(IPYS/IFEX) – El periodista Milton Chacaguasay Flores, director y propietario del Semanario «La Verdad», fue condenado a diez meses de prisión por injuriar al Juez I de lo Civil, Silvio Castillo. La sentencia de la Sala Penal Colusorio y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de la Provincia de El Oro fue emitida […]
(IPYS/IFEX) – El periodista Milton Chacaguasay Flores, director y propietario del Semanario «La Verdad», fue condenado a diez meses de prisión por injuriar al Juez I de lo Civil, Silvio Castillo. La sentencia de la Sala Penal Colusorio y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de la Provincia de El Oro fue emitida el 15 de noviembre de 2008. El periodista fue arrestado el 30 de noviembre y recluido en la sección de choferes del Centro de Rehabilitación Social de Machala, al sur del país.
Según Castillo, el periodista lo acusó sin pruebas de enriquecimiento ilícito en una nota publicada en septiembre del 2007. Chacaguasay argumentó que la nota fue un espacio contratado, donde se pidió al Consejo Nacional de la Judicatura revisar una sentencia del juez Castillo por considerarla injusta.
En mayo de 2008, el periodista fue absuelto en primera instancia por el Juez III de lo Penal de El Oro, Óscar Solano, pero el demandante apeló ante la Sala Penal Colusorio y de Tránsito, que condenó a Chacaguasay a diez meses de cárcel. Este mismo tribunal lo sentenció, en febrero, a ocho meses de prisión efectiva por injuriar al dirigente político del Partido Social Cristiano, José Ugarte Aguilar, a quien el periodista implicó en un presunto caso de corrupción en el municipio de Machala. Se aguarda que la Corte Nacional de Justicia resuelva el recurso de casación que presentó el denunciado.
El hijo del periodista, Luis Miguel Chacaguasay, denunció que el 1 de diciembre Ugarte Aguilar amenazó de muerte a su padre a través de un mensaje de voz.
IPYS y la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) consideran que los delitos de opinión deben ser despenalizados y vistos en el fuero civil, que impone indemnizaciones y no prisión efectiva a los culpables.