Estas y otras fueron las conclusiones de la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 22 de octubre de 2018.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizó hoy su 74ª Asamblea General con la lectura de las conclusiones tras cuatros días de discusiones sobre el comportamiento de la libertad de prensa en las Américas en Salta, Argentina.
A continuación el texto de las Conclusiones:
«El ciclo de amenazas, agresiones y muertes en contra de los periodistas, lejos de amainar, parece ir en aumento. En lo que va del año, 30 periodistas han caído asesinados en la región, 20 de ellos desde la última reunión en abril, en el que quizá sea el semestre más letal para el desarrollo de la actividad periodística en las Américas, según lo estableció esta asamblea. Ocho profesionales fueron muertos en México, siete de Estados Unidos, dos en Brasil, dos en Colombia y uno en Nicaragua. Todos ellos eran profesionales jóvenes que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades, pero que no resultaban gratas para algunos que comenzaron a hostigarlos, amenazarlos y agredirlos, hasta que los eliminaron físicamente.
Los insultos contra la prensa y los periodistas, que en ocasiones toman el carácter de verdaderas campañas de difamación, se han multiplicado en diversos países, como Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Perú. Particularmente grave es esta situación cuando quien insulta o ataca a la prensa es una autoridad pública, que en algunos casos, como en Estados Unidos, puede ser la máxima autoridad de la república. El cuadro que se va configurando es uno que busca impedir la libre actuación de los periodistas, lo que impacta en el ejercicio del derecho a la libre expresión.
De las amenazas, en muchos países se ha pasado a la agresión física. Así, en Argentina, en Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú los profesionales de la prensa han debido soportar ataques violentos, intentos de secuestro o asaltos, a menudo con destrucción de sus equipos de trabajo. Las policías no siempre reaccionan con la debida rapidez ni las autoridades se encargan de proteger a los periodistas. La omisión de las autoridades llega a ser permisiva con los agresores, cuando no despierta sospechas acerca de sus propias intenciones. Las investigaciones, tanto de las agresiones como de los crímenes, son ineficaces o inexistentes, lo que hace aún más serio el atentado a la libertad de prensa, pues los gravísimos ataques contra los periodistas quedan en la impunidad por años, hasta alcanzar la prescripción.
La creciente polarización política que se observa en muchas de nuestras sociedades, puede estar creando las condiciones adversas para el ejercicio del periodismo. No hay dudas de que ha aumentado el afán por obstaculizar la labor periodística, lo que se manifiesta también en numerosas formas de impedir el acceso a la información pública. En muchos países se ha logrado aprobar leyes que garantizan dicho acceso, pero no siempre los reglamentos permiten el trabajo expedito de conseguir la información. En varios países, como Haití, Honduras y Puerto Rico, aún no se logra que se aprueben las leyes correspondientes, pese a las promesas. La distribución de la publicidad oficial continúa siendo arbitraria o confusa en países como Bolivia, Chile, Guatemala y Honduras.
Existen numerosas iniciativas legales que de ser aprobadas dificultarían la tarea de la prensa y la libertad de expresión. En la República Dominicana y Colombia se está procurando obligar a los periodistas a colegiarse; en Chile, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana se encuentran en tramitación proyectos de leyes que introducirían distintas clases de obstáculos a la tarea de los periodistas.
En Cuba, Venezuela y Nicaragua, la situación de la prensa independiente es desastrosa. Las carencias son de todo tipo, desde la falta de papel para imprimir, la incertidumbre respecto de la disponibilidad de energía eléctrica y la escasez de personal calificado, hasta la hostilidad de las autoridades de gobierno, el nulo acceso a las fuentes de información y las agresiones físicas a las que se exponen sus trabajadores. Todo ello hace casi imposible desarrollar actividades periodísticas. Pero aun en esas condiciones, pese a todos los obstáculos, subsisten medios de prensa independientes gracias a esfuerzos heroicos de sus propietarios, editores y periodistas, que hacen lo posible por mantener informada a la población.
Además de las limitaciones tradicionales que ha enfrentado la prensa en nuestro continente y en el mundo, se han agregado nuevos dilemas que están siendo debatidos en los diversos países. Uno de ellos, es el pretendido derecho al olvido, que luego de ser reconocido como tal por un tribunal europeo, ha sido invocado en nuestra región. Hasta ahora no existe una postura clara ni única, pero ha sido invocado por demandantes, aunque sin éxito, en Chile, en Puerto Rico y Argentina. En algunos países, como Chile, ya se han presentado proyectos de ley que buscan regular este supuesto derecho.
En una vena más positiva, el gobierno de Ecuador ha manifestado su intención de reformar la ley orgánica de comunicación, promulgada por el gobierno anterior, lo que haría más razonable las disposiciones sobre la comunicación social. Ya fue eliminada la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, de triste memoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el homicidio del periodista Nelson Carvajal, ocurrido hace 20 años, por la enorme dilación del caso, así como por no haber investigado las amenazas a sus familiares. El caso representa un triunfo para la prensa del continente, pues fue esta Sociedad Interamericana de Prensa la que llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002.
Además de las limitaciones tradicionales que ha enfrentado la prensa en nuestro continente y en el mundo, se han agregado nuevos dilemas que están siendo debatidos en los diversos países. En esta Asamblea se ha aprobado la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital que expresa la posición de la SIP ante el entorno digital, expandiendo la libertad de expresión a los medios digitales. De esta forma, se aborda la supresión de información, invocada como un pretendido derecho al olvido, señalando que ella atenta contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. Hasta ahora no existía una postura clara ni única, pero la Declaración de Salta debiera orientar el debate sobre la libertad de expresión en el ecosistema digital.»
