(RSF/IFEX) – RSF protesta por el embargo, el 27 de abril de 2004, de los discos duros de dos ordenadores del periódico digital «El Mostrador», efectuado en aplicación de la Ley antiterrorista. El material fue restituido al día siguiente. «Este embargo representa un atentado a la protección de las fuentes, piedra angular de la libertad […]
(RSF/IFEX) – RSF protesta por el embargo, el 27 de abril de 2004, de los discos duros de dos ordenadores del periódico digital «El Mostrador», efectuado en aplicación de la Ley antiterrorista. El material fue restituido al día siguiente.
«Este embargo representa un atentado a la protección de las fuentes, piedra angular de la libertad de prensa. Si no se respeta, ya nadie confiará nunca nada a los periodistas, y lo que resultará gravemente perjudicado será el derecho de la sociedad a estar informada», ha manifestado RSF en una carta dirigida a la juez Gloria Ana Chevesich, quien ordenó el embargo.
Según el artículo 8 de la Declaración de principios sobre libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».
El 27 de abril por la mañana, la policía embargó los discos duros de dos ordenadores en la sede del diario digital «El Mostrador» ( http://www.elmostrador.cl ), por orden de la juez Chevesich. Para justificar el embargo, la magistrada, que investiga un atentado cometido el 24 de marzo contra el consulado de Brasil en Santiago, recurrió a la Ley antiterrorista. Según la orden de embargo, el objetivo es «efectuar una clonación y análisis del contenido de los discos duros, con el fin de obtener información en torno a la existencia de un nuevo correo de adjudicación del atentado». Los dos discos duros fueron restituidos al periódico el 28 de abril por la tarde.
Los dos ordenadores contenían un e-mail firmado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, movimiento de extrema izquierda), recibido en el periódico justo después del atentado de 24 de marzo, reivindicándolo. Sin embargo, en un segundo e-mail enviado al periódico al día siguiente de los acontecimientos, un líder del grupo negó cualquier implicación en el acto terrorista.
Los dos ordenadores pertenecen a Lino Solís de Ovando G. y Jorge Molina Sanhueza, respectivamente responsable de la publicación y responsable de la sección judicial. Pocas semanas antes, unos inspectores verificaron el contenido del ordenador de Molina, con su consentimiento, sin encontrar nada. El 26 de abril por la noche, «El Mostrador» fue informado que la policía iba a ir a inspeccionar la máquina de Solís, aunque no dijeron nada de un embargo. El periódico ha condenado la medida como una violación a la protección de las fuentes.
