A 27 periodistas, empleados y técnicos de la Televisión Pública Paraguay (TV Pública) les impidieron ingresar a las oficinas del canal, en Asunción, porque eran “personas que no continúan” ejerciendo sus funciones.
(RSF/IFEX) – 5 de septiembre de 2012 – El 4 de septiembre de 2012 a 27 periodistas, empleados y técnicos de la Televisión Pública Paraguay (TV Pública) les impidieron ingresar a las oficinas del canal, en Asunción, porque eran “personas que no continúan” ejerciendo sus funciones. Si bien el 31 de agosto pasado algunos se enteraron de que habría una nueva partida de despidos arbitrarios, ninguno de ellos recibió una notificación previa. La mayoría de estos trabajadores manifestó su oposición al golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo el 22 de junio pasado en la emisión de “Micrófono Abierto”, difundido esa misma noche; desde entonces el programa ha sido blanco de constantes interrupciones.
“Ya se había efectuado una primera purga en los medios de comunicación públicos creados durante el mandato de Fernando Lugo –TV Pública, Radio Nacional y la agencia informativa IP Paraguay– tres semanas después del golpe parlamentario. No podemos creer, a la vista de este método, del hecho consumado, en los argumentos administrativos expresados por la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (Sicom). Por desgracia, este despido de 27 periodistas –llevado a cabo en menosprecio de las reglas fundamentales del derecho del trabajo– no hace sino prolongar la cacería de brujas iniciada tras la destitución del presidente, el 22 de junio. Se trata de un ataque grave al pluralismo, cuyo único efecto será acentuar las divisiones en un país herido y aislado. Estamos dispuestos a apoyar a los periodistas víctimas de esta purga en las futuras acciones legales que emprendan”, declaró Reporteros sin Fronteras.
Según Martín Sannemann, actual Ministro de la Sicom, este conjunto de despidos se debe a que los sueldos eran pagados a través de contratos de consultoría entre la TV Pública y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y que estos expiraron el 31 de agosto pasado. “Un pretexto falso”, según los trabajadores, quienes recuerdan que TV Pública había concretado un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), que se complementaba con otro de la OEI por un periodo de tres a cuatro meses. Estos también precisaron que la administración anterior había conseguido un presupuesto de 10 mil millones de guaraníes (unos 2 millones de euros), más que suficientes para que los empleados continuaran desempeñando sus funciones. Su disgusto es aún mayor puesto que Martín Sannemann había prometido en una reunión efectuada el 15 de agosto pasado, que no habría despidos y que en todo caso habría un retraso en el pago de los salarios.
“Muchos se enteraron del despido el martes en la mañana, cuando llegaron para trabajar y el guardia ya no los dejó entrar porque tenía la lista de las personas a las que ya les está prohibida la entrada”, explicó Jazmín Acuña, quien trabajaba en la Gerencia de Proyectos de TV Pública y también fue despedida. “La lista negra es una clara persecución ideológica contra comunicadores que fueron contratados durante el gobierno de Fernando Lugo y forma parte de las acciones arbitrarias contra la libertad de expresión por parte del régimen golpista de Federico Franco”, denunció el periodista y documentalista Manuel Cuenca, también despedido.
Además de Jazmín Acuña y Manuel Cuenca, los otros empleados despedidos son: Diego Verón, Joaquín Serrano, Ricardo Quintana, Cristina Martínez, Patricia Armoa, Deisy Díaz Ruiz, Maricarmen Sequera, Mario Saldivar, Aleydis Franco, Hugo Isasi, Sergio Cáceres, René Pérez, Ingrid Groos, Emiliano Miranda, Héctor Ledesma, Rubén Romero, Edgar Pérez, Carlos Vera, David Mac Cruz, René Santacruz, Esteban Ortega, Sady Barrios, Germán Solís, Diego Segovia y Federico Velázquez.
El grado de inquietud en materia de libertad de información se incrementa en Paraguay desde el 22 de junio. El país también padece casos de impunidad persistentes, como lo es el del asesinato de Merardo Alejandro Romero Chávez, conductor de un programa de la radio comunitaria La Voz de Ytakyry, perpetrado el 3 de marzo de 2011, homicidio en el que los presuntos autores intelectuales gozan de una escandalosa mansedumbre judicial.
