(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 1 de mayo de 2003: Foro de emergencia de la SIP en Venezuela Pide revisión de proyectos de ley que mancillan la libertad de prensa La SIP sostiene que en el país «no hay libertad de prensa» Miami (1 […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 1 de mayo de 2003:
Foro de emergencia de la SIP en Venezuela
Pide revisión de proyectos de ley que mancillan la libertad de prensa
La SIP sostiene que en el país «no hay libertad de prensa»
Miami (1 de mayo del 2003) – Al tiempo de sentenciar que en Venezuela no se brindan las garantías necesarias para que haya libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó a los legisladores venezolanos la revisión de dos proyectos de ley que representan graves limitaciones para el ejercicio periodístico mediante cláusulas que establecen castigo para quienes critiquen a los funcionarios públicos y la creación de mecanismos populares para vigilar y controlar el contenido de los medios de comunicación.
El pedido se originó el martes pasado durante la celebración en Caracas de un foro público sobre libertad de expresión que la SIP calificó de «emergencia», ya que tuvo por objetivo trasladarse a ese país para analizar varios proyectos de ley que coartan el ejercicio periodístico y para rechazar la situación de violencia contra periodistas y medios de comunicación, «generada por una estrategia global del gobierno que pretende coartar la libertad de prensa anteponiendo la ‘verdad oficial’ a cualquier forma de expresión pública», como lo manifestó el presidente de la SIP, Andrés García.
Ante un auditorio de más de 300 personas, García dijo que «nos ha movilizado (esta es la quinta vez que una delegación internacional de la SIP se destaca en Venezuela en los últimos dos años) el constante deterioro de la libertad de prensa, como consecuencia de una estrategia en diferentes frentes que desde hace años conduce el gobierno».
En ese sentido, Asdrúbal Aguiar, jurista venezolano, asintió sobre la estrategia global del gobierno y en un análisis pormenorizado del Proyecto de Ley Sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión, comúnmente denominado «Ley de Contenidos», dijo que ese marco está más alejado de ser una regulación técnica para el sector como debiera ser, para inmiscuirse en el contenido de los medios y políticas editoriales, permitiéndose la censura y penalizando a aquellos periodistas que critiquen a los funcionarios públicos, creando en la práctica una ley de desacato o insulto.
A su tiempo, Aguiar y los demás panelistas, rechazaron también el contenido de otra legislación, el proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que crea un Consejo de Vigilancia de los Medios de Comunicación Social. La SIP analizó que estos consejos de vigilancia, sumados a los que establece la «Ley de Contenidos» y a los tribunales populares con los que se trataba de juzgar a directores de medios en las plazas públicas, además de la insistencia del gobierno de que los medios se autoimpogan códigos de conducta, son una evidencia palpable de la «vocación de un gobierno autocrático que busca vigilar y controlar la libertad del público a recibir información por los canales que considera más convenientes».
Los dos proyectos de ley fueron aprobados en primera discusión en la Asamblea Nacional.
Por su parte, otro panelista, el jurista venezolano, Pedro Nikken, dijo que «Venezuela no puede mantenerse en desacato», en referencia a la falta de acatamiento del Estado a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que demandan acción e investigación sobre un gran número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
El presidente de la SIP, García, pidió públicamente a las autoridades que no quede impune el crimen del fotógrafo Jorge Tortoza ocurrido el 11 de abril del 2002 y las cientos de agresiones a periodistas y medios en los últimos cuatro años. «La única forma de acabar con la violencia es que la justicia se imponga a la impunidad».
Sobre la «situación de desacato» de Venezuela, Nikken dijo que el país tiene que respetar los tratados internacionales que firmó. «La CIDH ha presentado numerosas denuncias ante la Asamblea General de la OEA [Organización de Estados Americanos] sobre situaciones como las que se viven en Venezuela y la historia demuestra que la insistencia de estos órganos ha rendido sus frutos y los infractores se han visto obligados a rectificar», dijo Nikken en alusión al gobierno de Alberto Fujimori en Perú que desconoció a la CIDH por una situación similar.
Raúl Kraiselburd, presidente del Instituto de Prensa de la SIP y expresidente de la institución, sentenció que es una hipocresía señalar que en Venezuela existe libertad de prensa.»Esta es una situación muy clara – dijo Kraiselburd – en un país donde los periodistas tienen que armarse de valentía y coraje para poder informar, donde hay hechos de violencia casi a diario en contra de los medios, donde se incentiva a las masas a linchar a los periodistas, donde se los ‘ajusticia’ popularmente, quiere decir que estamos frente a situaciones similares del autoritarismo del siglo XVIII, y entonces no se puede hablar de libertad de prensa. En Venezuela eso no existe».
En referencia al control de cambio que impide a los directores de publicaciones escritas tener los recursos en dólares para la importación de papel y otros insumos, así como para que los medios televisivos puedan continuar con programaciones extranjeras, Kraiselburd dijo que «Venezuela está retrocediendo en el tiempo» a épocas pasadas como de los 50 en Argentina, los 70 de México y los 80 de Nicaragua cuando los gobiernos autocráticos imponían premios y castigos para los medios de
comunicación.
Otro panelista, el abogado constitucionalista argentino, Gregorio Badeni, coincidió que en Venezuela no están dadas las garantías necesarias para que haya libertad de prensa y, por ende, el sistema democrático se ve debilitado. También se refirió a los estándares que marca la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión, que sirvió de marco para la realización del foro de emergencia.
La SIP fundamenta que no hay libertad de prensa en Venezuela porque no se cumple con los 10 principios básicos sobre libertad de expresión y de prensa que deben garantizar los estados democráticos, según establece la Declaración de Chapultepec, considerada como una carta magna en la materia desde que fue acordada y redactada en 1994.
Por su parte, Edward Seaton, expresidente de la SIP, dijo que el Estado venezolano debería preocuparse menos por dictar leyes restrictivas para la prensa y esforzarse más por la transparencia gubernamental.
Seaton puso énfasis en que Venezuela necesita una ley de acceso a la información gubernamental que permita a los ciudadanos tener las herramientas necesarias para saber qué hacen y cómo trabajan la cosa pública sus dirigentes. Remarcó que para que haya verdadera democracia es necesaria la transparencia en la información gubernamental. Dio el ejemplo de países latinoamericanos que ya adoptaron medidas similares como México, Panamá y Perú, aunque reparó que todavía esas leyes no están en plena ejecución.
Por su parte, Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP, anunció en el foro, tras dirigir un amplio debate entre los panelistas y la audiencia, compuesta por un gran número de estudiantes universitarios, que la SIP tiene planificado desarrollar este año talleres de entrenamiento para periodistas y otros foros en el interior del país, donde también se hace sentir la violencia y la necesidad de actualización sobre libertad de prensa.
La delegación de la SIP estuvo tres días en Venezuela. Además de entrevistarse con periodistas y directores de medios en Caracas, se trasladó al interior del país para visitar a los diarios El Siglo en Maracay, estado de Aragua y a La Voz y La Región, en Guarenas, estado de Miranda. La SIP recibió denuncias sobre agresiones violentas y legales y mantuvo reuniones con los periodistas en las salas de Redacción para intercambiar opiniones sobre la situación de la libertad de prensa en esas comunidades.
