El Gobierno del presidente Lenín Moreno ha adoptado una posición dramáticamente distinta de la de su antecesor, Rafael Correa, quien criticaba duramente a la prensa ecuatoriana y había aprobado una de las leyes de medios más restrictivas de la región. No obstante, los periodistas sostienen que seguirán cautelosos hasta que Moreno cumpla las promesas de reformar la Ley de Comunicación y abolir el organismo regulatorio encargado de su aplicación.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 12 de julio de 2018.
El 7 de marzo de 2018, Carlos Ochoa, extitular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), el temido organismo regulatorio de medios de Ecuador, fue destituido de su cargo en desgracia, enfrentando una investigación de su gestión al frente del canal televisivo estatal GamaTV. La destitución de Ochoa, en una época una de las figuras más poderosas que pendía sobre los periodistas ecuatorianos, fue una clara señal del impresionante cambio en el panorama mediático ecuatoriano provocado por el nuevo presidente del país, Lenín Moreno.
Se esperaba que Moreno, elegido en abril de 2017 y titular de la vicepresidencia de 2007 a 2013 durante la gestión del exmandatario Rafael Correa, tomara su relevo. La mayoría de los ecuatorianos suponían que Moreno actuaría como representante de Correa, quizás hasta que el exmandatario regresara al poder.
Pero evidentemente Moreno no tenía intenciones de guardarle el puesto a Correa. Desde que Correa abandonó la Presidencia en mayo de 2017, numerosos periodistas y editores han descrito al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) una especie de luna de miel entre el Gobierno de Moreno y los medios noticiosos. El Gobierno de Moreno, según ellos, ha marginado a la Supercom; ha intentado mejorar las relaciones con los medios noticiosos; ha alentado a los periódicos, los sitios web, las radioemisoras y los canales de TV a ejercer con firmeza el periodismo investigativo; y se ha comprometido a reformar la Ley de Comunicación de Ecuador, una de las leyes de medios más represivas de la región.
No obstante, los periodistas siguen cautelosos. Durante una misión a Ecuador que el CPJ realizó en marzo, los periodistas entrevistados por el CPJ declararon que las políticas de Correa habían causado estragos tanto financieros como editoriales en las organizaciones noticiosas independientes. Hasta que Moreno cumpla su promesa de eliminar los artículos más represivos de la Ley de Comunicación y disolver la Supercom de una vez y por todas, los periodistas ecuatorianos continuarán trabajando con temor.
Un estado de represión
Cuando el economista Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales de Ecuador en 2007, se sumó a una ola de triunfos de la izquierda que barría el continente. Desde Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil hasta Evo Morales en Bolivia, la llamada «marea rosa» marcó el inicio de más de una década de políticas económicas y sociales izquierdistas a lo largo de Latinoamérica. Esta generación de líderes, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, de Argentina, y Hugo Chávez, de Venezuela, se aliaron para formar un contrapeso regional contra lo que consideraban la nociva interferencia de Estados Unidos y de intereses empresariales en sus respectivos países.
Envalentonados por esta alianza, Correa y Chávez encabezaron una campaña contra instituciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), que para ellos estaban dominadas por Washington y pretendían promover los intereses estadounidenses. A finales de 2011, Correa lanzó una andanada verbal contra la abogada colombiana Catalina Botero, en ese entonces relatora especial para la libertad de expresión de la OEA y quien había criticado a Correa y a otros líderes izquierdistas por sus represivas políticas de medios. A inicios de 2012, el bloque intensificó su ofensiva contra la relatora especial, y un grupo de trabajo liderado por Ecuador y Venezuela propuso un conjunto de restricciones que limitaban la capacidad de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión para divulgar comunicados de prensa o aceptar financiamiento externo. Aunque el grupo en última instancia fracasó, las ambiciones de Correa a escala internacional quedaron manifiestas.
En el ámbito nacional, el notoriamente sensible presidente se esforzó al máximo por silenciar a los críticos que podrían examinar muy de cerca las denuncias de corrupción que surgían en su Gobierno. En 2008, Correa dirigió un exitoso referendo constitucional que consolidó el poder del Ejecutivo e introdujo reformas que regulaban la comunicación. Cinco años después, tras la reelección de Correa en febrero de 2013, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, que plasmaba en ley las tendencias antiprensa de Correa. Al año siguiente, la Asamblea aprobó un proyecto de ley que definía la comunicación como un servicio público, lo cual le permitía al Gobierno regularla como la electricidad y el agua y determinar qué constituye un asunto de interés público.
