Noviembre de 2021 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX Paula Martins, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Desindexar y silenciar al periodismo de investigación uruguayo
Google desindexó recientemente de sus resultados de búsqueda dos importantes trabajos de periodismo de investigación publicados por Sudestada, un portal web de noticias uruguayo. La eliminación respondió a dos solicitudes distintas y la empresa de internet fundamentó la decisión aduciendo que los informes periodísticos en cuestión violaban presuntamente una ley estadounidense de derechos de autor (Digital Millennium Copyright Act, o DCMA) y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD).
Esto ha suscitado preocupación entre grupos latinoamericanos, incluida IFEX-ALC, que advierten que los reclamos, que fueron presentados por terceros anónimos, son un intento de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción.
Estas organizaciones también llamaron la atención sobre deficiencias en las salvaguardas del procedimiento. Sostienen que las notificaciones enviadas por Google al retirar los trabajos periodísticos de sus resultados de búsqueda no incluyen una descripción suficiente de los fundamentos por los que se determinó que los contenidos eran ilícitos. Además, afirman que las vías de apelación son inadecuadas o abusivas, dado que las reglas de moderación de contenido obligan al periodista y al medio a que, en toda reclamación judicial contra una decisión de este tipo, se sometan a una jurisdicción fuera de Uruguay.
La imposición de leyes estadounidenses y de la Unión Europea a usuarios radicados fuera de esas jurisdicciones es también problemática porque afecta el derecho de esos usuarios a reclamar y defenderse.
Nicaragua se retira de la OEA
La comunidad internacional criticó duramente el proceso de elección presidencial en Nicaragua. Según informaron medios locales e internacionales, las fuerzas de seguridad encarcelaron a siete posibles candidatos de la oposición y prohibieron a tres partidos políticos presentarse a los comicios. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea desconocieron la legitimidad de la victoria de Daniel Ortega el 7 de noviembre. IFEX-ALC y otras organizaciones ya habían advertido sobre la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua en el período previo a las elecciones, incluidas importantes restricciones a la libertad de prensa. Según estos grupos, no estaban dadas las condiciones mínimas para que se celebraran elecciones libres, justas y transparentes.
Luego de los comicios, la OEA adoptó una resolución en la que declara que las elecciones en Nicaragua “carecen de legitimidad democrática”. Veinticinco países votaron a favor de la resolución y siete se abstuvieron, entre ellos México, Honduras y Bolivia.
En respuesta a las críticas, Nicaragua inició el proceso para retirarse de la OEA.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que esta decisión aleja a Nicaragua cada vez más de la posibilidad de encontrar una salida democrática a la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país desde 2018.
Elecciones en Venezuela
Venezuela celebró elecciones en noviembre y por primera vez en cuatro años participaron los principales partidos de la oposición, luego de haber boicoteado las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2018 y 2020, respectivamente, acusando de fraude en esas instancias al gobierno de Maduro.
Observadores electorales señalaron que, aunque en estas elecciones hubo ciertas mejoras, se registraron varias irregularidades, como la inhabilitación arbitraria de candidatos por razones administrativas, demoras en la apertura de centros de votación y un “uso extendido de recursos públicos en la campaña”.
El miembro de IFEX-ALC Espacio Público destacó algunas de las características que se observaron en el ecosistema mediático venezolano en los meses previos a las elecciones: medios de prensa amenazados, escaso pluralismo, opacidad en la administración pública y debates políticos controlados. Asimismo, señaló que la mayoría de los medios privados del país son funcionales a los intereses de la elite gobernante, ya sea porque evitan cubrir temas políticos, sociales o económicos, o porque se identifican políticamente con el gobierno.
Otro miembro de IFEX, IPYS Venezuela, hizo un seguimiento de las violaciones de la libertad de prensa que se cometieron el día de las elecciones. IPYS Venezuela constató que los comicios adolecieron de irregularidades, baja concurrencia de votantes y restricciones constantes al acceso a información impuestas por el personal militar que custodiaba los centros de votación.
Ataques contra periodistas en Bolivia
A principios de noviembre, seis periodistas bolivianos fueron secuestrados y agredidos por un grupo de sujetos armados mientras cubrían una ocupación de tierras disputadas en la municipalidad de Guarayos. Los trabajadores de la prensa fueron detenidos y amenazados durante horas, además “fueron obligados a acostarse bocabajo y fueron pateados y pisoteados ‘como si fuéramos una alfombra”, según testimonios recogidos por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Días después de las agresiones, periodistas bolivianos convocaron a una marcha de protesta contra las medidas insuficientes tomadas por las autoridades locales para investigar el caso y llevar a los responsables a la justicia. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz anunció que apelaría a autoridades de derechos humanos de las Naciones Unidas para que investigaran el incidente. El 25 de noviembre se detuvo a una persona en conexión con el caso. Grupos nacionales e internacionales continúa reclamando que se investigue más a fondo.
Agentes extranjeros en El Salvador
El presidente salvadoreño Nayib Bukele defendió la aprobación de una ley que requiere que particulares y organizaciones que reciban financiación extranjera se registren como “agentes extranjeros”. Según CIVICUS, “si se aprueba, la ley limitaría las actividades legítimas de las organizaciones y los individuos que reciben financiación o apoyo del extranjero. Les obligaría a registrarse como ‘agente extranjero’ en el Ministerio del Interior y les impondría un impuesto del 40 % sobre algunas financiaciones internacionales”.
El miembro de IFEX Human Rights Watch (HRW) señaló que tales “agentes extranjeros” podrían incurrir en responsabilidades penales por actos que amenazan la seguridad nacional o por otros actos “debidamente comprobados”.
Según informes del medio El Faro, el jefe de bancada de Nuevas Ideas, sector político que apoya al presidente, admitió públicamente que el proyecto de ley está dirigido al periodismo independiente. “Se acabaron sus jugosos salarios a estos periodistas”, afirmó en una entrevista, refiriéndose a la cooperación internacional que reciben algunos periodistas de investigación. También arremetió contra la Open Society Foundation, que financia parcialmente a El Faro. Según la defensora de derechos Ruth López, una abogada que trabaja en la organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal y fue entrevistada por CPJ, la ley pretende controlar los intentos de la prensa y otras organizaciones de promover la rendición de cuentas para combatir la corrupción, y estigmatizará a quienes reciben financiación internacional para sus proyectos.
En Nicaragua, la adopción de una ley similar fue cuestionada por IFEX-ALC y muchos otros grupos. La aprobación de esa ley derivó en la cancelación de la personería jurídica de al menos 45 ONG por presunto incumplimiento de las obligaciones de informar al gobierno sobre sus actividades.
Chile busca regular las plataformas digitales
El parlamento chileno se encuentra estudiando un proyecto de ley presentado en ese país para regular los contenidos de las plataformas digitales. Uno de los supuestos objetivos de esta iniciativa es proteger a grupos vulnerables contra contenidos nocivos. Busca establecer principios rectores, derechos y deberes para todos los involucrados. El proyecto aborda, entre otros temas, la neutralidad de la red, la no discriminación de los usuarios, la protección de la imagen y la integridad de las personas vulnerables.
A pesar de las importantes inquietudes que llevaron a la formulación del actual proyecto de ley, grupos dedicados a cuestiones digitales y defensores de la libertad de expresión han expresado reservas con respecto a la redacción del texto. La Global Network Initiative (GNI) considera preocupante “los nuevos riesgos de responsabilidad para las plataformas digitales por el contenido generado por sus usuarios y las obligaciones generales y vagamente estipuladas para la moderación de contenido, con serias sanciones por su incumplimiento”.
El miembro chileno de IFEX-ALC Derechos Digitales afirma que el proyecto de ley (o boletín, como se denomina en Chile) atenta en realidad contra los derechos humanos.
El 24 de noviembre, más de treinta organizaciones y expertos internacionales y regionales emitieron una declaración enumerando diez razones por las que el Boletín No. 14.561-19 pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales en internet. Acceda al detalle de esas razones aquí.
Canadá y la cobertura de protestas y temas ambientales
Dos periodistas canadienses, Amber Bracken y Michael Toledano, fueron detenidos ilegalmente el 19 de noviembre cuando informaban sobre la construcción de un polémico gasoducto en territorio indígena Wet’suwet’en, en el norte de la Columbia Británica.
Los periodistas cubrían un bloqueo levantado por manifestantes que limitaba el acceso de los trabajadores de la empresa constructora Coastal GasLink a una carretera que conduce a la obra. Según la Asociación Canadiense de Periodistas, la Real Policía Montada de Canadá declaró que los periodistas habían sido detenidos porque estaban “insertos” entre los manifestantes.
Si bien lo periodistas fueron liberados, el 14 de febrero de 2022 deberán comparecer a una audiencia para responder a acusaciones de desacato civil a la justicia.
Al condenar el hecho, Reporteros Sin Fronteras (RSF) afirmó que Canadá forma parte de “una tendencia preocupante de detención de periodistas que cubren temas ambientales”.
Más de 40 grupos expresaron su preocupación en una carta abierta al ministro de seguridad pública de Canadá, en la que sostuvieron que en momentos en que “Canadá y sus instituciones democráticas y cívicas enfrentan su responsabilidad en la opresión y el despojo sufrido por los pueblos indígenas en sus tierras y prometen reparar el daño, los periodistas tienen un deber singular y expreso de informar sobre hechos noticiosos importantes brindando una cobertura exhaustiva”.
¿Quién controla a los controladores?
En 2019, los medios de prensa Ojo Público y The Intercept Brasil publicaron una investigación en el marco del caso Lava Jato [más información sobre este caso aquí], con audios que revelaban coordinaciones irregulares entre Martín Belaunde Lossio, procesado por lavado de dinero y asociación ilícita, y dos fiscales del sistema anticorrupción peruano.
Ahora se inició una investigación contra el periodista Ernesto Cabral, del portal Ojo Público, por presunta “violación indebida de identidad”, un delito que conlleva una pena de hasta seis años de prisión. Según el miembro peruano de IFEX-ALC Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el periodista fue notificado en octubre pasado. Además de la investigación, los fiscales también piden que se les dé acceso a las comunicaciones del periodista. IPYS considera que se trata de un ataque a la libertad de prensa y espera que sea archive el caso.
Ecuador – Un juicio que hay que seguir
Ola Bini fue arrestado en abril de 2019 cuando salía de su hogar en Quito rumbo a unas vacaciones en Japón. Según la organización Electronic Frontier Foundation (EFF), su detención estuvo viciada de irregularidades. No solo no se le leyeron sus derechos, sino que tampoco se le permitió contactar a su abogado y no se le facilitó traductor.
Cuando lo arrestaron, las autoridades ecuatorianas alegaron que un grupo de hackers rusos y actores vinculados a Wikileaks se encontraban en el país “colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno” en represalia por la expulsión del fundador de Wikileaks Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres y la revocación del asilo que se le había concedido.
No se levantaron cargos formales contra Bini al momento de su detención. Más tarde, la Fiscalía lo imputó por el delito de “acceso no consentido a un sistema informático”, que está tipificado en el artículo 234 del Código Penal de Ecuador y por el que se criminaliza el mero acceso a sistemas de telecomunicaciones e informáticos, independientemente de la intención con la que se efectúe ese acceso.
Según Access Now, aparte del proceso judicial, Bini también ha sido víctima de formas de hostigamiento extralegales desde que su detención.
Bini había trabajado en varios proyectos de código abierto, así como en protocolos de comunicación seguros y abiertos. También contribuyó a herramientas que han hecho posible que millones de sitios web de todo el mundo tengan un cifrado fuerte, y fue cofundador del Centro de Autonomía Digital, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de herramientas de seguridad fáciles de usar.
En 2020, organizaciones ecuatorianas e internacionales de la sociedad civil establecieron una misión para observar la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio.
Derechos Digitales informó que una investigación reciente del portal digital La Posta sugiere que Bini fue arrestado porque la entonces ministra María Paula Romo buscaba a alguien a quien culpar por la filtración de los INAPapers, que incluían correos electrónicos, chats, fotografías y otra información obtenida del teléfono del (ex) presidente Lenín Moreno. Según esa investigación, se sabía que Ola no estaba detrás de la filtración, pero la ministra precisaba entregarle a alguien al presidente.
Luego de reiterados aplazamientos, se estaría finalmente por llegar a una resolución en el caso de Bini y grupos de defensa de derechos están llamando a que se siga de cerca el juicio. Según HRW, el “proceso judicial puede tener un impacto considerable en el desarrollo y uso de comunicaciones digitales seguras, a las que recurren personas de todo el mundo para ejercer sus derechos”.
En breve
Periodistas perseguidos: Tres periodistas venezolanos hablan sobre las consecuencias de ser desplazados, acosados, censurados y amenazados a causa de su trabajo. En “Periodistas perseguidos”, una serie de testimonios audiovisuales producida por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Félix Amaya, Roberto Deniz y Germán Dam cuentan cómo fueron obligados a huir de su país ante presiones derivadas del ejercicio de su profesión.
Una tecnología perversa: Los miembros de IFEX Fundación Karisma, R3D y Derechos Digitales, junto con otras organizaciones que conforman el consorcio Al Sur, publicaron Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una tecnología perversa, un mapeo de 38 sistemas de reconocimiento facial desplegados en nueve países de la región. La investigación está disponible en español, portugués e inglés y acompaña el lanzamiento de un mini sitio web, al que puede accederse en https://estudio.reconocimientofacial.info/
Protestas y represión en Cuba: Acoso policial, citaciones ilegales por teléfono y a interrogatorio y detenciones arbitrarias. Estos son algunos de los hechos que, según ARTICLE 19 México y Centroamérica, se intensificaron contra periodistas independientes de distintos medios de prensa en Cuba en vísperas de las manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre.
Nueva guía para manifestantes: La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) lanzó su primera guía para manifestantes, con el fin de crear conciencia sobre las herramientas tecnológicas que pueden utilizar las fuerzas de seguridad para monitorear e identificar a las personas. Acceda a la Guía de Protesta aquí.
Basta de vigilancia policial discriminatoria y descontrolada: Tras un año de relevamiento de registros públicos, una investigación de la organización estadounidense American Civil Liberties Union (ACLU) determinó que la Policía Caminera de California había vigilado desde el aire a ciudadanos que se manifestaban por la justicia racial en decenas de comunidades del estado de California. Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), “el gobierno de los Estados Unidos ha estado espiando a los movimientos de protesta desde que existen los movimientos de protesta. Las manifestaciones del movimiento Black Lives [“Las vidas negras importan”] que se produjeron en el verano de 2020 no fueron ninguna excepción”. EFF también destacó que la vigilancia aérea por drones es muchas veces inconstitucional. Se puede firmar la petición de ACLU contra esta vigilancia aquí.
