El diario Panamá América fue condenado a indemnizar con 25 mil dólares al ex Ministro de Gobierno y justicia, Winston Spadafora. El ex magistrado se sintió agraviado y demandó al periódico y a dos de sus periodistas por una noticia publicada en 2001.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 15 de enero de 2016.
La Sociedad Interamericana de Prensa deploró un fallo de la Corte Suprema de Panamá que condena a un diario a pagar una multa por daños al honor de un exmagistrado, al tiempo que centró su esperanza de que «este caso contra la libertad de prensa pueda ser sometido a instancias interamericanas, al haberse agotado el proceso judicial en el país».
El diario Panamá América fue condenado a indemnizar con 25 mil dólares al ex Ministro de Gobierno y justicia, Winston Spadafora. El ex magistrado se sintió agraviado y demandó al periódico y a dos de sus periodistas – Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio – por una noticia publicada en 2001 que denunciaba la construcción con fondos públicos de una carretera que le reportaba un beneficio personal, al brindar acceso a una de sus propiedades.
Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó el fallo de «nefasto antecedente para la libertad de prensa al condicionar los esfuerzos del periodismo de investigación». Agregó que este tipo de «represalia judicial contra la prensa no hace otra cosa que incentivar autocensura, lo que afecta directamente el derecho a la información de todos los panameños».
La SIP se ha pronunciado sobre este caso en reiteradas oportunidades mientras el proceso fue sometido a distintas instancias judiciales, siempre desfavorables al derecho a la información sobre irregularidades en el manejo de dineros públicos y el abuso de privilegio de funcionarios gubernamentales.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, explicó que este proceso nunca contempló antecedentes jurídicos interamericanos sobre «la verdad, la figura de la real malicia y la aceptación de la fiscalización de la prensa sobre las personas públicas». Agregó que dado el agotamiento de los recursos judiciales en el país, el caso debería «ser sometido a instancias del Sistema de Protección de los Derechos Humanos».
