El mes de julio en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, con base en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Un enfoque holístico a los desafíos que enfrentan las mujeres periodistas
El 7 de julio, la periodista brasileña Bianca Santana informó a las Naciones Unidas sobre los ataques que recibió del presidente Jair Bolsonaro y denunció que, desde que Bolsonaro asumió el cargo, las mujeres periodistas han sido atacadas al menos 54 veces por el presidente o por sus ministros. Docenas de organizaciones de la sociedad civil respaldaron su declaración, incluyendo el miembro de IFEX ARTIGO 19 Brasil.
El testimonio de Santana fue parte de un diálogo interactivo con Dubravka Šimonović, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, quien presentó un informe sobre la violencia contra las mujeres periodistas al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este mes.
En su informe, Šimonović busca aprovechar los estándares de derechos humanos existentes para ofrecer un enfoque más integral para abordar los desafíos específicos que enfrentan las mujeres periodistas, así como sus causas.
El informe enfatiza que, aunque tanto hombres como mujeres estén expuestos a violencia en el ejercicio del periodismo y su seguridad se vea amenazada al hacer su trabajo, las mujeres periodistas son desproporcionadamente blanco de violencia de género y acoso sexual, tanto en el lugar de trabajo como en línea. Desde 1992, 96 mujeres periodistas han sido asesinadas mientras realizaban su trabajo. Cada año mueren más periodistas varones, pero las mujeres periodistas se enfrentan a agresiones sexuales y violaciones, y en particular a la amenaza de violación, utilizadas como una herramienta para socavar su credibilidad y desalentarlas de trabajar en los medios. Se espera que las mujeres periodistas encajen en roles estereotipados e imágenes sexualizadas de mujeres y que operen dentro de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en el mundo de los medios.
Šimonović llama la atención sobre el hecho de que muchas mujeres periodistas también enfrentan discriminación interseccional y violencia de género debido a otras características como raza, religión, etnia o afiliación minoritaria.
También señala que el hecho de no abordar las amenazas en línea puede ser fatal, como lo demuestran los ataques y asesinatos de mujeres periodistas precedidas por amenazas y campañas de odio en línea.
El acoso y el abuso en línea y fuera de línea de las mujeres periodistas son reflejo de cuestiones más amplias en lo que atañe al sexismo en la sociedad. El trabajo de la Relatora Especial sienta las bases para que los Estados establezcan un marco apropiado de derechos humanos, incluso mediante el desarrollo de políticas o estrategias para garantizar la protección de las mujeres periodistas.
Las obligaciones de los Estados en el área implican la adopción de una perspectiva de género en todas las iniciativas destinadas a crear y mantener un entorno seguro y favorable para el periodismo libre e independiente. Estas son algunas de las recomendaciones específicas a los Estados que ella saca de dichas obligaciones:
- Prohibir y penalizar el acoso sexual y otras formas de violencia de género contra las mujeres periodistas, incluidas las amenazas de violación y otras formas de violencia de género, como las formas de violencia en línea o facilitadas por las TIC;
- Eliminar cualquier estatuto de limitación para el enjuiciamiento y proporcionar reparaciones e indemnizaciones adecuadas para las víctimas;
- Reconocer el doxxing contra las mujeres periodistas como una forma de violencia de género contra las mujeres;
- Abordar los factores que aumentan la probabilidad de violencia y acoso en el mundo del trabajo para las mujeres periodistas, incluida la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y las normas culturales y sociales que apoyan la violencia y el acoso;
- Crear unidades especiales de investigación o comisiones independientes, como consejos de medios y tribunales que sean independientes del gobierno para abordar cuestiones relacionadas con las mujeres periodistas, en particular la violencia de género;
- Apoyar el establecimiento por parte de las organizaciones de medios o la sociedad civil de mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida, como líneas directas, plataformas en línea o puntos de contacto de emergencia las 24 horas para garantizar que periodistas y otros actores de los medios tengan acceso inmediato a medidas de protección cuando estén amenazado(a)s;
- Desarrollar protocolos y programas de capacitación para policías, fiscales y jueces responsables de cumplir con las obligaciones estatales en materia de protección de la libertad de expresión y los derechos humanos de las mujeres periodistas y otros actores de los medios de comunicación;
- Establecer mecanismos de recopilación de información, como bases de datos, para permitir la recopilación de información verificada sobre ataques y violencia de género contra mujeres periodistas;
- Establecer una respuesta efectiva a la violencia de género en línea contra las mujeres periodistas y una cooperación eficiente con los intermediarios de Internet en ese sentido.
El arte contra el racismo, y la defensa del derecho a manifestarse
«Contra la censura y la violencia racista, respondemos con 20 veces más arte».
Durante la Semana de la Conciencia Negra en julio de 2019, se realizó una exposición de arte en el Congreso brasileño. Incluía el trabajo del dibujante Carlos Latuff que representaba a un joven negro muerto, en el suelo, esposado y a un policía que abandonaba la escena con un arma recién usada en sus manos. Según el artista, el trabajo fue una crítica a un país donde el 75,4% de las personas asesinadas por la policía son afrobrasileñas. Un congresista electo que también era coronel en la Policía Militar destruyó la exhibición. Las caricaturas de Latuff ya han sido censuradas en otras exposiciones.
Crédito: Carlos Latuff
Un año después, en julio de 2020, el miembro de IFEX ARTIGO 19 Brasil y la Coalición Negra por los Derechos lanzaron una nueva exposición de arte, afirmando: «contra la censura y la violencia racista, respondemos con 20 veces más arte».
La exposición busca reafirmar la importancia de la libertad artística y el derecho a manifestarse contra el racismo en Brasil. Se han seleccionado veinte obras y se pueden ver en línea. Puedes echar un vistazo aquí: https://livreparaprotestar.artigo19.org/exposicao-20xarte/
La otra pandemia que afecta a Latinoamérica
“Son numerosas las formas en que se atacan los derechos de las mujeres tanto en línea como fuera de línea. El acoso que enfrentan las mujeres latinoamericanas en los espacios públicos se replica en internet, por ejemplo, a través de la intimidación, el doxxing (cuando se busca y difunde públicamente información privada o personal que identifique a una persona) y la práctica de suplantar la identidad. A medida que las actividades sociales y económicas diarias se llevan en línea en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la región, estos tipos de ataque se vuelven más comunes. Para las defensoras de los derechos humanos, la crisis de salud mundial también ha significado enfrentar un entorno en línea cada vez más hostil y violento para su trabajo”.
Esta es la conclusión de un nuevo estudio realizado por Derechos Digitales, miembro de IFEX. La organización llevó a cabo una consulta regional con grupos feministas y de derechos digitales para comprender el impacto de la pandemia COVID-19 en sus métodos de trabajo y conocimiento. Se recolectaron casos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México.
Derechos Digitales argumenta que la protección de los derechos digitales y el desarrollo de un Internet feminista son fundamentales para detener el aumento de la violencia contra las mujeres.
Puedes acceder al documento completo para obtener más información sobre la información recopilada y el trabajo de Derechos Digitales en las intersecciones entre género y derechos digitales aquí.
La caída del «Escudo de privacidad»
El austríaco Max Schrems ha estado batallando durante años en los tribunales la transferencia de sus datos a los Estados Unidos, argumentando que las leyes de seguridad nacional de ese país no protegen a los ciudadanos de la UE de la vigilancia del gobierno. En julio pasado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) acordó que el Escudo de Privacidad UE / EEUU, el mayor acuerdo que rige la transferencia de los datos de los ciudadanos de la UE a los Estados Unidos, fuera revocado.
El miembro de IFEX EFF ha declarado que «la decisión es otro indicador significativo de que las prácticas de vigilancia de inteligencia extranjera del gobierno de los Estados Unidos necesitan una revisión importante» y que la inacción del Congreso en este sentido está poniendo en peligro la privacidad de las personas, tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero.
Consulta el análisis completo de la decisión del TJCE aquí.
Hegemonía comunicacional en Venezuela
Este mes, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (HCHR), publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, analizando los acontecimientos desde 2018. En una sección dedicada a la libertad de opinión y expresión, afirmó que «en los últimos años, el gobierno ha intentado imponer una hegemonía comunicacional al imponer su propia versión de los acontecimientos y crear un entorno que restringe los medios independientes».
Bachelet menciona también el cierre de numerosas estaciones de radio y la prohibición de canales de televisión, un aumento en el arresto de periodistas y la creciente relevancia de las redes sociales e Internet como medios clave de comunicación e información para la mayoría de la población. Esta situación es particularmente preocupante dada la falta de acceso a la red en el país. Debido a su alto costo para una población muy afectada por la crisis económica y la falta de inversión en infraestructura, una parte considerable de la población no tiene acceso a noticias independientes. Bachelet también mencionó los crecientes ataques a sitios web de noticias independientes.
El informe también analiza el arresto arbitrario de personas por expresar opiniones en las redes sociales, y hace referencia al trabajo del miembro de IFEX, Espacio Público, que informó sobre 55 personas detenidas arbitrariamente o acusadas penalmente por publicaciones en las redes sociales en los últimos 10 años.
Bachelet expresa su preocupación por el hecho de que los activistas de derechos humanos y los periodistas, entre otros, son frecuentemente el blanco de un discurso que los tilda de «traidores» y «agentes desestabilizadores».
La criminalización de estas voces ha sido facilitada por leyes y reformas sucesivas, a través de disposiciones poco precisas, mayores sanciones por actos garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para los civiles y las restricciones a las ONG para representar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El uso excesivo de la fuerza y las muertes en el contexto de manifestaciones antigubernamentales también se han documentado en informes del ACNUDH, según los cuales ocurrieron 66 muertes entre enero y mayo de 2019. Muchos manifestantes fueron detenidos arbitrariamente y maltratados o torturados. Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo allanamientos ilegales contra los manifestantes.
La mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos destacadas en el informe, según el ACNUDH, no han tenido acceso efectivo a la justicia ni a ningún otro recurso.
Al final del informe, el Alto Comisionado pide al gobierno de Venezuela que adopte de inmediato medidas efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación; que cese y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones; y que permita el acceso a información de interés público.
Periodista encarcelado muere de COVID-19
En marzo de 2019, el periodista hondureño David Romero fue arrestado y comenzó a cumplir una condena de 10 años por calumnia y difamación. La Corte Suprema lo condenó por haber difamado a la exfiscal Sonia Inez Gálvez Ferrari en su trabajo periodístico. El 18 de julio, Romero murió de insuficiencia respiratoria después de contraer COVID-19 mientras estaba encarcelado en la Penitenciaría Nacional de Támara. La muerte de Romero es un triste recordatorio no solo de las consecuencias graves que pueden resultar del uso de disposiciones penales para abordar las acusaciones de difamación, sino también del menosprecio de las autoridades por los periodistas y de su continuo encarcelamiento en condiciones inseguras en medio de una pandemia global.
