Diciembre de 2024 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión y el espacio cívico, producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y artículos periodísticos de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Los desafíos que enfrentará la región en 2025 comenzaron a vislumbrarse ya desde antes que empezara el nuevo año. En diciembre, se agudizó la violencia en Haití, mientras que en Venezuela y Estados Unidos continuaron las repercusiones de los resultados electorales. En Cuba, a su vez, la prensa fue blanco de duras medidas represivas, que abarcaron desde detenciones arbitrarias hasta casos de exilio forzoso. En un año en que grandes amenazas se cernieron sobre la sociedad civil, las organizaciones continuaron firmes, trabajando incansablemente para denunciar y hacer frente a esos desafíos, mantenerse alertas y fortalecer sus redes de solidaridad.
Haití: la seguridad de los periodistas cae a niveles inusitados
La situación precaria de la libertad de prensa en Haití alcanzó un grado devastador el pasado 24 de diciembre cuando pandilleros abrieron fuego contra un grupo de periodistas que cubrían la reapertura del Hospital de la Universidad Estatal de Haití (HUEH) en Puerto Príncipe. El ataque dejó como saldo dos periodistas muertos – Markenzy Nathoux y Jimmy Jean – y otros siete heridos, entre ellos Petyon Robens, Réginald Baltazar, Miracle Velondie y Florise Deronvil. Un policía también fue asesinado. Los agresores, integrantes de la coalición de bandas conocida como Viv Ansanm, arremetieron contra los asistentes y luego reivindicaron la autoría del atentado en un video difundido en redes sociales, afirmando que no habían autorizado la reapertura del centro de salud.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), ambos miembros de IFEX, condenaron el atentado junto a otras organizaciones, tanto locales como internacionales. El CPJ pidió que se hiciera justicia, mientras que RSF hizo hincapié en la urgencia de contar con apoyo internacional y priorizar la seguridad de los periodistas en la búsqueda de soluciones para abordar la persistente crisis en Haití.
Este atentado es un trágico recordatorio de los peligros extremos que corren los profesionales de los medios de comunicación en Haití y pone de relieve la impunidad y la violencia descontrolada que azota al país. Al menos seis periodistas fueron asesinados en 2022 en circunstancias relacionadas con su trabajo, y en 2024 la situación se agravó. La dimisión del primer ministro Ariel Henry el pasado mes de marzo desestabilizó aún más al país, dejando a las autoridades de transición con serias dificultades para gobernar una ciudad capital dominada por organizaciones criminales. El deterioro casi absoluto del estado de derecho envalentonó a las bandas armadas para atacar impunemente a la prensa.
Venezuela: se avecinan nuevas repercusiones electorales
Ante el agravamiento de la crisis en el país, Venezuela se prepara para el 10 de enero, fecha en que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia afirma que asumirá la presidencia, a pesar de que González Urrutia fue obligado a exiliarse tras las elecciones impugnadas de julio de 2024, y de que el gobierno de Maduro amenazara con arrestarlo en cuanto pise suelo venezolano.
Desde los comicios, el gobierno ha redoblado sus ataques a la libertad de expresión y los espacios cívicos. Según IPYS Venezuela, en 2024 las fuerzas estatales de seguridad – entre ellas SEBIN, PNB, GNB y Plan República – cometieron 131 atentados a la libertad de prensa.
En su informe de balance del año, IPYS revela cómo la agresión impulsada por el Estado ha creado un ambiente hostil hacia la prensa, caracterizado por hostigamientos, amenazas y detenciones arbitrarias. Los periodistas enfrenten crecientes bloqueos digitales y son cada vez más blanco de violencia. En ese panorama, dominan los relatos oficiales mientras que las voces disidentes se ven obligadas a autocensurarse, privando al público de información crítica. La desaparición del columnista y activista Jesús Armas el 10 de diciembre, presuntamente a manos de efectivos de los servicios de inteligencia venezolanos (SEBIN), es un exponente claro de la agudización de la represión. Posteriores denuncias indican que Armas estuvo detenido en un centro clandestino donde fue torturado.
Sumado a esto, el gobierno de Venezuela tomó una serie de iniciativas legales, como el nombramiento de 30.000 jueces locales “de paz comunal”, que actuarán al margen del sistema judicial oficial, y aprobó leyes restrictivas, como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y más recientemente, en diciembre, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y los miembros de IFEX Espacio Público e IPYS Venezuela han advertido que estas leyes socavan gravemente la libertad de expresión y la participación cívica. La Ley Simón Bolívar prevé sanciones severas, incluidas penas de 30 años de prisión y prohibición de ocupar cargos públicos por hasta 60 años, contra quienes expresen su apoyo a las sanciones internacional impuestas a Venezuela. También permite el procesamiento en ausencia de los acusados de promover o apoyar tales sanciones, así como la confiscación de sus bienes. Según Espacio Público, la Ley Simón Bolívar permite además al Estado controlar ampliamente el relato público, suprimiendo el debate sobre temas cruciales como las sanciones internacionales y las políticas gubernamentales, con el pretexto de proteger la soberanía nacional.
Estados Unidos: demandas judiciales auguran enormes dificultades para la prensa en el próximo gobierno
Aún antes de asumir, la nueva administración estadounidense ya muestra una actitud agresiva hacia la prensa. Los ataques jurídicos contra la cadena de noticias ABC News, el periódico The Des Moines Register y la experta en encuestas J. Ann Selzer son una clara advertencia para los medios de comunicación sobre lo que les ocurrirá a aquellos que critiquen al nuevo gobierno.
Según RSF, el acuerdo judicial al que llegó recientemente ABC News con Donald Trump demuestra que las acciones judiciales que interpone el presidente electo no necesitan llegar a juicio para lograr su cometido. La demanda por difamación presentada por Trump contra ABC News a raíz de las declaraciones de un presentador de la cadena, que sostuvo que se lo había hallado “responsable de violación”, se resolvió cuando la cadena acordó pagar 15 millones de dólares, más honorarios legales. Disney, la empresa matriz de ABC, habría llegado a ese acuerdo por temor a que un jurado de Florida se inclinara por Trump, dado que el candidato republicano obtuvo una ventaja de 13 puntos en las elecciones en ese Estado.
La demanda contra The Des Moines Register y la encuestadora J. Ann Selzer por una medición en la que mostraba que la vicepresidenta Kamala Harris estaba primera en la intención de voto en el Estado de Iowa es otro ejemplo alarmante. Se acusaba a los demandados de “injerencia descarada en las elecciones”, aduciendo que Selzer había violado la Ley de Fraude al Consumidor de Iowa. Juristas y voceros del diario afirman que la demanda carece de méritos, dado que la ley fue concebida para proteger a la ciudadanía de publicidades engañosas y que eso no puede aplicarse a los medios de comunicación. El resultado final de la acción judicial todavía está pendiente, aunque Selzer ya anunció que no se dedicará más a los sondeos electorales.
PEN América califica esta tendencia de alarmante. Tim Richardson, director del programa de periodismo y desinformación de PEN América, advirtió que “no se trata solamente de uno o dos casos – se está enviando una señal a toda la industria de los medios y a la sociedad civil”. Agregó que mientras que cadenas grandes como ABC pueden absorber los golpes financieros, para medios más chicos estas acciones ponen en riesgo su existencia misma, lo que podría llevar a la autocensura y a que haya menos voces críticas en un panorama que ya es complicado para los medios locales.
Cuba: periodistas enfrentan detenciones, hostigamientos y exilio forzoso
El gobierno cubano continúa con sus ataques sistemáticos a periodistas independientes. Algunos casos recientes ponen de relieve el alcance de la represión. El 19 de diciembre, Henry Constantin Ferreiro, director del medio independiente La Hora, fue detenido en La Habana y liberado siete días después. No se trató de un incidente aislado. Desde ARTICLE 19 México y Centroamérica se denuncia que tan solo en el año 2023 este periodista fue víctima de persecución en al menos siete oportunidades, llegando incluso a ser detenido arbitrariamente tres veces en conexión con fechas conmemorativas clave o eventos internacionales. En su informe Violentar, reinventar y resistir: el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba, la organización señala que el objetivo de estos hostigamientos sistemáticos no es solo acallar a la víctima en particular, sino también intimidar a otras voces críticas que se alzan en Cuba.
Por otra parte, el periodista José Luis Tan Estrada fue obligado a exiliarse tras soportar meses de hostigamiento, intimidación y amenazas. El 25 de diciembre, Tan Estrada intentó abandonar La Habana yéndose a Nicaragua, pero se le informó que tenía prohibida la entrada a ese país. En una entrevista brindada al medio Martí Noticias, Tan Estrada condenó la complicidad de Nicaragua con el régimen cubano y sus fuerzas estatales de seguridad. Finalmente pudo salir de Cuba y hoy se encuentra en Guyana, aunque antes de partir sufrió intimidación en el Aeropuerto José Martí de La Habana.
En 2024, Tan Estrada fue víctima de al menos nueve agresiones documentadas, incluidas detenciones arbitrarias, vigilancia y amenazas. También fue blanco de actos de intimidación selectiva, como patrullas apostadas cerca de su casa, los denominados “actos de repudio” (hechos de violencia o humillación contra críticos del gobierno) dirigidos a su familia y una citación en el marco de la Ley Cubana de Comunicación Social, una nueva norma restrictiva que entró en vigencia en octubre de 2024.
Nuevo y novedoso
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica un informe sobre Venezuela. Con el título deVenezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, el informe detalla las estrategias desplegadas por el régimen para perpetuarse en el poder. Asimismo, destaca cómo esas tácticas impidieron la realización de comicios justos e infundieron miedo para consolidar el control gubernamental.
- PEN América y asociados inauguran en Estados Unidos una línea de ayuda en materia de seguridad de los periodistas. PEN América, junto a Knight Election Hub y cinco organizaciones dedicadas a la seguridad de los periodistas, incluidos el CPJ y la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés), lanzaron la línea de ayuda “JournalistSafety Urgent Care” (Atención Urgente para la Seguridad de los Periodistas), que atiende consultas individuales de periodistas estadounidenses sobre cuestiones digitales, físicas, psicosociales y jurídicas, tales como doxxing (difusión de información privada o datos identificatorios en Internet con intenciones maliciosas), amenazas y detenciones.
- RSF publica informe sobre programas de protección para periodistas en América Latina. RSF analizó los mecanismos de protección para periodistas existentes en Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, destacando los crecientes peligros que enfrentan los trabajadores de la prensa y reiterando la necesidad urgente de contar con salvaguardias sólidas.