Agosto de 2022 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Agosto marcó dos años de represión sin precedentes en Bielorrusia y seis meses desde que Rusia comenzó su guerra contra Ucrania. En Turquía, los nacionalistas atacaron a los periodistas críticos y el gobierno anunció el establecimiento de un “Centro para Combatir la Desinformación”.
Un “ambiente deliberadamente hostil”
El mes de agosto en Bielorrusia marcó el segundo aniversario de las disputadas elecciones presidenciales que devolvieron al poder a Aleksandr Lukashenka. Ese resultado desencadenó una ola masiva de protestas populares en todo el país y, en respuesta, una represión sin precedentes del espacio cívico por parte de las autoridades.
Las organizaciones que hacen parte de IFEX aprovecharon la ocasión para realizar declaraciones que resumen la grave situación actual de los medios independientes y los defensores de los derechos humanos en Bielorrusia y con llamados a la acción de la comunidad internacional.
La Asociación de Periodistas de Bielorrusia (BAJ), objeto de liquidación judicial hace un año en la «purga» de la sociedad civil por parte de Lukashenka, destacó los varios cientos de periodistas detenidos durante los últimos dos años, el cierre de los medios de prensa y el uso cada vez más frecuente del adjetivo «extremista» para socavar a los medios. BAJ instó a sus colegas internacionales a “hacer un llamado a sus gobiernos para que usen su influencia política sobre las autoridades bielorrusas para restaurar la libertad de expresión en Bielorrusia”.
La Federación Europea de Periodistas (EFJ) pidió más esfuerzos internacionales a fin de presionar al gobierno de Lukashenka para que “libere a periodistas, sindicalistas y todos aquellos que están en prisión simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”. También hubo llamados a una mayor presión internacional sobre el gobierno y declaraciones de solidaridad con la sociedad civil de ARTICULO 19, el Instituto Internacional de Prensa y PEN International.
Reporteros sin Fronteras hizo un llamado a la comunidad internacional para que “brinde apoyo concreto” a los medios independientes bielorrusos y publicó entrevistas con periodistas que habían huido al exilio de Bielorrusia. PEN America instó a EE. UU. a hacer más para abordar los abusos de los derechos por parte de Lukashenka y pidió un “esfuerzo consolidado para contrarrestar las tácticas bielorrusas que implican la censura en Internet, la detención prolongada en condiciones terribles y la tortura generalizada”.
Muchas declaraciones destacaron el apoyo que le brindó el gobierno de Lukashenka al ataque de Rusia contra Ucrania (que incluyó permitir que parte de la invasión se llevara a cabo desde el interior del territorio bielorruso) y el efecto nefasto que esto ha tenido en la situación del pueblo bielorruso. “La invasión inicial de Ucrania ha socavado gravemente gran parte del apoyo mundial a Bielorrusia”, dijo PEN América. “Más que nunca, es crucial hacer la distinción entre quienes residen en Bielorrusia y las crueles acciones del régimen de Lukashenka respaldado por Putin”.
Las protestas de los bielorrusos contra la guerra de Rusia en Ucrania han resultado en el arresto y encarcelamiento de varios activistas y defensores de los derechos. La organización bielorrusa de derechos humanos Viasna (que actualmente tiene una lista de más de 1.300 presos políticos en Bielorrusia) ha registrado numerosos casos penales basados en “declaraciones contra la guerra y contra Rusia en las redes sociales, difusión de información sobre el movimiento de tropas rusas en el territorio de Bielorrusia, y los intentos de impedir el movimiento de equipo militar en las vías del tren”.
El caso de la estudiante Danuta Peradnia es representativo. Fue sentenciada a 6,5 años de prisión el mes pasado (e incluida en una lista de ‘terroristas’) supuestamente por republicar en un chat de las redes sociales un texto que criticaba a Putin y Lukashenka por la guerra.
[ Traducción: Danuta Perednia, una estudiante de 20 años de #Bielorrusia es otra víctima más de Lukashenka. Fue sentenciada a 6,5 años de prisión por republicar un texto contra la guerra que hizo después de que #Rusia invadiera #Ucrania. Danuta ahora está en la lista de personas «involucradas en actividades terroristas».]
En agosto también se produjeron avances en los casos de numerosos periodistas perseguidos, entre ellos: Iryna Slaunikava, miembro de la junta de BAJ, que fue sentenciada a cinco años de prisión por dirigir una organización «extremista»; la periodista Tatsiana Matsveyeva, condenada a ocho días de prisión por una publicación en Facebook; y la conocida editora Aksana Kolb, quien anunció este mes que había huído de Bielorrusia luego de una sentencia de “prisión abierta” de 30 meses que se le impuso en junio de 2022.
El informe más reciente del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia se centra en la situación de los ciudadanos bielorrusos como Kolb que han huido de su país y que no pueden regresar a casa debido al “ambiente deliberadamente hostil” que hace que el regreso sea inseguro.
El informe (en el que destaca el trabajo de BAJ) pide al gobierno bielorruso que ponga fin a las políticas y prácticas que obligan a los ciudadanos a exiliarse y hace varias recomendaciones, entre ellas: poner fin a “la política de erradicación de la sociedad civil”; abrir el espacio informativo y acabar con la persecución a los medios; la liberación inmediata e incondicional de todos los encarcelados por ejercer sus derechos civiles y políticos; llevar ante la justicia a los funcionarios estatales involucrados en abusos contra los derechos humanos; y poner fin a la persecución de los ciudadanos bielorrusos en el exilio.
“El chaleco antibalas que me dieron me salvó la vida”
En agosto, los miembros de IFEX también subrayaron los seis meses desde la invasión rusa de Ucrania.
El Instituto de Información Masiva (IMI) proporcionó otro informe completo sobre los ataques de Rusia a los medios en Ucrania desde el comienzo del conflicto. Según su informe, esta cifra asciende ahora a 435. El número de periodistas asesinado/as ha aumentado a 37 (incluyendo a seis mujeres). Ocho de estas personas fueron asesinadas en el curso de su reportaje (seis hombres, dos mujeres). IMI también ha registrado 65 amenazas de muerte dirigidas a periodistas como resultado de la invasión y el cierre de 215 medios de comunicación.
Reporteros sin Fronteras (RSF) publicó una descripción general del apoyo práctico que han brindado (en colaboración con IMI) a periodistas que informan sobre el conflicto. A principios de agosto, RSF había brindado asistencia en forma de equipo de protección, botiquines de primeros auxilios, equipo para reportajes y servicios de apoyo psicológico a más de 600 periodistas. La Federación Europea de Periodistas (EFJ), que también ha brindado ayuda esencial a periodistas trabajando en Ucrania, compartió comentarios de varios trabajadores de los medios que han podido continuar trabajando gracias a la asistencia de EFJ, incluido el de Gleb Golovchenko de TAK TV, quien dijo: “El chaleco antibalas que me dieron me salvó la vida”.
Human Rights Watch marcó el medio año de guerra brindando una excelente descripción general de cómo el gobierno ruso ha tratado de impedir la libre discusión sobre el conflicto. Con el título «¿Qué puede meterte en problemas por el discurso contra la guerra en Rusia?«, la guía explicativa ilustra los casos de varias personas que han infringido la legislación reciente que criminaliza la difusión de desinformación sobre las fuerzas armadas. Los ejemplos incluyen a la artista y música Aleksandra Skochilenko, quien participó en una campaña de Resistencia Feminista Contra la Guerra, una campaña basada en reemplazar etiquetas de precios en las tiendas por mensajes contra la guerra. Como resultado la artista fue condenada a prisión preventiva en abril y aún se encuentra en la misma situación en agosto.
Este mes hubo otras personas que también fueron atacadas por sus protestas contra la guerra: la periodista Marina Ovsiannikova, quien fue acusada oficialmente de “difundir información falsa” sobre el ejército y enfrenta hasta diez años de prisión si es declarada culpable; el exalcalde de Ekaterimburgo, Evgeny Roizman, acusado de “desacreditar a las fuerzas armadas” por sus críticas a la invasión; y el Sindicato de Periodistas y Trabajadores de los Medios, que recibió una multa importante este mes por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas” y que podría enfrentarse a su disolución en una audiencia judicial prevista para el 14 de septiembre.
[ Tranducción: La policía arrestó al popular exalcalde de Ekaterimburgo, Evgeny Roizman, bajo el delito de «desacreditar a las Fuerzas Armadas». Roizman era la última figura prominente de la oposición en Rusia que no había sido detenida o exiliada. ]
Las autoridades rusas también continuaron atacando a periodistas extranjero/as en agosto, agregando 12 reportero/as y editore/as británico/as de alto perfil a una ya larga lista de personal de medios a quienes se les prohibió ingresar a Rusia.
Nacionalismo, desinformación y homofobia
La persecución de periodistas en Turquía continúa. A menos de un año para las elecciones parlamentarias, los políticos ultranacionalistas y sus seguidores atacan a sus críticos en la prensa con amenazas, calumnias, abuso verbal y ataques físicos.
Uno de estos ataques recientes involucró a la periodista de YouTube Ebru Uzun Oruç y su camarógrafo (y esposo) Barış Oruç. Tras la publicación de un reportaje en video sobre el líder del Partido del Movimiento Nacionalista, Devlet Bahçeli, los Oruç fueron atacados en una calle de Estambul por hombres armados. Afortunadamente, ambos salieron ilesos. Dos de los agresores fueron detenidos brevemente por la policía y luego liberados.
El anuncio del gobierno de que iba a establecer un “Centro para Combatir la Desinformación” hizo sonar las alarmas este mes. Aunque todavía no está claro cómo funcionará el centro, su objetivo será “contrarrestar las campañas sistemáticas de desinformación dirigidas contra Turquía”. Probablemente esta iniciativa presente otra amenaza a la libertad de expresión en el país, complementando el reciente proyecto de ley de «desinformación» que amenaza con tres años de prisión a quienes difunden «noticias falsas» en línea.
La presión sobre las personas LGBTQI+ en Turquía se vive con especial fuerza durante los eventos del Orgullo, donde las autoridades suelen ningunear los derechos de las personas LGBTQI+ a la libertad de expresión y de reunión. Este mes, Yasemin Smallens de Human Rights Watch publicó un interesante resumen de cómo el mes del Orgullo de Turquía (junio) mostró tanto la homofobia gubernamental como la resistencia LGBTQI+. Smallens señala al menos 10 eventos LGBTQI+ que fueron prohibidos durante el Orgullo y más de 530 arrestos. Muchas de las personas arrestadas, afirma, fueron mantenidas “esposadas, en vehículos bajo altas temperaturas y sin comida ni agua durante largos períodos. La mayoría pasaron la noche en prisión”. Smallens ubica la postura anti-LGBTQI+ del gobierno en el contexto más amplio de su ataque a los derechos en general, incluida su hostilidad hacia políticos y activistas kurdo/as, defensore/as de derechos humanos, grupos de defensa de derechos de las mujeres y periodistas.
