(CPJ/HRW/IFEX) – Lo que sigue es una carta del CPJ y Human Rights Watch al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con fecha del 5 de febrero de 2009: COLOMBIA: El CPJ y Human Rights Watch expresan objeciones a las acusaciones de Uribe contra el periodista Hollman Morris (El CPJ y Human Rights Watch enviaron […]
(CPJ/HRW/IFEX) – Lo que sigue es una carta del CPJ y Human Rights Watch al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con fecha del 5 de febrero de 2009:
COLOMBIA: El CPJ y Human Rights Watch expresan objeciones a las acusaciones de Uribe contra el periodista Hollman Morris
(El CPJ y Human Rights Watch enviaron la siguiente carta hoy al presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, expresando objeciones a las acusaciones contra el periodista colombiano Hollman Morris.)
5 de febrero de 2009
S.E. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño Bogotá D.C., Colombia
Por fax: 011-571-337-5890
De nuestra mayor consideración,
Nos dirigimos a S.E. con el propósito de expresar nuestras objeciones a las acusaciones que usted y otros altos funcionarios de su gobierno formularon esta semana vinculando al periodista colombiano Hollman Morris al grupo guerrillero de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas serias imputaciones ponen en peligro la vida del periodista y ponen en riesgo la libertad de prensa en su país.
Luego de que las FARC liberaran el domingo a cuatro secuestrados y los entregaran a una misión humanitaria liderada por la Cruz Roja Internacional, informes en la prensa colombiana e internacional señalaron que Morris, productor del programa semanal de investigación «Contravía» en Canal Uno y corresponsal de Radio Francia Internacional (RFI), había sido detenido por el ejército colombiano luego de su cobertura sobre la operación de rescate.
Morris indicó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y a Human Rights Watch que no tenía planeado estar presente durante la operación de rescate. Más bien, expresó, había viajado al sudeste de Colombia diez días antes del operativo para entrevistar a líderes de las FARC como parte de un documental sobre el secuestro en Colombia. Morris señaló que la reunión con los comandantes guerrilleros había sido programada varias semanas antes del viaje. El domingo, mientras estaba en el departamento de Caquetá, donde tuvo lugar la liberación, Morris, su camarógrafo Leonardo Acevedo y Camilo Raigozo, reportero del semanario La Voz de Bogotá, fueron contactados por combatientes de las FARC, quienes les ofrecieron una entrevista con los secuestrados.
Morris afirmó que se reunió con los tres policías y el soldado antes de que fueran liberados. Sin embargo, según Morris, una vez que se dio cuenta de que sus respuestas habían sido coaccionadas, decidió que solo les preguntaría sus nombres y cuánto tiempo habían estado en cautiverio. Morris indicó que no ha transmitido las secuencias y que no publicará testimonios manipulados por las FARC.
El martes, los cuatro secuestrados enviaron cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a RFI indicando que las declaraciones efectuadas a Morris habían sido coaccionadas bajo amenaza de ser asesinados o de permanecer en cautiverio, según informes de la prensa colombiana.
Luego de que los secuestrados fueran entregados a la misión humanitaria, Morris y los otros dos periodistas fueron detenidos en un retén militar cerca del pueblo de Unión Peneya, en Caquetá. Morris afirmó que un soldado le pidió el material pero que él se negó a entregarlo. Ediberto Ramón Endo, vocero del gobierno de Caquetá, informó al diario El Tiempo que el ejército solo había retenido a Morris porque no era una zona segura para periodistas. Temiendo por su seguridad, Morris entró en contacto con organizaciones de derechos humanos en Bogotá y fue escoltado fuera del pueblo por la policía local y el defensor del pueblo.
El Vicepresidente Francisco Santos Calderón emitió un comunicado alegando que los secuestrados habían sido obligados a realizar entrevistas con Morris. Santos declaró que las acciones del periodista carecieron de «objetividad e imparcialidad» y sugirió que habían constituido una «apología a la violencia». La declaración enfatizó que el gobierno colombiano le ha garantizado protección a Morris a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Morris ha abandonado Colombia en varias ocasiones luego de recibir reiteradas amenazas. Santos dijo que el periodista se sometió «a un riesgo extraordinario para su vida, sin informar al estado del cual demanda protección».
El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, también indicó en una entrevista a una radio nacional que Morris era «afín a las FARC».
El martes, el Fiscal General, Mario Iguarán, anunció que a pedido de su gobierno y de la Policía Nacional, la Fiscalía abriría una investigación penal contra Morris por supuestos vínculos con el terrorismo, según informes de la prensa local. No conocemos evidencia alguna que vincule a Morris con las FARC, y exhortamos a su gobierno a explicar públicamente cuáles son los fundamentos de su investigación o que la desestime por completo.
En una conferencia de prensa el mismo día, S.E. acusó a Morris de «(escudarse) en su condición de periodista ( ) para ser permisivo ( ) cómplice ( ) del terrorismo». Morris indicó que su tarea informativa era completamente independiente de las FARC y de su gobierno.
S.E. ha declarado públicamente que, si bien a su gobierno no le gusta que los medios entrevisten a las guerrillas o a los paramilitares, respeta el derecho a hacerlo. Durante una reunión en marzo de 2006 con una delegación del CPJ, S.E. enfatizó que cualquier funcionario que interfiera con el trabajo de la prensa «estaría cometiendo un crimen contra la democracia, y eso es gravísimo». Los periodistas colombianos tienen el derecho a informar libremente sobre el conflicto armado interno de varias décadas en su país.
La reciente descarga de acusaciones que S.E. y altos funcionarios de su administración han lanzado contra Morris socava su compromiso con la libertad de expresión. Comentarios oficiales vinculando a periodistas con cualquier actor del conflicto armado interno colombiano han resultado en amenazas serias y han llevado a reporteros a abandonar el país o a autocensurarse. Lo instamos a que, como Presidente de la República, retracte sus comentarios recientes, respete el disenso y se abstenga de acusar a miembros de la prensa de tener vínculos con actores armados sin tener evidencia alguna. Lo exhortamos a S.E. y a otros altos funcionarios de su gobierno, incluyendo al Vicepresidente Santos y al Ministro de Defensa Santos, a abstenerse de hacer acusaciones sin fundamento y peligrosas en contra de la prensa colombiana e internacional.
Le agradecemos su atención a este asunto urgente. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon
Director Ejecutivo, CPJ
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo para las Américas, Human Rights Watch
Con copia a:
Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República de Colombia
Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa
Thomas A. Shannon, Jr., Subsecretario para Asuntos Hemisféricos, Departamento de Estado de los Estados Unidos
José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Carolina Barco, Embajadora de Colombia ante los Estados Unidos
William R. Brownfield, Embajador de los Estados Unidos ante Colombia
Mario Iguarán, Fiscal General de la Nación
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
