El estado hondureño ha suspendido finalmente la inhabilitación profesional impuesta por la corte que ha impedido que el periodista de Globo TV Julio Ernesto Alvarado presentara su noticiero nocturno desde el 30 de octubre de 2015.
Este artículo fue publicado originalmente en pen-international.org el 17 de diciembre de 2015.
El estado hondureño ha suspendido finalmente la inhabilitación profesional impuesta por la corte que ha impedido que el periodista de Globo TV y miembro de PEN Honduras, Julio Ernesto Alvarado, presentara su noticiero nocturno desde el 30 de octubre de 2015, según ha declarado hoy PEN International, con lo que finalmente reconoce su obligación de cumplir con un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2014.
Convencer al gobierno de Honduras de que cumpla con la sentencia de la CIDH ha llevado más de 13 meses, y supone el último paso en una batalla legal de nueve años que partía de una demanda por difamación penal contra Alvarado en 2006 por parte de un funcionario público acusado de irregularidades.
‘Estamos muy contentos de que Julio Ernesto Alvarado sea ahora libre para volver a las ondas y a sus espectadores después de un período de seis semanas de hiato —aunque nunca se le debió impedir que trabajase como periodista,’ dijo Jennifer Clement, Presidenta de PEN International.
‘A pesar de que PEN International acoge con satisfacción la suspensión de la inhabilitación profesional de Alvarado, es inaceptable que le hayan hecho pasar 13 meses de incertidumbre y estrés innecesario. Esperamos que esto sea un indicio de que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales en lo que respecta a derechos humanos,’ agregó Salil Tripathi, Presidente del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.
La inhabilitación del ejercicio periodístico de 16 meses, impuesta formalmente a Alvarado el 29 de octubre como parte de una condena penal de 2013 por supuesta difamación, ha sido suspendida formalmente tras una audiencia en el juzgado de la capital de Honduras, Tegucigalpa, el 11 de diciembre de 2015. Estaba previsto que la audiencia tuviera lugar el 17 de noviembre, pero se retrasó, al parecer, debido a una muerte en la familia del juez. El tribunal también dictaminó que se informara de la suspensión de la prohibición a todos los organismos estatales y profesionales pertinentes. Alvarado volvió a presentar su programa Mi Nación el 13 de diciembre.
De acuerdo con documentos del tribunal, todas las partes en la audiencia celebrada el 11 de diciembre reconocieron plenamente el carácter jurídicamente vinculante en derecho interno de los compromisos internacionales de Honduras con los derechos humanos, y, por lo tanto, de la orden de la CIDH de suspender la inhabilitación del ejercicio periodístico de Alvarado como parte de las ‘medidas cautelares’ del 5 de noviembre de 2014. En consecuencia, tanto el Ministerio Público como el abogado de la demandante aceptaron la solicitud del 2 de noviembre de la Procuraduría General de suspender la inhabilitación profesional. A la Procuraduría General no le quedó más remedio que actuar de esa forma después de una reunión convocada por la CIDH el 21 de octubre a petición del PEN —una reunión a la que se negó asistir al mismo Julio Ernesto Alvarado.
‘Si la voluntad política mostrada en la audiencia del 11 de diciembre se hubiera producido desde antes de la suspensión del ejercicio profesional a Julio Ernesto Alvarado, se hubiera evitado que el Estado hondureño quedara evidenciado internacionalmente como irrespetuoso de los compromisos internacionales, y la arbitrariedad de suspenderlo no sería un hecho consumado,’ dijo Dina Meza, presidenta de PEN Honduras, que ha acompañado a Alvarado a lo largo de su experiencia penosa.
‘Desafortunadamente ante la falta de justicia en Honduras, debemos seguir este caso en el sistema interamericano, esperamos que se siente un precedente para que nunca más se repita este episodio lesivo a la libertad de expresión.’
La suspensión de la inhabilitación profesional es temporal, hasta que la CIDH haya investigado una petición hecha por Alvarado en julio de 2014 alegando violaciones de sus derechos a la libertad de expresión, un juicio justo y a la protección judicial a raíz de su condena por el delito de difamación. Se espera que la CIDH decida sobre la admisibilidad de la petición de Alvarado a principios de 2016.
‘El sistema judicial de Honduras tiene que darse cuenta de que no puede violar los derechos fundamentales y descuidar sus compromisos internacionales de derechos humanos,’ dijo Kenia Oliva, abogada de Alvarado y miembro de PEN Honduras. ‘El caso de Julio Ernesto Alvarado es solo uno de los cientos de casos en los que el poder político y económico prevalece y donde los jueces usan sus resoluciones para favorecer a sus “amigos” y olvidan su deber de hacer justicia.’
PEN International acoge con satisfacción la aplicación por parte del Estado de Honduras de las medidas cautelares y le insta a que coopere de forma plena con la CIDH en su investigación sobre la petición de Alvarado.
Antecedentes
Director y presentador del noticiero Mi Nación en la cadena independiente Globo TV, Alvarado fue condenado originalmente en apelación en diciembre de 2013 a 16 meses de prisión y a la inhabilitación del ejercicio periodístico durante el mismo período, como resultado de una demanda penal por difamación interpuesta por Belinda Flores, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Alvarado había cubierto la presunta implicación de Flores en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios en tres ediciones de Mi Nación en 2006.
Alvarado y dos profesores universitarios que habían aparecido en su programa para discutir las acusaciones fueron absueltos de los cargos en marzo de 2011. Sin embargo, Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa condenó a Alvarado por difamación penal —a pesar de que a los dos profesores confirmaron el veredicto de no culpabilidad y de que la Corte aceptó por probado que Flores estaba implicada en algún delito.
Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014, incluyendo una amenaza de muerte contra él y su familia realizada a través de las redes sociales. Previamente, había soportado meses de amenazas y hostigamiento que culminaron en un presunto atentado contra su vida, lo que lo llevó a suspender su programa de radio en Radio Globo en marzo de 2013. Estos ataques aún no han sido investigados, y mucho menos procesados.
Como resultado de esta intimidación y falta de fe en la imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su condena, optando en su lugar por pagar una multa para evitar el encarcelamiento. Como resultado de esto también se suspendió la inhabilitación del ejercicio periodístico en abril de 2014. Sin embargo, el abogado de Flores apeló con éxito contra la suspensión de la inhabilitación profesional.
A mediados de 2014, PEN Honduras y PEN International acudieron a la CIDH para solicitar la protección de Alvarado. El 5 de noviembre de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares que obligaban al Estado de Honduras a suspender la aplicación de la inhabilitación profesional hasta que la CIDH hubiera investigado la petición de Alvarado, que alegaba la violación de sus derechos por parte del Estado.
Sin embargo, a pesar del fallo de la CIDH, la prohibición de trabajo entró en vigor el 30 de octubre 2015, después de que Alvarado perdiera su última apelación ante la Corte Suprema de Honduras en septiembre.
