Marzo en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Un nuevo fondo en Colombia busca apoyar a mujeres periodistas afectadas por violencia de género como parte de las reparaciones que el Estado debe a Jineth Bedoya, mientras que el CPJ y Amnistía Internacional destacan la ineficacia del Mecanismo de Protección Federal en México, uno de los países más peligrosos para los trabajadores de la prensa. En Uruguay, una investigación oficial a un periodista y sus fuentes enciende las alarmas; y trabajadores de la prensa en Haití enfrentan amenazas y desafíos sin precedentes.
Promover la seguridad de las mujeres periodistas en Colombia
El 7 de marzo, en vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó un proyecto de ley para la creación del fondo No es hora de callar. Esta iniciativa de prevención de la violencia de género y protección y asistencia a mujeres periodistas que enfrentan esa violencia se enmarca en las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia que pronunció en el caso de Jineth Bedoya.
Bedoya, una galardonada periodista de investigación y defensora de las mujeres víctimas de violencia en Colombia, se transformó en un símbolo de resiliencia y de lucha por la justicia tras ser secuestrada, torturada y violada por integrantes de grupos paramilitares en el año 2000. Al atacarla, sus agresores buscaban mandar “un mensaje a la prensa”, resaltando los peligros que enfrentan las periodistas en el ejercicio de su profesión.
En su histórica sentencia de 2021, la Corte IDH dictaminó que el Estado de Colombia era responsable de las múltiples violaciones de los derechos de Bedoya y ordenó reparaciones amplias, incluidas reformas de políticas y el establecimiento de programas para la protección de las mujeres periodistas.
El fondo No es hora de callar, que será administrado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y reglamentado por el gobierno nacional, cuenta con la participación de la misma Jineth Bedoya y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), miembro de IFEX. Contará con un presupuesto anual de USD 500.000 para financiar programas de alcance nacional, departamental y municipal para la prevención de la violencia contra las mujeres periodistas y para proteger y brindar asistencia a aquellas que enfrentan situaciones de violencia, así como para salvaguardar a las que corren un riesgo especial en el ejercicio de su profesión.
Si bien este fondo se celebra como un avance, como bien señala Angela Caro, que ha trabajado estrechamente con Bedoya y es la coordinadora jurídica de FLIP, hay muchas otras medidas de reparación que aún no se han implementado.
“Este importante paso adelante resalta la obligación que tiene el Estado colombiano de cumplir con las demás reparaciones, que han enfrentado un conjunto notable de dificultades y se han caracterizado por respuestas lentas y vagas”.
México: se comprueba una vez más que el Mecanismo de Protección Federal no cumple su cometido
En una nueva evaluación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de México, que arroja conclusiones inquietantes, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional publicaron un informe conjunto que cuestiona la eficacia de las medidas protectoras que se han puesto en práctica en el marco de ese mecanismo.
Nacido de la imperiosa necesidad de proteger a quienes están en la primera línea de defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de prensa, el Mecanismo, que está en funcionamiento desde noviembre de 2012 y es supervisado por el subsecretario de derechos humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), fue creado para fomentar la colaboración entre autoridades federales y estatales. Su objetivo es garantizar de manera urgente y preventiva la “vida, integridad, libertad y seguridad” de personas que corren riesgo por su activismo o labor periodística. La realidad, sin embargo, es muy distinta.
Otros también han resaltado las serias limitaciones del mecanismo, entre ellos medios locales y organizaciones locales, así como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ARTICLE 19 México y Centroamérica ha señalado que quienes trabajan en el Mecanismo no cumplen su cometido de brindar asistencia a las personas que se supone que deben atender y también ha seguido casos de periodistas que continuaron sufriendo violencia o fueron asesinados a pesar de haberse acogido al Mecanismo.
Una crítica importante que se le hace es que el Mecanismo solo se activa después de que surgen amenazas o ataques, en vez de prevenirlos. En algunos casos, no ha logrado proteger a periodistas ni siquiera después de que estos pidieran ayuda. Esto quedó trágicamente patente con el asesinato del reportero Rubén Pat Cauich en julio de 2018 en Playa del Carmen, Quintana Roo, solo dos meses después de que se incorporara al programa. A pesar de que ya se habían presentado denuncias y que su colega José Guadalupe Chan Dzib había sido asesinado, la respuesta del Mecanismo – limitada a un botón de pánico y sin apoyo de guardaespaldas – resultó fatalmente insuficiente. Su caso revela un problema mucho mayor: respuestas lentas ante amenazas inminentes, sumadas a recursos insuficientes.
Si bien la investigación conjunta de Amnistía Internacional y el CPJ reconoce que el Mecanismo está llamado a cumplir un rol crítico en la protección de los periodistas, también expone sus importantes carencias en términos de funcionamiento y eficacia. Esto se da en un país en el que 88 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados desde la creación del Mecanismo en 2012. Especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales que se celebrarán en México, resulta alarmante que los riesgos que corren los periodistas tiendan a dispararse.
Haití: la agravación de la crisis afecta a los medios
El panorama en Haití continúa ensombrecido por el avance de una trágica combinación de crisis política, humanitaria y de seguridad. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 intensificó la fuerte inestabilidad institucional del país. Desde entonces Haití ha estado sumido en el caos económico y con un control político apenas operante. Aunque no participen oficialmente de las negociaciones o diálogos políticos, las pandillas dirigen crecientemente el destino del país, ejerciendo su influencia con un control cada vez más férreo que desafía la autoridad del Estado. Human Rights Watch (HRW) informa que entre enero y mediados de marzo de 2024, facciones criminales se cobraron la vida de casi 1,500 personas ajenas a la violencia, e hirieron a otras 800.
En este contexto caótico, el sector de los medios de comunicación de Haití enfrenta una grave amenaza a su sostenibilidad financiera. La ausencia de publicidad y ventas ha significado que periodistas y medios trabajen sin cobrar o directamente pierdan sus puestos de trabajo o deban cerrar, lo que hace temer que solo aquellos medios con financiación de fuentes no divulgadas puedan seguir reportando las noticias fundamentales del día. Al mismo tiempo, poco se sabe de las condiciones de las empresas de medios que trabajan fuera de la capital y las grandes ciudades.
En el año 2023 fueron asesinados tres periodistas y un cuarto sobrevivió a un atentado con arma de fuego frente a su casa, según documentó la SIP. Además, se perpetraron seis secuestros de trabajadores de la prensa, hubo al menos tres casos de violencia policial contra periodistas que cubrían protestas y, en el norte del país, los estudios de la emisora de radio Antarctique 96.1 FM fueron incendiados por integrantes de pandillas.
El 21 de marzo de este año, Nerval Pierre Viliat, un periodista deportivo que trabajaba para el medio Echonews Sport, murió cuando fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo entre la policía y pandilleros en el barrio capitalino de Delmas 19.
Harvey Panka, presidente del miembro de IFEX Asociación de Trabajadores de los Medios del Caribe (ACM, por sus siglas en inglés), resalta el grave peligro que enfrentan los medios periodísticos independientes en Haití, que de por sí son demasiado pocos. ACM trabaja sobre el terreno con personal de medios independientes que pintan un panorama desolador sin perspectivas de mejorar. Panka advierte sobre lo que puede pasar cuando los trabajadores de la prensa están bajo una enorme presión constante, obligados a trabajar de manera clandestina, cuando pueden trabajar, temiendo en todo momento por sus vidas y sin ingresos.
“El debilitamiento de la viabilidad de los medios periodísticamente independientes – y quedan muy pocos de esos en Haití – puede conducirnos a la larga a un terreno aún más peligroso”.
Uruguay: abuso del poder del Estado amenaza la libertad de prensa
En Uruguay, una investigación del Ministerio del Interior a un periodista ha suscitado preocupación sobre la libertad de prensa en una de las democracias más estables de América Latina. La indagatoria buscaba información detallada sobre las fuentes periodísticas de Eduardo Preve, en particular con respecto a su cobertura de “El Guardián”, un dispositivo de vigilancia, y otros temas relacionados con la policía.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), miembro de IFEX, ha expresado su preocupación por las implicaciones de este tipo de investigaciones. Cainfo resalta la extrema gravedad del caso y señala que usar el aparato de inteligencia del Estado para exponer las fuentes de un periodista constituye un abuso del poder estatal y además tiene un efecto inhibitorio sobre posibles fuentes que pueden tener conocimiento de hechos de interés público, así como sobre los periodistas que pueden divulgar tales hechos.
En el marco de la investigación, el Ministerio del Interior también accedió a la ficha de Preve en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, buscó exponer a posibles informantes y escuchó las llamadas que realizó y recibió el periodista en su teléfono móvil. En su columna en el programa radial Nada que perder (disponible en YouTube), Preve expresó su estupor por la magnitud de la investigación, ya que incluía inquietantemente información personal tal como el domicilio de sus hijos y fotos personales.
En breve
Apagón informativo en Venezuela. El 4 de marzo, los proveedores venezolanos de televisión por suscripción retiraron la señal de DW Español de sus canales, luego de que el medio de prensa alemán publicara un video en su cuenta en la plataforma social X en el que se ahondaba en un supuesto caso de corrupción vinculado al gobierno.
“La resistencia frente a la censura”. En un reciente informe, ARTICLE 19 analiza el estado de la libertad de expresión en Cuba en 2023, incluidos derechos relacionados como el derecho a la protesta. Hechos recientes muestran que ha habido poco cambio en este sentido. El 17 de marzo, cientos de personas se volcaron a las calles en varias provincias cubanas reclamando “electricidad, comida y libertad”. Las autoridades respondieron con arrestos de manifestantes y una gran presencia militar.