escuela para la reunión de los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) con el general y actual diputado del Congreso de la República Otto Pérez Molina.
Según se constató en Retalhuleu, actualmente los periodistas viven un ambiente de incertidumbre y miedo por las represalias que puedan surgir luego del enfrentamiento entre campesinos y policías en el desalojo de la Finca Nueva Linda el 31 de agosto, que dejó como saldo 11 personas muertas así como siete periodistas heridos (ver las alertas de IFEX del 10 y 1 de septiembre de 2004).
Los periodistas que presenciaron el desalojo han sido llamados por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Ministerio Público para presentar su versión de los hechos. Sin embargo, las investigaciones para el esclarecimiento de lo ocurrido y la devolución del material fotográfico y televisivo de los cazanoticias siguen sin avanzar.
El 28 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia del departamento de Quetzaltenango fijo una fianza de Q10 mil (aproximadamente 1,271 USD) a los tres policías acusados por los trabajadores de la prensa de golpearlos y confiscarles sus herramientas de trabajo.
