(RSF/IFEX) – En una carta dirigida al secretario de Gobernacion, Santiago Creel Miranda, RSF ha protestado contra los disparos efectuados contra la sede del semanario «Páginas» en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y contra las detenciones y amenazas de que fue víctima una decena de periodistas en los Estados de México y de Morelos (sur del país). […]
(RSF/IFEX) – En una carta dirigida al secretario de Gobernacion, Santiago Creel Miranda, RSF ha protestado contra los disparos efectuados contra la sede del semanario «Páginas» en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y contra las detenciones y amenazas de que fue víctima una decena de periodistas en los Estados de México y de Morelos (sur del país). Robert Ménard, secretario general de RSF, ha denunciado «la multiplicacion de los casos de agresiones, de amenazas y de detenciones de periodistas». La organizacion ha pedido que se abra una investigacion sobre cada caso, porque, en estos casos, podrían estar implicados agentes del Estado.
RSF ha pedido también a Creel Miranda que ponga fin a las detenciones de periodistas. En un texto aprobado en enero de 2000, el Relator Especial para la Promocion y la Proteccion del Derecho, la libertad de expresion y de opinion de Naciones Unidas establecio claramente que «la pena de prision por la expresion pacífica de una opinion vulnera gravemente los derechos humanos.»
Según las informaciones recogidas por RSF, algunos individuos dispararon, el 3 de abril, contra las oficinas del semanario «Páginas», que se edita en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), y amenazaron al personal del periodico. Según los directivos del periodico, que presentaron una denuncia, la agresion podría estar vinculada al tono crítico del periodico con las autoridades. Recalcan que los actos de intimidacion, amenazas y violencia de las autoridades de Chiapas contra los periodistas se han multiplicado en los últimos meses. El 7 de marzo, Fredy Martín Pérez Lopez, corresponsal del diario «El Universal» y de la agencia italiana ANSA, fue agredido por agentes de policía, en San Cristobal de las Casas, cuando asistía a enfrentamientos entre éstos y la poblacion indígena.
El 1 de abril, fue detenida Raquel Urbán Hernández, del semanario «Reporteros Informando», que se edita en la ciudad de Ecatepec (Estado de México). Quedo en libertad el mismo día, después de haber pagado una fianza de 22 000 pesos (aproximadamente US$ 2 420, 2 800 euros). La detencion se produjo como consecuencia de la denuncia presentada en enero por Alejandro Gamiño Palacios, legislador del PAN (Partido de Accion Nacional, al poder), quien demanda a la periodista por «difamacion». El 26 de noviembre de 2001, Urbán Hernández había denunciado la presunta implicacion del legislador en un caso de violacion de un menor.
El 11 de marzo, también fue detenida, en la ciudad de Xochitepec, María Esther Martínez, del diario «La Union de Morelos», que se edita el Estado de Morelos. Según la Comision independiente de derechos humanos de Morelos, organizacion civil de defensa de los derechos humanos, la periodista, acusada de «difamacion», fue detenida después de haber criticado la Procuraduría del Estado y la Policía Ministerial. Salio en libertad el mismo día. El 14 de marzo, Jesús Castillo, del mismo diario, recibio amenazas teléfonicas después de haber publicado informaciones revelando los presuntos vínculos de algunos policías con narcotraficantes y grupos de secuestradores. El 27 de febrero, Sergio Gomez Guerra, también de «La Union de Morelos», fue arrestado también y acusado por el presunto delito de «tráfico de vehículos robados». Los hechos ocurrieron una semana después de que firmara un artículo revelando los presuntos vínculos entre una persona cercana del jefe de la Policía Ministerial y un grupo de secuestradores arrestados en el Estado de México. Gomez Guerra fue liberado después de tres días de detencion.
En 2001, Roberto Díaz Guerrero y Fernando Ojeda, de la cadena de television Televisa, y Angélina Albarrán, del «Diario de Morelos» y de la emisora de radio Tiempo A.M., recibieron amenazas. El 19 de noviembre, RSF protesto contra las presiones sufridas por Francisco Guerrero, director de la edicion de «La Jornada» en el Estado de Morelos, después de acusar a un funcionario del ministerio de la Justicia de estar involucrado en un asesinato y de denunciar la supuesta existencia, en el gobierno de Morelos, de un grupo encargada de vigilar a miembros de partidos de la oposicion y de organizaciones no gubernamentales (ver la alerta de IFEX del 21 de noviembre de 2001).
