La demanda por difamación agravada contra director Juan José Garrido y Perú 21 beneficia con una indemnización de aproximadamente 230 mil dólares estadounidenses a Félix Moreno Caballero, presidente del Gobierno Regional del Callao.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 1 de junio de 2016.
La SIP se mostró preocupada por una querella de un funcionario público del interior de Perú contra el periódico Perú 21 y su director, Juan José Garrido, que condiciona seriamente la libertad de prensa en el país.
La demanda por difamación agravada contra Garrido y Perú 21 beneficia con una indemnización de aproximadamente 230 mil dólares estadounidenses a Félix Moreno Caballero, presidente del Gobierno Regional del Callao. Moreno Caballero se sintió ofendido por una leyenda de una foto en la que se leía «magistrados lo habrían favorecido». La misma se publicó como parte del contexto de un informe preliminar de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía del Callao que critica a cuatro fiscales y un juez por no haber investigado a Moreno Caballero.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se mostró sorprendido que se haya hecho lugar a una demanda sobre hechos ciertos y, en especial, que proviene de un funcionario público que, según principios de libertad de expresión, deben ser más tolerantes a las críticas y a la fiscalización pública.
La demanda basó sus argumentos en un fallo del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana que declaró fundada la queja de Moreno Caballero.
Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Montevideo, Uruguay, añadió que si bien a la SIP no le compete abrir juicios de valor sobre lo que estiman organismos periodísticos voluntarios, expresó que «la Justicia tiene la obligación de ceñirse al ordenamiento legal nacional y súper nacional que impone condicionamientos sobre la intencionalidad de las publicaciones y sobre los funcionarios públicos. «En este caso – agregó – Perú 21 publicó un informe de interés público generado por personajes públicos que deben ser transparentes ante sus electores; y esto es lo que debería sopesar la Justicia».
