(RSF/IFEX) – «La difícil situación en que se encuentra Patxi Ibarrondo, ex director de «La Realidad», pone de manifiesto el desequilibrio que a veces existe entre la defensa de los derechos de los periodistas y la del honor de los ciudadanos que se consideran difamados», ha declarado RSF. Es comprensible que se interponga una demanda […]
(RSF/IFEX) – «La difícil situación en que se encuentra Patxi Ibarrondo, ex director de «La Realidad», pone de manifiesto el desequilibrio que a veces existe entre la defensa de los derechos de los periodistas y la del honor de los ciudadanos que se consideran difamados», ha declarado RSF. Es comprensible que se interponga una demanda judicial contra un medio de comunicación, pero también es deseable que no llegue a la asfixia económica de la publicación, su cierre y la ruina de su director, sobre todo aún cuando no se han agotado todos los recursos jurídicos.
«A pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se reformó en 2003 por presiones de los representantes de los medios de comunicación, Patxi Ibarrondo sigue enfrentándose a sanciones previstas antes de la reforma del texto. Reporteros sin Fronteras pide que se contemplen a la luz de la nueva legislación, que no permite exigir el pago de indemnizaciones antes de que la sentencia sea definitiva, y sin posibilidad de recurso», ha precisado RSF.
El 28 de diciembre de 2001, «La Realidad» cerró sus puertas y despidió a sus 30 trabajadores. El semanario no pudo hacer frente a la indemnización que le condenaron a pagar al secretario general del Partido Popular de Cantabria (Norte), Carlos Sáiz, quien había denunciado al periódico tras la publicación de un artículo, en el que se mencionaba uno de sus viajes a Suiza. La juez Laura Cuevas consideró que el artículo presuponía que cuando uno viaja a Suiza lo hace por asuntos poco claros, o sospechosos, y que eso suponía un perjuicio moral para Carlos Sáiz. Por ello, la magistrada condenó a «La Realidad» a pagar 120.000 euros al político; una suma que, en la apelación en 2002, quedó reducida a 12.000 euros.
En enero de 2007, para garantizar el pago de la totalidad de la indemnización, la misma juez ordenó que cada mes se retirara de la cuenta bancaria de Ibarrondo el 12 por ciento de su pensión de invalidez.
Ahora, Ibarrondo tiene que hacer frente a una indemnización de 15.000 euros, por unos artículos relativos al portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria, Francisco Rodríguez Argüeso. El periodista fue condenado por negarse a revelar la identidad del autor de esos textos. Sin recursos económicos, Ibarrondo teme que la justicia ordene ahora su detención por no poder pagar las indemnizaciones.
Desde julio de 2004, Ibarrondo sufre la enfermedad de Parkinson. Expertos médicos han llegado a la conclusión de que «el esfuerzo intenso y prolongado» que el periodista tuvo que hacer en el momento del cierre de La Realidad es responsable del desarrollo de su patología. Incapaz de trabajar, recibe una pensión de invalidez de 800 euros mensuales.
Ibarrondo carece de recursos económicos para continuar la batalla judicial. Además, su abogado ha abandonado la defensa sin previo aviso, justo cuando iba a recurrir en casación ante la más alta instancia judicial del país.
Ibarrondo tiene 54 años y a lo largo de su trayectoria ha trabajado en las publicaciones «El País», «Diario 16», «Cambio 16», y el programa radial «La Hoja del Lunes», entre otros medios.
