(RSF/IFEX) – RSF está muy preocupada porque en diciembre de 2006 se han intensificado los ataques a la prensa, relacionados con el empeoramiento de la crisis política que en este momento agita al país. Medios de comunicación públicos y privados se han convertido en blanco de los arreglos de cuentas entre partidarios del gobierno y […]
(RSF/IFEX) – RSF está muy preocupada porque en diciembre de 2006 se han intensificado los ataques a la prensa, relacionados con el empeoramiento de la crisis política que en este momento agita al país. Medios de comunicación públicos y privados se han convertido en blanco de los arreglos de cuentas entre partidarios del gobierno y de la oposición.
«Los periodistas de medios públicos, o favorables al presidente Evo Morales, se encuentran claramente en peligro en los cuatro departamentos de Santa Cruz (Este), Beni (Norte), Pando (Norte) y Tarija (Sur) donde la oposición, mayoritaria, esgrime amenazas secesionistas. En contrapartida, los partidarios del gobierno de La Paz no deben ceder a la tentación de adoptar represalias contra los medios de comunicación privados y de oposición. Hacemos un llamamiento a la prensa boliviana para que no mantenga una guerra mediática, que podría sobrepasarla rápidamente. Igualmente, nos dirigimos a las asociaciones y sindicatos de periodistas para que se movilicen a fin de que ningún profesional, sea cual el medio al que pertenezca, padezca represalias en el ejercicio de su trabajo. Reporteros sin Fronteras apoyará esta opción», ha declarado la organización.
El 13 de diciembre, a Julio Peñaloza, de la emisora Radio Erbol, le insultaron y agredieron en Santa Cruz, cuando cubría una manifestación de opositores que reclamaban la autonomía del departamento. El periodista, estigmatizado por sus críticas a las pretensiones secesionistas del gobierno local de Santa Cruz, cayó de su mobylette en la Plaza de Armas de la ciudad. La intervención policial evitó «el linchamiento de la multitud», explicó a sus colegas de la emisora. Julio Peñaloza se ha quejado también de recibir advertencias telefónicas, intimándole a callarse.
El 7 de diciembre, y también en Santa Cruz, unos desconocidos irrumpieron en los locales del canal público de televisión Canal 7, para intentar incendiarlo. Expulsados por los vigilantes, los asaltantes dejaron en el lugar catorce litros de gasolina y algunos cócteles Molotov, ha manifestado el director del canal, Jaime Jaramillo, quien se queja de estar recibiendo repetidas amenazas por teléfono (ver la alerta de IFEX del 13 de diciembre de 2006). Según el diario «La Razón», los agresores serían miembros del movimiento Unión Juvenil Cruceñista, virulenta opositora del gobierno nacional, que ya cometió un atentado con explosivos en Canal 7, el pasado 8 de septiembre (ver la alerta del 12 de septiembre de 2006).
En la noche del 6 de diciembre, en La Paz (Oeste), una veintena de personas asediaron las sedes de dos televisoras privadas, Unitel y Periodistas Asociados de Televisión (PAT), para denunciar sus líneas editoriales, contra las aspiraciones secesionistas. La intervención de la policía pudo evitar en el último momento que se generaran incidentes violentos (ver la alerta del 13 de diciembre de 2006). El principal accionista de PAT no es otro que Carlos Mesa, ex presidente de la República (2003-2005).
El 27 de noviembre, en Cochabamba (Centro), unos militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales, agredieron a Julio Saavedra, de Radio Betel, Franz Navia, de la emisora Radio Centro, y un camarógrafo de la televisora Canal 52, acusándoles de ser «cómplices de la oposición». Los periodistas resultaron heridos levemente (ver la alerta del 8 de diciembre de 2006).
Desde que, en el mes de agosto, se eligió una Asamblea Constituyente nacional sin mayoría absoluta, no ha cesado de inflamarse la crisis política entre los partidarios del gobierno nacional, que reclaman reformas constitucionales por mayoría simple, y los de la oposición, que preconizan votaciones con mayorías de dos tercios.
La situación todavía podría envenenarse más con un proyecto de ley anticorrupción, que prevé prohibir que la prensa hable de las investigaciones que se encuentren en curso. El debate en el Congreso sobre ese proyecto debería reanudarse el 19 de diciembre.
