(CMLP/IFEX) – Lo que sigue es una carta del CMLP al Presidente de la Asamblea Legislativa Jacobo Salas, con fecha del 12 de julio de 2004: Excelentísimo Sr. Jacobo Salas Presidente de la Asamblea Legislativa Ciudad de Panamá, Panamá Excelentísimo Sr. Presidente Salas: En nombre del Comité Mundial de Libertad de Prensa (http://www.wpfc.org), una organización […]
(CMLP/IFEX) – Lo que sigue es una carta del CMLP al Presidente de la Asamblea Legislativa Jacobo Salas, con fecha del 12 de julio de 2004:
Excelentísimo Sr. Jacobo Salas
Presidente de la Asamblea Legislativa
Ciudad de Panamá, Panamá
Excelentísimo Sr. Presidente Salas:
En nombre del Comité Mundial de Libertad de Prensa (http://www.wpfc.org), una organización que engloba a 45 grupos de libertad de prensa de todo el mundo, deseo felicitar a la Asamblea Legislativa de Panamá por haber aprobado por abrumadora mayoría la eliminación del sustento constitucional de la ley de desacato.
El 7 de julio, la Asamblea, durante su primer debate sobre la reforma constitucional, aprobó por 59 votos a favor y uno en contra la abolición del Artículo 33, Inciso 1, de la Carta Magna, el cual consagra la protección contra insultos percibidos por parte de funcionarios públicos. Dicho artículo permite a los funcionarios públicos ordenar el arresto inmediato sin juicio previo de cualquier persona en caso de sentirse insultados por esa persona.
Se da la circunstancia que Panamá es el único país del Hemisferio Occidental que consagra dicha protección en su Constitución.
Durante el debate, el primero de tres que efectuará la presente Legislatura, el parlamentario José Blandón justificó la eliminación diciendo que las leyes de desacato «han permitido el abuso de algunos funcionarios públicos, especialmente del actual procurador de la nación», Juan Antonio Sossa. Es de resaltar que el Procurador Sossa es el principal precursor de los casi 100 encausamientos por desacato y difamación penal contra periodistas panameños. De hecho, Panamá ostenta el récord hemisférico de enjuiciamientos contra informadores.
«Es imperativo que cuando llegue el momento de una reforma Constitucional o de elaborar una nueva Carta Magna, adecuemos nuestro ordenamiento Constitucional a los estándares modernos en materia de libertad de expresión, eliminando la figura del arresto por irrespeto a la autoridad sin juicio previo», había indicado en una carta a los legisladores Juan Antonio Tejada, defensor del pueblo y decidido valladar de la libertad de prensa en Panamá.
Las leyes de desacato son legados de pasados coloniales o autocráticos que encuentran su origen en el Imperio Romano, el cual las creó para proteger al emperador de las críticas del resto de la población.
El Artículo 33, Inciso 1, constituye un desafío al sistema interamericano de justicia, el cual, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relator Especial para la Libertad de Expresión, ha declarado las leyes de desacato «contradictorias» al Artículo 13 del Pacto de San José, del cual Panamá es signatario. Desde que la comisión lo recomendara en 1994, sólo cuatro países latinoamericanos las han eliminado: Argentina, Paraguay, Costa Rica y Perú.
El proceso de reforma del que emanó esta votación será largo. Este es sólo el primero de los tres debates que debe completar la Legislatura antes de expirar su mandato el 31 de agosto. Un día más tarde, la nueva Legislatura tomará posesión para comenzar sus propios debates. Es por ello que animamos a la Legislatura saliente y a la entrante a continuar con el mismo vigor su labor reformadora para así lograr la total eliminación del delito de desacato de la legislación nacional.
Asimismo, instamos a los legisladores a despenalizar las leyes de difamación, un logro que equipararía a Panamá con el resto de las naciones democráticas y respetuosas de las libertades de expresión y prensa.
Cordialmente,
James H. Ottaway, Jr.
Presidente
Comité Mundial de Libertad de Prensa
