(PERIODISTAS/IFEX) – El 10 de agosto de 2004, el directorio del diario «La Nación», que es propiedad del gobierno, despidió al director periodístico Alberto Luengo debido a la cobertura del matutino sobre un caso de pedofilia que involucra a altas figuras de la política chilena. Desde octubre de 2003, los poderes del estado y los […]
(PERIODISTAS/IFEX) – El 10 de agosto de 2004, el directorio del diario «La Nación», que es propiedad del gobierno, despidió al director periodístico Alberto Luengo debido a la cobertura del matutino sobre un caso de pedofilia que involucra a altas figuras de la política chilena.
Desde octubre de 2003, los poderes del estado y los medios de comunicación eran conmovidos por el denominado «Caso Spiniak», una red de pornografía infantil y abuso sexual a menores de edad. Testimonios ante la justicia señalaban la participación del alcalde de Valparaíso, de la Democracia Cristiana (DC), una agrupación que integra la Concertación, alianza en el gobierno nacional, y de un senador de la Unión Democrática Independiente (UDI), partido de oposición que calificó las acusaciones como parte de un complot.
Según varias entidades periodísticas de Chile, el principal accionista del diario, el gobierno, estaría molesto por las publicaciones sobre este tema. El Colegio de Periodistas denunció que «más grave aún, es la presión que dos partidos políticos, la UDI y la DC, habrían ejercido para condicionar la forma de cobertura del hecho». También manifestaron su condena el Sindicato de Trabajadores del diario, el Programa de Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y más de 30 legisladores de la Concertación.
Las organizaciones recordaron dos casos anteriores, el despido en enero de 2001 del entonces director del website Primera Línea (ver la alerta de IFEX del 23 de enero de 2001), de la misma empresa de «La Nación», y la separación en mayo de 2003 del equipo de investigación de «La Nación Domingo» por notas periodísticas que habían molestado al poder ejecutivo (ver la alerta del 28 de mayo de 2003).
El ministro secretario general de gobierno, Francisco Vidal, explicó a la prensa que el despido de Luengo «dice relación con el hecho de tratar, editorialmente, temas que actualmente se encuentran en conocimiento e investigación por parte de los tribunales de justicia». Consideró que fue una decisión «razonable y civilizada» que expresa «la voz del propietario», y que «la línea editorial de un diario que es de gobierno tiene que coincidir con el gobierno».
La Asociación PERIODISTAS, de Argentina, lamentó «la arbitraria medida». «Consideramos que la circunstancia de que ‘La Nación’ sea propiedad del gobierno chileno no alcanza para justificar esta medida, ya que el citado diario goza de autonomía según la legislación trasandina, y dado que el tema que provocó la separación de Luengo es de indudable interés público».
