Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle de Ayacucho, y Asencio Canchari Sulca, colaborador del medio, fueron sentenciados por presunta difamación en procesos separados de casos distintos en los que fueron denunciados, por su labor fiscalizadora de gestiones públicas aparentemente irregulares.
El 21 de octubre de 2013, Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle de Ayacucho, y Asencio Canchari Sulca, colaborador del medio, fueron sentenciados por presunta difamación en procesos separados de casos distintos en los que fueron denunciados, por su labor fiscalizadora de gestiones públicas aparentemente irregulares. La región Ayacucho está ubicada al centro del país.
A Valenzuela, además parte del informativo «Estación Noticiosa» de la radioemisora Estación Wari, la sentenció el juez Rigoberto Dueñas Carhuapoma, del Primer Juzgado Penal de Ayacucho, a dos años de pena privativa con ejecución suspendida, al pago de 25 mil nuevos soles de reparación civil, y una multa 1,050 soles de a favor del estado. A ella la denunció el ex presidente del gobierno regional de Ayacucho, Ernesto Molina Chávez, a quien la periodista criticó en varias ediciones de La Calle, publicadas en 2010, por el proceso de licitaciones para la construcción de un hospital regional.
Canchari Sulca fue sentenciado por el juez Asunción Canchari, del Cuarto Juzgado Penal de Ayacucho, también a dos años de pena privativa de libertad y a pagar 3 mil soles de reparación civil en favor de Magno Sosa Rojas, actual decano departamental del colegio de periodistas, y ex asesor del actual presidente del Gobierno Regional. El comunicador cuestionó al actual presidente Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, sobre su promesa incumplida de un nuevo hospital regional y al entorno de periodistas que lo habrían blindado y no denunciado, entre ellos Sosa Rojas.
Las sentencias se dan a pocos días de que, según un periodista de La Calle, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Tony Rolando Changaray, las advirtiera en una conferencia de prensa, adelantando opinión. Para Valenzuela se trata de simple amedrentamiento a una labor fiscalizadora que emprenden desde el diario y el noticiario de radio.
Esther Valenzuela refirió al IPYS que ya han apelado las sentencias pero teme porque existen otros procesos judiciales pendientes de resolución. Uno por una denuncia formulada por presuntas licitaciones irregulares en un proyecto de riego, adscrito al Gobierno Regional y que además alcanza a Manuel Ventura Mariluz y Rosario Romaní Días, también periodistas de La Calle.
El IPYS lamenta que se denuncie tan fácilmente a periodistas por su labor fiscalizadora, y que jueces que no ponderen las críticas que se hacen sobre la gestión pública, terminen sentenciando tal vez desproporcionadamente.