(IPYS/IFEX) – El periodista José Ángel Ocanto, jefe de información del diario «El Impulso», de la ciudad de Barquisimeto, ubicada en la región centro occidental del país, declaró que existe dilación en la causa por difamación intentada en su contra por el mayor Arnaldo Certaín, ex director de Seguridad y Orden Público y ahora director […]
(IPYS/IFEX) – El periodista José Ángel Ocanto, jefe de información del diario «El Impulso», de la ciudad de Barquisimeto, ubicada en la región centro occidental del país, declaró que existe dilación en la causa por difamación intentada en su contra por el mayor Arnaldo Certaín, ex director de Seguridad y Orden Público y ahora director de la Fundación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria de Lara.
Sus declaraciones se produjeron tras conocer la inhibición del juez de juicio Carlos Alberto Quintero, lo cual produjo la suspensión de la audiencia que debió realizarse el 1 de octubre de 2003 en el Circuito Judicial del estado Lara, cuya sede permaneció fuertemente custodiada por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Es el segundo juez que se inhibe en este proceso iniciado en 2002 luego que el funcionario demandara por difamación e injuria al periodista, a propósito de unas informaciones publicadas en «El Impulso», en las cuales lo vincula a hechos de corrupción y al tráfico de drogas mientras era director del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (principal terminal aéreo del país).
De acuerdo con la información ofrecida por Ramón Pérez Linares, abogado defensor del periodista, el juez Quintero se inhibió apoyándose en el artículo 86 ordinal octavo del Código Orgánico Procesal Penal. «Alegó que como había presenciado la audiencia donde se declaró con lugar el recurso de amparo a favor de Ocanto, las partes podían recusarlo. Para evitar recusaciones se inhibía por cuanto su imparcialidad se podría ver afectada», expresó.
Según las normas que rigen en los tribunales, el nuevo juez tendrá un lapso no menor de diez días, ni mayor de veinte días, a partir de su nombramiento, para fijar el juicio.
El primer juez del caso fue Jorge Querales, actual Fiscal Superior del Ministerio Público en Lara, quien se inhibió en este caso el 17 de octubre de 2002, luego que la Corte de Apelaciones determinara que le estaba violando el derecho a la defensa a Ocanto.
En esa oportunidad un grupo de personas acudieron a la sede del tribunal a manifestar en contra de Ocanto. La acción dejó como resultado daños a las instalaciones judiciales. También fueron lanzados insultos y amenazas contra jueces y periodistas que estuvieron presentes.
Ocanto goza de una medida cautelar que fue emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de noviembre de 2002, por amenazas y actos de hostigamiento a los que ha sido objeto el comunicador.
